Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2006/02/02 00:00

Alta tensión

La purga en las campañas por vínculos de congresistas con los paras tiene preocupados a dos grupos de políticos: El de los desterrados, que se resisten a quedar por fuera de las elecciones, y el de los que no fueron expulsados, pero que están en la mira de las autoridades.

Alta tensión

El fantasma de la infiltración de políticos vinculados con los paramilitaresronda a casi todas las campañas. Tres de ellas ya se dieron la pela y expulsaron a seis reconocidos congresistas por supuestos nexos con grupos ilegales, pero en otras hay dirigentes tanto o más cuestionados que aún permanecen en el listado de inscritos. Algunos niegan conocer a los jefes paramilitares de sus regiones y quienes reconocen tener esos vínculos argumentan que lo hacen para promover el proceso de paz de Ralito. Establecer en qué casos existen y hasta dónde llegan esos vínculos es tarea de la Corte Suprema de Justicia (el órgano encargado de juzgar a los congresistas) y la Fiscalía General de la Nación, las cuales no sólo cuentan con el mandato para hacerlo, sino con la logística necesaria. Sin embargo, en la última semana también han llegado innumerables quejas a las comisiones de ética y tribunales de honor de los partidos, que algunos congresistas han calificado como una cacería de brujas. Entre esas informaciones está la de la reunión del 5 de diciembre entre alias Jorge 40 y 15 dirigentes de la Costa en Curumaní (Cesar), efectuada para distribuirse el caudal electoral de Cesar, Atlántico, Magdalena y Guajira y que desencadenó la purga de Cambio Radical y el Partido de la U. ¿Quiénes son los congresistas expulsados?, ¿Son ellos los únicos sobre los cuales hay denuncias de nexos con paramilitares? Habib Merheg, del Partido de la U: Las versiones sobre sus vínculos con las autodefensas tuvieron trascendencia nacional desde que comenzó a hacer campaña para el Senado, en 2002. Desde ese año el periódico La Tarde, de Risaralda, publicó artículos que lo involucraban en escándalos y las versiones sobre sus nexos con los capos del paramilitarismo se extendieron por Pereira. En un principio Merheg atribuyó todo a una campaña difamatoria de su rival política María Isabel Mejía Marulanda (una de las uribistas de mayor caudal electoral en Risaralda) con quien protagonizó varias discusiones en el Congreso. El 12 de noviembre de 2004 fue uno de los 14 senadores que atendieron la invitación del gobierno a Santa Fe de Ralito (otros 36 congresistas se excusaron) para hablar con los jefes de las autodefensas sobre el proceso de paz. Tiene acciones en la empresa Cable Unión, que figura en una investigación por lavado de activos. Recientemente la senadora Piedad Córdoba lo acusó de ser uno de los beneficiarios de la repartición de municipios electorales que hacen las autodefensas. Ante su exclusión de la lista del Partido de la U, busca acuerdos con Colombia Democrática y Convergencia Ciudadana. Dieb Maloof, Partido de la U. De 1998 a 2002 fue el segundo en la lista de Edgar Perea y asumió la curul cuando el narrador deportivo fue despojado de su investidura. En la siguiente elección se postuló por el Movimiento Mipol y obtuvo el 80 por ciento de su votación en las zonas de influencia paramilitar de Magdalena. En el Congreso existen rumores sobre su cercanía al jefe paramilitar Jorge 40, con quien se habría reunido para zonificar la votación del departamento en el 2002. Al ser notificado de su desvinculación del Partido de la U arremetió contra el jefe de esa colectividad, Juan Manuel Santos, a quien acusó de estar en contra de la reelección del presidente Álvaro Uribe. Luego buscó apoyo en el Jefe de Estado, pero cuando le confirmaron que la expulsión era irreversible, hizo saber que busca alianzas con otros candidatos presidenciales. Jorge Luis Caballero, de Cambio Radical. Hijo de gobernador y ex congresista, Caballero pertenece a una de las castas