Jueves, 18 de septiembre de 2014

| 2003/05/12 00:00

Canje de presos por rehenes y secuestrados

por Mayor General Juan Salcedo Lora*

El cuerpo de generales y almirantes en retiro de las Fuerzas Militares, convocó a un grupo destacado de sus miembros, a una sesión académica para tratar estos asuntos. Como consecuencia de ello, se expide el documento que sigue y que recoge los planteamientos e inquietudes de los señores generales y almirantes. Del ayer al hasta hoy Por allá en los tiempos ya lejanos y casi olvidados, las Farc intentaron revivir la cantaleta del canje de policías y soldados secuestrados por insurgentes en la cárcel. Lo habían puesto en su agenda, con nota de prelación, argumentando con una inmensa piel de oveja que ello era un gesto de buena voluntad en aras de la reconciliación. Con el correr del tiempo, el tema se fue poniendo espinoso y la bolsa de valores de los secuestrados creciendo enormemente con la incorporación en las mazmorras de las Farc de ex ministros, gobernadores, candidatas presidenciales, senadores y diputados. Manuel Marulanda, formuló dos alternativas para una supuesta ley de canje que se vislumbraba en el Congreso, y la segunda alternativa, preveía que guerrilleros presos y uniformados secuestrados, fueran llevados a otro país. Se dijo en ese entonces que a la luz del artículo 3, común a los cuatro Convenios de Ginebra, la propuesta de las Farc era viable, porque dicha herramienta permitía a las partes celebrar acuerdos humanitarios. Eso no es así. En el Derecho Internacional Humanitario (DIH) no existen ni el concepto ni, menos, una regulación de lo que se llama acuerdos humanitarios. Los que aquí se llama acuerdos humanitarios es un típico invento colombiano, que no existe en el DIH. Lo que existe en el DIH son los acuerdos especiales, que se mencionan en el artículo 3° de los Convenios de Ginebra de 1949. Mediante este tipo de acuerdos especiales las partes en un conflicto armado interno pueden convenir la aplicación de parte o de la totalidad de las demás disposiciones del respectivo Convenio de Ginebra, lo que, indudablemente significa que el mínimo humanitario del artículo 3° se amplía. Bueno es hacer esta referencia o aclaración porque hasta los pontífices criollos del derecho pueden equivocarse, seguramente de buena fe. El ex procurador Gómez Méndez dijo que un canje en las condiciones de ese entonces era como digerir un sapo. En tanto Carlos Castaño lo calificó como un "vergonzoso trueque de secuestrados por terroristas". Unos dijeron imposible, otros que era importante, algunos pensaron y opinaron que cabía en lo humanitario, otros que era necesario. Los que vinculan el intercambio a un eventual proceso de paz, opinan que ello estaría dentro de las pretensiones de las Farc de acumular capital de negociación. Alvaro Uribe en su campaña dijo claramente que no habría canje durante su mandato. Horacio Serpa y Noemí Sanín dijeron lo mismo. Quienes más saben del tema, simplemente dicen que lo más serio y sensato es exigirle a las Farc que liberen por razones humanitarias a todos los secuestrados y que abandone la práctica de este abominable delito. Aquí hay que hacer un paréntesis para explicar que el crimen que consiste en privar injustificadamente de la libertad a una persona se llama toma de rehenes en el DIH. En el artículo 148 del nuevo Código Penal Colombiano, Ley 599 de 2000, se castiga esa conducta criminal. En los artículos 168, 169 y 170 del mismo Código se castiga el secuestro. Las personas privadas de la libertad por la guerrilla son secuestrados o rehenes, como resultado de la violación sistemática de los derechos y libertades de los mismos secuestrados o rehenes y la comisión reiterada y contumaz de una conducta criminal: secuestrar y tomar rehenes. El sapo que habría que digerir, en palabras del doctor Gómez Méndez, sería el canje de personas injustamente privadas de la libertad -secuestrados o rehenes- por personas privadas de la libertad por la legítima acción del Estado, muchos de ellos ya condenados por los jueces. Y eso se trata de justificar, a la fuerza y sin razones de peso, con base en el DIH. Grave error. El DIH no se puede usar para eso: justificar una conducta criminal, el secuestro y la toma de rehenes, con base en normas humanitarias. En el fondo sería legitimar el secuestro y las tomas de rehenes, lo que sólo favorece a la guerrilla y que pone a toda la población civil en riesgo de convertirse en objeto de comercio, intercambio o canje para la guerrilla. En el Congreso se alcanzó a discutir un proyecto de ley que prácticamente forzaba al gobierno a ceder, pero a pesar de las barras allí convocadas de sufridos familiares y de organizaciones no