Breve guía práctica para entender todo el escándalo de la ‘para-política’

La crisis política desatada tras el proceso por la vinculación de congresistas y miembros del gobierno con grupos de autodefensas se comenzó a gestar hace más de un año, gracias a la aparición de nuevos testigos y pruebas que comprometían a altos funcionarios con paramilitares de la Costa Atlántica. Aunque el tema no era nuevo para la justicia, sólo entonces comenzó a funcionar el aparato estatal encargado de las averiguaciones, pese a que algunos entes como la Fiscalía tenían la mayoría de las pruebas represadas desde hacía más de cinco años.
 
El primer hecho concreto que les dio impulso a las investigaciones fue la denuncia presentada por la ex candidata a la alcaldía de Bogotá Clara López, integrante del Polo Democrático. López decidió pedirle a la Corte que investigara a los congresistas para establecer si eran ciertas las afirmaciones que años atrás hizo Salvatore Mancuso, según las cuales las autodefensas tenían el control del 35 por ciento del Congreso. Aunque la cuestionada frase había sido rechazada por legisladores de todos los partidos y algunos la incluyeron en sonados debates de control político, fue López la primera en pedirle a la justicia que investigara el caso.

La prensa también jugó un papel importante con su labor de denuncia y seguimiento permanente al caso. Semana reveló con detalles cómo fue que los tentáculos del comandante del Bloque Norte de las Autodefensas, Rodrigo Tovar Pupo, ‘Jorge 40’, hoy desmovilizado, penetraron el DAS, y de qué manera se fraguó el fraude electoral de 2002 y 2006. Dichas investigaciones, que en principio fueron desmentidas por el presidente Álvaro Uribe, fueron comprobadas poco a poco por la justicia. El Tiempo, Cambio y algunas investigaciones de Claudia López (también publicadas por Semana.com) pusieron el dedo en la llaga sobre la forma como los paramilitares se repartieron los votos de la Costa atlántica para lograr que sus amigos llegaran al Congreso.

Todas estas iniciativas se sumaron a los valientes esfuerzos de control político que desde el Congreso hicieron legisladores como Gustavo Petro (el hombre que destapó la penetración paramilitar en Sucre, Córdoba, Cesar, Magdalena), la Fiscalía y otros órganos del Estado, y la senadora Piedad Córdoba, quien en más de cinco debates habló sobre la penetración en el DAS y la imposición armada de candidatos para las Alcaldías, las Gobernaciones, la Cámara y el Senado.

Como si fuera poco, las autoridades decomisaron al paramilitar Edgar Ignacio Fierro, conocido con el alias de ‘Don Antonio’, un computador con información detallada sobre los contactos de ‘Jorge 40’ con los políticos; cinco congresistas fueron purgados de las listas uribistas por orden presidencial debido a nexos con los paramilitares, pero luego se reencaucharon en otros partidos, también uribistas; un paramilitar desertor conocido como alias ‘Pitirry’ (hoy asilado en Canadá) dio nuevos detalles sobre las masacres cometidas en Sucre; algunos senadores, llevados por el desespero, reconocieron sus contactos con las autodefensas; y, recientemente, Salvatore Mancuso divulgó un documento que compromete a 28 líderes de la Costa en un pacto con las autodefensas para “refundar la Patria”.
 
Con todas estas pruebas, más los testimonios de varios desmovilizados y familiares de víctimas anónimas, la justicia comenzó a armar el proceso. Estas son las piezas claves. 

Los detenidos

Por cuenta de estas investigaciones ya están tras las rejas 10 pesos pesados de la política colombiana.

Los tres primeros fueron los senadores congresistas Álvaro García y Jairo Merlano y el representante Erick Morris, todos del departamento de Sucre y miembros de la bancada uribista en el Congreso. La Corte Suprema de Justicia, encargada de investigar a los congresistas, les abrió investigación el 18 de octubre de 2006; una semana después, los llamó a indagatoria, y finalmente les dictó orden de captura por concierto para delinquir en asocio con grupos de autodefensas. García está acusado de participar en el complot para ordenar algunas de las masacres de campesinos cometidas entre 2000 y 2002. Pero el caso más grave es el de Merlano, al que se le investiga como jefe de un grupo de autodefensas. Cuatro diputados de los grupos políticos de estos congresistas habían sido capturados meses atrás por la Fiscalía.
El 15 de febrero de este año, tras dos meses de zozobra sobre lo que ocurriría, la Corte ordenó la captura de seis congresistas más, esta vez por las denuncias sobre infiltración paramilitar en Cesar y Magdalena. Se trataba de Álvaro Araujo, Mauricio Pimiento, Dieb Maloof, Luis Eduardo Vives, Alfonso Campo y Jorge Caballero, todos uribistas señalados de tener vínculos con ‘Jorge 40’ y beneficiarse de la repartición electoral decretada por los paras y revelada por la analista Claudia López. Aunque los cinco primeros fueron capturados esa misma noche, el último sigue prófugo. Maloof, Caballero y Vives habían sido expulsados del uribismo a comienzos de 2006, por vínculos con autodefensas, pero luego volvieron al redil con la bendición presidencial.

