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| 2/29/2008 12:00:00 AM

Así está hoy el mapa de la ‘parapolítica’

La ‘parapolítica’ ya no es un asunto de la Costa Atlántica ni menos un tema alejado del poder central. Las últimas decisiones de la Corte alcanzan ya el corazón de otros poderes.

Se ha dicho que el proceso 8.000, que puso tras la rejas a políticos vinculados con el narcotráfico y por el cual estuvo en tela de juicio la administración del ex presidente Ernesto Samper, por la financiación que obtuvo la candidatura del ex mandatario con dineros del cartel de Cali, fue un juego de niños, en comparación con lo que hoy día se conoce con el nombre de para-política, y por el cual se han dado a conocer las relaciones de congresistas y políticos regionales con miembros de las Autodefensas Colombianas (AUC).

Por este hecho al día de hoy se encuentran vinculados por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación un número total de 57 congresistas elegidos para el período 2006-2010, tres ex senadores, nueve ex representantes, seis ex gobernadores, 14 ex alcaldes, seis diputados y un concejal, lo que demuestra que este tipo de alianzas viene de abajo hacia arriba siendo el Senado la cúspide y alcaldías y concejales el sitio de partida, sin contar con quienes han sido mencionados en las versiones libres de los jefes desmovilizados, lo que deja en evidencia que el paramilitarismo ha permeado las instituciones democráticas de la vida nacional.

En los últimos días cuando se dio a conocer la decisión de la Corte Suprema de Justicia de vincular a los representantes Dixon Ferney Tapasco y Emilio Enrique Ángel, ambos del Partido Liberal, quienes seguían las orientaciones del senador Víctor Renán Barco, en el departamento de Caldas, donde el ente judicial comenzó a escudriñar en el mes de agosto del año anterior, los nexos de políticos con paramilitares, iniciando con la senadora del partido de La U Adriana Gutiérrez, quien para esta ocasión no fue llamada, y Carlos Arturo Clavijo, quien promovió la marcha en contra del despeje y sirvió como vocero de los paramilitares en el Magdalena Medio, se sumaron también el de los representantes Sandra Arabella Velásquez de Cambio Radical y José María Conde de Colombia Democrática, no sin antes olvidar las vinculaciones hechas por la ex representante Rocío Arias a los senadores Luis Fernando Velasco del Partido Liberal y Miguel Bernardo Elías Vidal del partido de La U.

Con esto se está demostrando que las palabras del ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso cuando aseguró que las AUC tenían el control del 35 por ciento del Congreso, como van las cosas, han de resultar ciertas.

Con las elecciones regionales desarrolladas en 2006, se esperó que electoralmente fueran castigados los partidos y movimientos políticos que tienen en estos momentos militantes que están siendo procesados judicialmente por vínculos con grupos armados. Lo extraño es que esto no sucedió, y por el contrario mientras unos partidos y movimientos como Colombia Viva se mantienen, otros como el partido Cambio Radical, se expanden a lo largo y ancho del territorio nacional. A comparación con lo sucedido con el Partido Liberal en el proceso 8.000, a quien se le castiga en las votaciones siguientes, en la parapolítica viene sucediendo todo lo contrario.

Analistas e investigadores que se han dedicado a estudiar este suceso, han recibido fuertes llamados de atención por parte de quienes les han observado con detenimiento su comportamiento en elecciones, tal es el caso de León Valencia quien no solo recibió un regaño presidencial, sino que también le aparece la amenaza de una posible denuncia judicial de parte del hoy ministro de Hacienda Óscar Iván Zuluaga, de quien se ha dicho que es extraño que su aspiración a senado la haga por Convergencia Popular Cívica, movimiento que nace como una especie de fábrica de avales, situación que es aprovechada por el paramilitarismo para tomar posesión de el, y mediante el cual es elegido Carlos Arturo Clavijo como senador y Rocío Arias a la Cámara de Representantes, y el desconozca estos hechos, y la investigadora Claudia López le llega un llamado de atención por cuenta del gobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos por mirar con detenimiento como han sido los cambios abruptos que ha presentado el mapa político de Antioquia en los últimos años.

El indudable protagonismo que ha ganado la Corte Suprema de Justicia ha servido para demostrar que la justicia en Colombia puede dar resultados en el corto plazo, resultados que están siendo opacados con la renuncia de los congresistas a su fuero, para ser juzgados por la Fiscalía como ciudadanos de a pie, lo que les permitiría apelar los fallos que no les sean favorables, pero además sus casos podrían a pasar a manos de jueces regionales, los que son más fáciles de manejar. Por esta razón el ente acusador tiene en estos momentos la oportunidad única para demostrarle al país entero su eficiencia, responsabilidad e independencia, esta última en casos como el del senador Mario Uribe, familiar del primer mandatario.

Como se puede ver mientras la justicia no arroje los resultados esperados, seguirán surgiendo de la nada partidos y movimientos de los que luego se les ha de descubrir su verdadera procedencia, pero por sobre todo mientras Colombia no de pasos hacia un verdadero régimen de partidos fuertes y cohesionados, este fenómeno de alianzas oscuras con la política nacional y regional seguirá en su punto más álgido sin dar muestras de desaparecer del panorama electoral.

*Óscar Fernando Sevillano es Investigador de la Corporación Nuevo Arco Iris.
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