gubernamentales, el proyecto no cuajó. Ese proyecto pretendía concretar la aspiración de la guerrilla de buscar, a través del Congreso, que por medio de una supuesta Ley Humanitaria de intercambio el Ejecutivo tuviera facultades especiales, simplemente para conceder libertad a los presos de la subversión en las cáceles del país, previa solicitud a las autoridades judiciales. Se suponía que cualquier salida jurídica tendría las connotaciones de perdón, amnistía o indulto y ello íntimamente relacionado con el tipo de crímenes del individuo en particular y no de la colectividad. Ni hablar de que se pueda por el lado de los estados de excepción, pues ya tal instrumento no pertenece al rango del Estado ni del gobierno ni de nadie, eso ya pasó a ser patrimonio de la Corte Constitucional. Nadie, que podamos recordar, ha señalado o dicho en público algo que es evidente y que se refiere a la contradicción de fondo que hay en la insistencia de las Farc en la ley de canje. Las Farc públicamente han manifestado que están por fuera de las leyes del Estado colombiano, rechazan el régimen constitucional que nos rige y se proponen cambiarlo o revolucionarlo. Pero exigen a ese mismo Estado, cuyo régimen constitucional y legal rechazan, que les expida una ley propuesta por ellos, para beneficiarlos a ellos y sólo a ellos. Y esa contradicción de las Farc es una trampa fatal para la sociedad colombiana y para el Estado. Del hoy hasta el mañana Se revive el canje una vez más por las Farc. No lo habían desactivado y lo sacan a relucir en 2003 después de haberlo sometido al escrutinio de expertos, neófitos, juristas, políticos y personas del común. No salió bien librado las tantas veces que lo han propuesto y la realidad es que no tiene presentación que se secuestre para negociar ese producto sensible de la vida y la integridad de seres humanos por intereses de tipo político o económico o por seres humanos que a diferencia de los primeros son convictos de cometer crímenes de todo tipo en la escala del Código Penal. Los integrantes de la guerrilla están en las cárceles por haber violado la ley penal. Los miembros de la Fuerza Pública están en poder de la guerrilla, por combatirla y a la luz del Derecho Internacional Humanitario son personas privadas de la libertad por motivos relacionados con el conflicto, lo que se sustenta en lo dicho por el artículo 5, Protocolo II, de 1977, adicional a los Convenios de Ginebra. Las personas civiles que están en poder de la guerrilla, tienen el carácter de secuestrados de acuerdo con el Código Penal Colombiano. Ni con los miembros de la Fuerza Pública ni mucho menos con los civiles se podrá negociar u obtener beneficio cualquiera, pues como tal se colocarían en la condición de rehenes, explícitamente prohibidos por el DIH. El Protocolo II, de 1977, consagra en su artículo 4, literal 2, que están prohibidos en todo tiempo y lugar con respecto a las personas que no participen en las hostilidades o que hayan dejado de participar en ellas, los atentados contra la vida, la salud y la integridad, así como la toma de rehenes. No se podrá, por virtud de acuerdos especiales, negociar la suerte de las personas por debajo de los mínimos que considera el artículo 3° común, a los Convenios de Ginebra, que expresamente prohíbe la toma de rehenes. Uno de los riesgos que se corre con estos acuerdos humanitarios sin considerar el tiempo y el espacio del conflicto que los hace aplicarlos, es que se vuelvan reiterativos, casi permanentes, por lo cual dejan de ser especiales, o en el peor de los casos: de carácter permanente como lo quisieron las Farc imponer en el gobierno anterior. Si por vía de las hipótesis se realizara un intercambio humanitario hoy y se liberaran los presos de la subversión y se recibieran los secuestrados y rehenes en poder de las Farc, nada impediría, si el conflicto sigue y se produjeran como es de esperar, nuevas detenciones de insurgentes y nuevos condenados a las cárceles, que las Farc secuestraran más miembros de la Fuerza Pública y más civiles importantes o corrientes para un nuevo intercambio humanitario. En la década anterior se produjo un intercambio humanitario, de soldados y policías por guerrilleros presos con problemas de salud. Los primeros retornaron a sus hogares y algunos a sus unidades de origen. Los de la subversión volvieron a las filas guerrilleras a seguir delinquiendo. Tal sería la capacidad de las Farc de planear al futuro, e insistir en un nuevo intercambio, que no incluyó oficiales y suboficiales en los miembros de la Fuerza pública devueltos. Los secuestrados y rehenes en su poder representan un alto costo de sostenimiento y también en el número de efectivos necesarios para su