Finalmente, este 22 de febrero fue capturado el ex director del DAS Jorge Noguera, el más cercano al presidente Álvaro Uribe en el listado de involucrados. Noguera fue acusado por Rafael García, ex director de informática del DAS nombrado por él, de permitir que la tenaza paramilitar cooptara la entidad. Según García, hoy preso por borrar antecedentes de narcos pedidos en extradición, el propio Noguera permitió la infiltración y les suministró a los paras bases de datos para alterar los resultados electorales, e información sobre líderes sindicales que luego fueron asesinados. El escándalo le costó a Noguera el consulado en Milán. Sin embargo, Uribe insistió en su inocencia argumentando que cuando Noguera era el director de su campaña en Magdalena, “me quedé en su casa”.

Los prófugos

Por el mismo escándalo están prófugos de la justicia el ex gobernador de Sucre Salvador Arana y el representante Jorge Luis Caballero.

Arana, muy amigo del presidente Uribe, fue nombrado como diplomático en Chile, pese a que la Fiscalía lo investigaba desde hace cinco años por nexos con paras. Desde el Congreso, el senador Petro denunció en 2004 que Arana era responsable por los homicidios cometidos por el grupo de alias ‘Diego Vecino’, hoy desmovilizado, y el temible Rodrigo Mercado Peluffo, ‘Cadena’, misteriosamente desaparecido en Santa Fe Ralito. Otra prueba en su contra es el testimonio del ex alcalde del Roble (Sucre) Tito Díaz, quien en pleno consejo comunal denunció ante el presidente Álvaro Uribe que Salvador Arana quería matarlo por su actitud de rechazo a los paras. Lamentablemente, la justicia no actuó a tiempo, y Díaz, tal y como lo anunció por televisión, fue asesinado a manos de las autodefensas, pese a que imploró ayuda presidencial. Interpol tiene una orden de captura en contra de Arana.

El caso de Caballero es distinto. La inusitada votación obtenida para las elecciones de Congreso, que en algunos municipios superó el 93 por ciento, llamó la atención de la Corte, que no quedó satisfecha con sus respuestas sobre su cercanía con alias ‘Chepe’ Barrera, jefe paramilitar del sur de Magdalena. Caballero tiene, además, un grave antecedente. Ya había sido expulsado de las listas del uribismo por sus nexos con autodefensas. Hay una versión en el sentido de que está en Alemania o en España. No ha manifestado intención de volver al país.

¿Quiénes siguen?

El proceso comenzó en la Costa atlántica y la mayoría de implicados pertenecen a esa región. Sin embargo, en las últimas semanas la Corte y la Fiscalía también adelantan pesquisas contra congresistas de departamentos como Boyacá, Casanare y Antioquia.

En Córdoba hay un grupo grande de dirigentes salpicados por participar en el “acuerdo de Ralito”. Entre ellos figuran los senadores Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y Juan Manuel López, así como un ex gobernador, el ex director del Inco, Luis Carlos Ordosgoitia, y la ex senadora Eleonora Pineda. Se espera que en los próximos días la Corte decida sobre su situación.

De Cesar es investigado el gobernador Hernando Molina, primo del senador Araújo y de la ex canciller María Consuelo Araújo. Se le sindica de beneficiarse de un pacto con ‘Jorge 40’. Trino Luna, gobernador de Magdalena, también está vinculado, tras los señalamientos de la congresista Piedad Córdoba de que fue impuesto como candidato único por las autodefensas.

Ahora el fiscal general, Mario Iguarán, envió a la Corte pruebas que, según él, comprometen al representante Óscar Wilches con las autodefensas de Martín Llanos. En ese mismo departamento seis alcaldes son investigados por los mismos hechos. Y en Boyacá, Ciro Ramírez, famoso por sus reiterados intentos de prórroga del mandato del presidente Uribe, ya está en la mira de la justicia por unas grabaciones en las que aparece en comprometedoras conversaciones con los narcos.