políticas del Magdalena. Hace política desde comienzos de los noventa. Su comando político fue volado en 2002, al parecer por un grupo de autodefensas. Ese mismo año obtuvo la mayor votación de Magdalena para representante a la Cámara gracias a la votación unánime de municipios ubicados en las zonas de influencia de los paramilitares. El 16 de mayo de 2005 fue acusado por los congresistas Gustavo Petro y Wilson Borja de tener nexos con jefes paramilitares como alias Jorge 40. Sostiene que su alta votación se debe a su gestión como gobernador, época en la cual llevó el servicio de agua potable a varios municipios y le dio impulso a la construcción de vías de comunicación. Jorge Castro, de Cambio Radical. Su hermano "Tuto" Castro es la mano derecha de alias Jorge 40 y uno de los enlaces entre políticos y paramilitares en la Costa Atlántica. Durante mucho tiempo Castro dijo que su hermano si tenía ese apodo, pero que era un homónimo del conocido paramilitar de la Costa. En el proyecto de zonificación electoral elaborado por los paramilitares para las elecciones de 2006 -y conocido por varios congresistas de la Costa- figura como la persona que debería recibir la mayor votación, incluso por encima de quien en la actualidad es su primer renglón, el médico Dieb Maloof. Buscará apoyo de otro partido para su postulación. Luis Eduardo Vives Lacouture, del Partido de la U. Integrante de otra de las grandes castas políticas y económicas de Magdalena, es uno de los congresistas cuestionados por supuestos vínculos con Jorge 40. Su familia ha sufrido varios ataques de la guerrilla. Un hermano suyo sobrevivió a un atentado de las Farc y otro está secuestrado por el ELN. Es sobrino del controvertido ex senador José Ignacio, Nacho, Vives, quien promovió sonados debates contra la extradición y aparece señalado en el libro Los Jinetes de la Cocaína, de hacer lobby para los narcos durante los años 80. Vicente Blel, del Partido Liberal. Este médico cartagenero intentó cuatro veces llegar al concejo de Cartagena y, cuando lo logró, en 1992, sólo duró año y medio en el cargo, pues renunció para aspirar al Senado en 1994. Figura en la investigación que se sigue en Estados Unidos contra el ex congresista Santa Lópezsierra (conocido como "el hombre Marlboro") hoy preso por narcotráfico y contrabando. Durante el periodo 1998-2002 Blel también estuvo vinculado a un escándalo por corrupción en el Fondo DRI, que según las denuncias de la época era usado para favorecer con millonarios contratos a los congresistas aliados del gobierno de Andrés Pastrana. Ante su expulsión del Partido Liberal dijo que será candidato "en otro partido político que respete la presunción de inocencia y los derechos humanos". Nuevas denuncias Los estudios de analistas y las mismas confesiones de paramilitares como Salvatore Mancuso indican que la influencia de este grupo armado en el Congreso no es sólo sobre un puñado de congresistas. Otros de los legisladores señalados por sus nexos son: Rocío Arias: Esta periodista novata en política sorprendió con su elección como Representante a la Cámara en 2002. Su fortín electoral estuvo en Caucasia (de fuerte presencia paramilitar) y ahora que aspira al Senado por Colombia Democrática hace también política en la zona periférica de Medellín, que controlaba el desmovilizado bloque Cacique Nutibara. Es de las pocas que da la cara para defender "el proyecto político de las autodefensas" y fue una de las artífices de la visita de los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Ernesto Baez y Ramón Isaza al Congreso a mediados de 2004. Intentó inscribir al desmovilizado paramilitar Giovanni Marín como su fórmula a la Cámara de Representantes. Se dice que es cercana a alias Don Berna y Cuco Vanoy, quienes figuran en la lista de extraditables pedidos por Estados Unidos. También lideró en el Congreso un proyecto que pretendía evitar la extradición de los narcotraficantes, iniciativa que surgió luego de una de