custodia, luego una motivación importante es incrementar el número de sus cuadros con los que retornen de la cárcel y con los que recuperen de la vigilancia de los secuestrados en sus mazmorras. Gran ganancia a simple vista. El sentido humanitario de un nuevo canje se desvanece ante las consecuencias funestas que esta acción traería para el país. No sólo se golpea la moral de la Fuerza Pública, sino que sería la ratificación de la desigualdad de nuestros ciudadanos, mientras los políticos y los militares obtienen su libertad, el resto de secuestrados tendrían que continuar en su miserable cautiverio hasta tanto sus familiares no logren pagar por su recuperación. Sería la institucionalización oficial del secuestro Nuestra clase política debería ser un poco más consciente y en lugar de presionar utilizando adoloridos familiares por el intercambio humanitario, debería recordar que quien disfruta de cargos públicos, no sólo obtiene poder y prebendas, sino que inherente a ello, asume deberes y responsabilidades para con la Patria y para con sus conciudadanos. Bien hace el gobierno del presidente Uribe en continuar firme en su propósito de condicionar el intercambio humanitario en forma tal que el secuestro desaparezca definitivamente como arma guerrillera, por lo cual busca en primer término la liberación total de secuestrados, sin importar la motivación por la cual fueron plagiados, el aval internacional de la supervisión de Naciones Unidas para garantizar que la guerrilla no volverá a secuestrar y el traslado de los guerrilleros que terminen excarcelados a un país extranjero donde se garantice su desmovilización y para ello no se requieren zonas de despeje. Si se obtienen estas condiciones, el sacrificio de quienes tan injusta y penosamente sufren el flagelo del secuestro habría tenido algún sentido. Nadie descarta en su sano juicio la necesidad de acuerdos para facilitar la solución de situaciones dentro del conflicto armado, en donde urge la humanización, a favor de los combatientes y de la población civil. Pero siempre pesará, en el campo de las negociaciones y los tratados, la buena o mala fe de las partes y en los asuntos de diálogos y procesos de paz con mayor razón por cuanto lo que está en juego es la vida de los ciudadanos, su libertad o su integridad física o patrimonial. Si antes, como lo sostuvo Rafael Nieto Loaiza, no se quiso usar la palabra canje y se cambió por la de 'intercambio humanitario' tal vez era porque sonaba más bonito que 'canje', pero que la calificación de 'humanitario' más parece una estratagema de las Farc para que la opinión trague con más facilidad semejante sapo. Sin duda, también se ven mejores las suspensiones que las amnistías y los indultos, en tanto que si se alega como base el Derecho Internacional Humanitario, el maquillaje queda completo, culminó el mismo tratadista internacional. Acertadamente Augusto Ramírez Ocampo nos decía a principios del gobierno Pastrana, que los acuerdos humanitarios eran buena herramienta para la creación de confianza entre los adversarios -ello es cierto- pero siempre y cuando en ambas partes haya el ánimo suficiente y amplio para acoger las normas que rigen para los conflictos armados. El mismo experto, hizo claridad en cuanto que en este tipo de acuerdos es aplicable un principio vertebral del Derecho Internacional Humanitario: su aplicación no obedece a contraprestaciones, o a beneficios políticos, económicos o sociales, y no admite condicionamientos. Jamás se ha sentido en las Farc la sensación de que obra por sentido humanitario en ninguna de sus actuaciones, siempre prevalece el logro de notorias ventajas trátese de una zona de distensión, una mesa de diálogo, un periplo por Europa, una foto con el Presidente, un mensaje a los militares, una carta especial a ex presidentes o una simple misiva a los obispos. Cada propuesta, mensaje, canje, declaración debe ser objeto de análisis y de reconfirmación de verdaderas intenciones. De cuando acá puede reconocerse franqueza en los procedimientos sinuosos de las Farc, si todo el mundo sabe que la política oficial de este gobierno es no canje, ni despejes, pero sí lucha frontal contra las organizaciones armadas ilegales y cese al fuego y hostilidades. Hay un Alto Comisionado para la Paz, y existe una Comisión de Reconciliación, que podrían canalizar inquietudes de los fuera de la ley, hacia un proyecto o intención de paz o de diálogo, luego nadie aceptará que desconociéndose estas alternativas, se produzcan cartas para los mandos militares, por Constitución y por la Ley subordinados presidenciales, o para algunos ex presidentes de Colombia, a fin de proponer canjes inconvenientes por su forma, si a la vez se hace a un