Aunque ninguno de ellos está preso y quienes lo están aún no han sido condenados, el ambiente favorable a la investigación ha permitido que la Corte –en el caso de los congresistas– y la Fiscalía acumulen cada vez mayor cantidad de pruebas sobre el grado de compromiso de los funcionarios con los grupos ilegales.

El impacto en el Congreso

La investigación tiene con los nervios de punta a los congresistas desde finales del año pasado. Y no es para menos. La vinculación de congresistas influyentes en los círculos sociales bogotanos hace pensar que en esta oportunidad la Corte está decidida a darse la pela en la difícil tarea de esclarecer lo ocurrido.

Es por esta razón que las sesiones del Congreso son cada vez menos concurridas. Ni siquiera el llamado presidencial a sesiones extraordinarias para discutir el TLC con Estados Unidos y el Plan de Desarrollo han logrado que los legisladores se concentren en esa misión. Los desolados pasillos dan testimonio sobre la situación. Para colmo de males, Uribe se queja de la falta de apoyo de su bancada cada vez que tiene que salir a defenderse de una embestida de la oposición. “Parece como si le tuvieran miedo a la oposición”, dijo Uribe en entrevista con una cadena radial.

En la comisión cuarta de la Cámara no saben qué hacer porque el presidente y el vicepresidente están presos y en esas condiciones muchos creen que las decisiones que se tomen (sobre temas tan importantes como el Plan de Desarrollo) pueden quedar viciadas. En la comisión quinta del Senado tampoco hay presidente desde el día en que Araújo fue capturado por agentes del DAS en uno de los centros comerciales más lujosos de Bogotá.
 
Al enrarecido ambiente se suma la expectativa por el anunciado debate del senador Petro contra la familia del presidente Uribe, a la que acusa de promover el paramilitarismo en Antioquia. Hay paranoia y nervios alterados. Los chistes negros son cada vez más frecuentes y hay quienes, por ejemplo, aseguran que a este paso, será más fácil lograr quórum en la cárcel de La Picota.

El impacto en el gobierno

Pese a que el presidente Álvaro Uribe se la jugó a fondo desde el primer día para evitar que el escándalo salpicara su administración, la realidad es que cada vez resulta más tocado. Primero fueron las denuncias contra Noguera, quien era ni más ni menos que el jefe de la Policía Secreta que depende directamente del presidente.
 
Luego apareció el documento de Ralito, que comprometía a Ordosgoitia, su ex director de concesiones. Y finalmente, la Canciller, a la que tuvo que aceptarle renuncia a comienzos de esta semana ante la inmensa presión política nacional e internacional. Aunque Uribe insistió en que no la sacrificaría, los hechos terminaron imponiéndose: una persona, por muy capacitada que sea, no puede manejar la imagen internacional del país si su hermano senador está preso por paramilitarismo su padre está procesado por secuestro y homicidio de líderes indígenas, y su primo está sindicado de ganar la gobernación de Cesar gracias a un pacto con las autodefensas de ‘Jorge 40’.

Cada una de esas tres bajas en el gobierno tiene un valor muy especial para Uribe. Todos eran amigos suyos. A todos los defendió hasta último momento. Noguera, el más gravemente cuestionado, es de su íntima confianza y hasta dirigió su campaña en Magdalena, uno de los sitios en donde se investiga si hubo fraude en las recientes elecciones. A la hora de los balances, el gobierno sale muy mal librado por el escándalo, aun cuando el Presidente insista en que lo “destapado” hasta ahora sea consecuencia de su política de seguridad democrática. A decir verdad, el gobierno fue el primero en poner en duda las informaciones sobre el fraude electoral, la paramilitarización del DAS y algunos de los hallazgos del computador de ‘Jorge 40’.

En la encrucijada

Capítulo aparte viven funcionarios como el procurador Edgardo Maya Villazón y la ministra de comunicaciones, María del Rosario Guerra de la Espriella. El primero tiene el reto de demostrar independencia en el proceso como jefe del Ministerio Público y familiar de varios de los implicados. Es padrastro del cuestionado gobernador de Cesar, y tío del senador Araújo.

La ministra, por su parte, hace parte de una de las castas más influyentes de Sucre, el departamento bañado en sangre por las masacres paramilitares. Su gran dilema está en que el escándalo ya tocó a su familia, pues en las últimas horas se conoció que el gobierno destituyó a su primo Víctor Guerra de la Espriella del cargo de delegado en la Corporación Autónoma de Sucre, por hacer parte de los firmantes del “acuerdo de Ralito”. Aunque la ministra dice que su caso es muy distinto del de la ex canciller Araújo y se escuda en que su familia es muy numerosa (“tengo 53 primos por el lado materno y 25 por el paterno”), la oposición comenzó a pedir su renuncia.