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| 11/23/2006 12:00:00 AM

¡Atención!: “Un grupo de hombres armados viene camino al pueblo”

En Colombia la mayoría de las autoridades llegan hasta los lugares más remotos para evaluar los daños después de una masacre. Pero ¿por qué no acuden a tiempo cuando se sabe que una acción armada va a ocurrir? ¿Qué son las alertas tempranas? ¿Cuáles son las poblaciones del país que hay que atender de inmediato para evitar más muertos?

La advertencia está hecha. El frente 19 de las Farc tiene planes de incursionar en seis corregimientos de Santa Marta para controlar los cultivos de coca que abandonó el frente Resistencia Tayrona de las AUC tras su desmovilización. Además, los guerrilleros tienen serias intenciones de rehabilitar un corredor de movilidad para acceder a los puertos y a la troncal del Caribe que comunican a Santa Marta con Riohacha, y de abrirse paso en la vía de frontera a Paraguachón. Para lograrlo, no les importará afectar las vidas de 60.000 personas que habitan en la región.

Este es un informe de riesgo que acaba de llegar al Comité Interinstitucional de Alertas Tempranas (CIAT). Lo integran delegados del Ministerio del Interior, de las Fuerzas Militares, de la Policía, del DAS y de Acción Social, entre otros, que tendrán que decidir, en no más de 72 horas, si le imprimen o no el sello de Alerta Temprana. Todo depende de la capacidad que la fuerza pública tenga para frenar la posible arremetida subversiva.

Un informe de riesgo avisa a las autoridades para que prevengan la violación de los derechos humanos de una población. Si en Colombia este mecanismo funcionara, posiblemente tragedias como la de Tierradentro, Córdoba, donde hace tres semanas murieron 17 policías y dos civiles, no sucederían, pues una Alerta Temprana recomienda a cada una de las autoridades (la Policía, el Ejército, un alcalde o el Icbf) hacer presencia en el lugar para proteger la integridad de los ciudadanos.

La periferia de Tierradentro tenía el membrete de Alerta desde el pasado 21 de febrero. Desde ese entonces, sus pobladores no se acostaron una sóla noche tranquilos pensando en que las balas comenzarían a sonar a cualquier hora. Pocos como ellos han temblado de verdad por miedo a la muerte. Pocos como ellos tuvieron que esconderse bajo sus camas, sellar sus puertas y armar barricadas con palos de madera y latas para repeler el fuego que, adivinaban, una noche cualquiera entraría en sus casas.  
 
La Defensoría del Pueblo, que realiza todos los informes de riesgo con base en datos que facilitan los pobladores, ONG, la Iglesia o las mismas autoridades, pidió la presencia del Ejército para que protegiera el casco urbano, dado que tenía información sobre un inminente ataque de las Farc al puesto de Policía. Pero la reacción fue enviar más policías al pueblo, ya que los militares de la Brigada 11 se encontraban en el nudo de Paramillo combatiendo a otro grupo de las Farc que pretendía apoderarse de los cultivos de coca en la región. Pero los policías no estaban entrenados para responderles a las decenas de guerrilleros y por eso los resultados fueron los peores.

La vigencia de las Alertas Tempranas es de ocho meses. Es decir que si en ese lapso la amenaza no se efectúa, la emergencia caduca y se da como superada. De lo contrario, la alarma se mantiene y las autoridades deben actuar. Tierradentro había cumplido su período con la Alerta y nunca pasó nada, sólo a comienzos de noviembre, cuando las Farc entraron con toda su fuerza a acabar con la estación del pueblo. “Esas cosas pasan. La Defensoría no tiene una brújula precisa que diga cuándo y dónde habrá una masacre, un homicidio o un ataque. Pero sí tiene indicios cercanos de la vulnerabilidad que tienen varias regiones del país”, asegura Darío Mejía, del Sistema de alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo.