lado al jefe de gobierno, al jefe del Estado y al Presidente de los colombianos. El mando militar ya había hecho claridad en cuanto a su posición sobre canje, acuerdos humanitarios y acuerdos especiales. Anotaron los altos mandos, entre otras cosas, que dado el carácter de derecho imperativo del artículo 3° común, en ningún caso un acuerdo especial puede reducir el alcance de las obligaciones establecidas en tal artículo. Tampoco podrán ser afectados por tales acuerdos especiales los principios fundamentales del DIH, incluyendo el que establece que las obligaciones del DIH son unilaterales y no están sujetas al principio de reciprocidad. Todo acuerdo en contrario del artículo 3° y de los principios que de él se desprenden será nulo de pleno derecho. De reciente data y tras la carta del secretariado de las Farc a algunos ex presidentes liberales, hubo pronunciamientos por parte de éstos que van desde la precaución conceptual del doctor Turbay hasta las dominantes e impulsivas enseñanzas de Samper. Por la línea media, estuvieron el doctor López con su posición posibilitadora del canje y Lemos en la búsqueda de condiciones objetivas. Lo cierto es que cayeron en la celada de las Farc y quedaron como mascarones de proa de la intención de Marulanda. No se usa el término de idiotas útiles, por cuanto no sería el apropiado ni el justo dada la dignidad de los ex mandatarios. Quien más se acerca, es el ex presidente López, pero dejando abierta una enorme puerta en su tradicional concepción, cual es la de que los guerrilleros liberados se comprometerían a no volver a delinquir, y el movimiento guerrillero a no volver a secuestrar. Citando textualmente una de sus declaraciones publicada en prensa el 27 de abril manifiesta "Obviamente, compromisos como el de no secuestrar, u otros delitos semejantes, están sobreentendidos. ¡No faltaba más sino que fueran materia de convenios!". Mauricio Pombo, al hablar de los tiempos pasados toca a los cuatro estadistas tratándolos de "cuatro personajes que andan reencauchándose por estos días en una labor que, si bien meritoria, no es creíble en boca de ellos. Tuvieron su tiempo y no hicieron nada" (.). En cuanto a Samper -dice el periodista- "quiso hacer las cosas bien y no pudo -por meterse donde no debía"- para finalizar con la advertencia (.) "Claro está que estoy por el intercambio humanitario, pero preferiría que ustedes no estuvieran metidos en ello; me producen desconfianza por lo que hicieron o dejaron de hacer a su debido tiempo". Otra distinguida columnista, María Isabel Rueda, desde la revista SEMANA termina su artículo sobre el tema haciendo una serie de preguntas de indudable profundidad, en especial para tratar de responderlas: ¿Cómo negar la presión política, sicológica y afectiva que son capaces de producir los policías y soldados que llevan seis años en cautiverio, muchos de ellos sin ni siquiera conocer a sus propios hijos? ¿Y la del ministro Fernando Araújo, que ya completa tres años? ¿Y la de la candidata presidencial Ingrid Betancourt (y su asesora Clarita), que lleva uno, al igual que el gobernador de Antioquia y el ex ministro de Defensa? ¿Y la de los diputados de Cali? ¿Y más aún, pero no menos, la de miles de colombianos anónimos que no figuran en la detestable y clasista lista de 'canjeables' porque a ellos se les negocia por motivos económicos? Hay otras preguntas más que habrían de agregarse a las anteriores y son las expresadas por quien debe responder política e históricamente, por las acertadas o erróneas decisiones que tome en este delicado asunto, el presidente Uribe. ¿Quieren los colombianos que yo, como Presidente, suelte a los guerrilleros que están en las cárceles? ¿Qué simplemente se los entregue a las Farc para que vuelvan a delinquir? Tales cuestionamientos son igualmente de difícil respuesta, pero de pronto son más fáciles que las anteriores, entre tanto, no sería recomendable que el Presidente se pusiera a bailar al ritmo de las Farc. Interrogante final. ¿Qué alternativas tiene el pueblo colombiano o en su nombre Alvaro Uribe Vélez, cuando la contraparte en los hipotéticos acuerdos asesina salvajemente a indefensos representantes de la sociedad civil y a miembros de las Fuerzas Militares que por virtud de su condición de secuestrados han perdido la calidad de combatientes? Difíciles serán las respuestas si cada acuerdo presupone un mínimo de confianza en las partes. Los colombianos cada vez más pierden la confianza en organizaciones e individuos que no distinguen entre el crimen y la guerra y cuando su única respuesta es el asesinato aleve de secuestrados y rehenes en pleno cautiverio. * Presidente CGA

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