sus reuniones con los extraditables de la cárcel de Cómbita. Eleonora Pineda: Otra de las más enérgicas defensoras del proceso de paz con las autodefensas. Su finca queda ubicada en las inmediaciones de la zona de ubicación de Santa Fe de Ralito, utilizada para la concentración de los jefes de las autodefensas. Un hermano suyo es desmovilizado de ese grupo armado. Aspirará a la Cámara de Representantes por Colombia Democrática, movimiento que dirige el senador Mario Uribe Vélez. Miguel de la Espriella: Se proclama defensor del proceso de paz de Santa Fe de Ralito. Es senador por Córdoba. A comienzos de enero protagonizó una discusión con su colega Juan Manuel López Cabrales, acusándose mutuamente de tener nexos con los paramilitares y de ser amigos de Salvatore Mancuso. Dos semanas después y luego de que el incidente se filtrara en los medios de comunicación, el presidente Álvaro Uribe le pidió a la Fiscalía que investigue lo ocurrido. Álvaro García Romero: También del movimiento Colombia Democrática, es senador de Sucre. Su nombre figura en la investigación que se sigue por la masacre de 15 campesinos asesinados a garrote el 16 de octubre de 2000 en Macayepo (en los Montes de María), atribuida a integrantes del desmovilizado bloque la Mojana. Su mayor dolor de cabeza ocurrió cuando uno de los agentes que hacían interceptación de llamadas para los organismos del Estado divulgó una grabación en la que aparecía su voz, al parecer, coordinando la incursión paramilitar. El tema fue objeto de un agitado debate entre García y el representante Gustavo Petro, a mediados de 2005. Durante esa discusión en la plenaria de la Cámara de Representantes García dijo que las acusaciones en su contra son parte de una confabulación y que volverá a postularse y volverá a sacar votaciones mayoritarias en las elecciones de Congreso. Luis Alberto Gil: Este senador es el presidente de Convergencia Ciudadana, movimiento de origen norte santandereano que aspira a convertirse en partido regional con 45 candidatos al Senado. Desde hace un año fue acusado de corrupción y de vínculos con grupos ilegales por el también senador Hugo Serrano. Recientemente Germán Vargas Lleras, presidente de Cambio Radical, también lo acusó públicamente de alimentar su campaña con dinero de dudosa procedencia. Por petición presidencial, la fiscalía investiga el origen de su dinero. Su nombre también fue motivo de un escándalo por corrupción al cual aparece vinculada una EPS de su propiedad. Convergencia Ciudadana avala también a Dayra Galvis, la fórmula para Senado de Héctor Julio Alfonso López. Héctor Julio Alfonso López Es hijo de la zarina del chance, Enilse López, alias la Gata. Según dirigentes políticos de Bolívar, su familia está vinculada con los paramilitares que operan en la zona en la que la Gata extendió su emporio económico. Esta semana el presidente del partido Liberal, César Gaviria, pidió que desvinculen a Alfonso de la lista conservadora, argumentando que la Gata reparte caudales de dinero en las campañas para tener a los políticos a su servicio. El presidente del directorio Conservador, senador Carlos Holguín, puso el caso en manos de las directivas de Bolívar, las cuales confirmaron la inscripción del hijo de la Gata. "No le podemos negar la inscripción a nadie por los problemas que tenga su familia. Ni siquiera al hijo de Al Capone", dijo Holguín. Semana.com supo que un grupo de investigadores de la Fiscalía adelanta indagaciones sobre supuestos vínculos de la representante Muriel Benito Rebollo y el senador de Jairo Merlano, ambos de Sucre, también por nexos con los paramilitares. Y esta semana un abogado de Ibagué instauró una denuncia ante el fiscal general, Mario Iguarán, en la cual acusa al senador Luis Humberto Gómez y su fórmula para la Cámara, Jorge Tulio Rodríguez, de haber recibido apoyo del narcotraficante alias El Socio, cuya zona de influencia es el Tolima.

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