Hasta ahora, ni la Policía, ni el Ejército, ni los alcaldes o gobernadores estaban obligados a cumplir las sugerencias de este mecanismo. Pero, a partir de ahora, con la aprobación de la Ley de Orden Público que está a un paso de la sanción presidencial, las autoridades están obligadas a cumplir las recomendaciones de un informe de riesgo o de una Alerta Temprana.

¿Colombia en alerta?

Estas Alertas funcionan en Colombia desde 2002, cuando arrancó como un proyecto piloto. Este año el panorama ha mejorado con respecto al anterior. En 2005, la Defensoría emitió 60 informes de riesgo y este año ha realizado 42, de los cuales 26 se han convertido en Alertas Tempranas.

Sandra Devia, directora de Asuntos Territoriales y de Orden Público del Mininterior, es la encargada de coordinar el CIAT. Dice que la disminución del número de Alertas puede significar que Colombia está más segura, pero que no por eso la guardia se debe bajar, pues hay muchos zonas que están en alto riesgo que no cuentan con un informe de la Defensoría.

La pregunta es por qué no se evitaron ataques advertidos como el de Bojayá en 2002, cuando murieron 119 personas; o como el de Toribío, Cauca, cuando en abril de 2005 las Farc se atrincheraron en un hospital y mataron a un niño y a tres policías; o el de Vistahermosa, Meta, donde el año pasado una veintena de soldados murió en una toma de las Farc.

Respuestas hay muchas. Cuando la amenaza es la alteración del orden público, a veces el Ejército no tiene suficiente tropa para responder. “Si tengo hombres combatiendo en una vereda y hay una Alerta Temprana que se debe atender, yo no puedo decirle a la tropa que guarde los fusiles de inmediato y atienda el llamado. Este es un proceso que toma tiempo (...) Las FARC, por lo general, cuando atacan una población, buscan distraer la atención del Ejército para hacer una acción paralela. Por ejemplo, sacar droga”, señala un oficial del área de Operaciones del Comando General de las Fuerzas Militares que pidió la reserva de su nombre.

Por otro lado, Sandra Devia cree que alertar públicamente es un riesgo y puede frustrar la tarea de las autoridades. “Este sistema debería tener un carácter reservado y sólo comunicarse a las personas que tienen competencia para resolver una amenaza. A veces hacerlo público daña la estrategia”, señala.

Hoy Colombia tiene 55 municipios en 18 departamentos con el sello de Alerta Temprana. Antioquia tiene la población más vulnerable. Le siguen los Santanderes, Cauca, Chocó, Córdoba, Tolima y Valle del Cauca.

Este último departamento tiene una particularidad: el puerto de Buenaventura lleva un año en emergencia social y de orden público. Durante este tiempo, ha tenido que enfrentar toda suerte de asesinatos selectivos, ataques con explosivos, peleas de narcotraficantes y maldades de milicianos de las Farc y nuevos grupos ‘paras’. “El puerto de Buenaventura es un territorio fragmentado donde muy difícilmente habrá la instauración de la legitimidad y la gobernabilidad del Estado”, dice la revista Población Civil.

Cali tampoco se salva. Si bien es cierto que la Defensoría no ha emitido formalmente un informe de riesgo para salvarla, las autoridades locales conocían algunos planes de las Farc que esta semana ya han hecho explotar dos carros bomba en la ciudad. Por tal razón, el director de la Policía, general Jorge Daniel Castro, trabaja desde la capital vallecaucana y ordenó el relevo de los coroneles que tenían la función de neutralizar los actos terroristas.

Hoy existen tres zonas con informe de riesgo urgente: Sumapaz; cuatro municipios del Cañón de las Garrapatas en el sur de Chocó y la periferia del municipio de Andes, en Nariño. Ninguna de estas tres regiones quieren correr la misma suerte de Bojayá o Toribío. Sobre los escritorios de cada una de las autoridades a quienes les compete prevenir el problema están las recomendaciones de la Defensoría. Las matanzas son responsabilidad de quienes aprietan el gatillo, pero como soldado advertido no muere en guerra, es mejor acatar y no tener que lamentar.
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