Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2004/01/26 00:00

Capítulo 1. Empresarios y crisis en los años 50 y 90

Capítulo 1. Empresarios y crisis en los años 50 y 90

El presidente Ernesto Samper no fue el primer presidente colombiano en enfrentar las exigencias de renuncia de un frente gremial unido. A mediados del siglo pasado, en los años 50, el gobierno militar del teniente general Gustavo Rojas Pinilla también padeció la oposición de la comunidad empresarial. Sin embargo, mientras Rojas Pinilla fue obligado a dimitir y salió del país hacia el exilio en 1957, Ernesto Samper se convirtió en el símbolo de la supervivencia política. En este capítulo, se presenta una suerte de reportaje de los acontecimientos ocurridos en las décadas de 1950 y 1990 para ofrecer el contexto en donde surgen las preguntas a las cuales este estudio busca responder.

Los empresarios y el derrocamiento del Teniente General Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957)

A comienzos de los años 50 Colombia estaba inmersa en una sangrienta guerra civil. Después del asesinato del candidato presidencial liberal Jorge Eliécer Gaitán en 1948, el conflicto de baja intensidad que se había iniciado en los años 40, se convirtió en un esfuerzo de aniquilación mutua entre los dos partidos tradicionales colombianos, el liberal y el conservador. Más de 200.000 personas murieron durante los siguientes años. Por la irrestricta crueldad de la confrontación, la época se conoce someramente como La Violencia.

Al cabo de varios años de conflicto, la magnitud de la matazón dio pie a que las élites colombianas de ambos partidos buscaran poner fin a la violencia. En buena parte, y así ha sido documentado por diversos académicos (Hartlyn 1988, 1985, 1984; Sáenz 1992, 2002 y Wilde 1978), ello se debió a que el conflicto comenzó a afectar sus intereses económicos. Sin embargo sus esfuerzos se vieron obstaculizados por la reticencia del presidente conservador Laureano Gómez, quien insistió en la persecución de los liberales.

El momento coincidió con la consolidación del liderazgo del teniente general Gustavo Rojas Pinilla dentro de las Fuerzas Armadas. Pero su lealtad a Mariano Ospina, rival conservador de Gómez, lo convirtió en una presencia incómoda para el gobierno. Como resultado, Rojas fue nombrado en varios cargos diplomáticos en el extranjero (Szulc 1959:223). Sin embargo, alejarlo no fue suficiente para el gobierno. Poco después de su regreso de una de estas misiones diplomáticas, el 13 de junio de 1953, Rojas Pinilla, entonces Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas, supo que Laureano Gómez planeaba destituirlo. Con este acto, Gómez estaba arriesgándose a alienar a las Fuerzas Armadas, uno de los pocos estamentos que aún apoyaban al gobierno en este momento de profunda crisis. Confirmando los temores Rojas, con el apoyo de las Fuerzas Armadas y de la facción ospinista del partido Conservador (Hartlyn 1984:40), se dirigió al Palacio Presidencial para exigir la renuncia del presidente y favorecer a su delegado, Roberto Urdaneta. Tanto Urdaneta como Ospina, a quien también se le ofreció el cargo, rechazaron la oferta y, así, Rojas Pinilla fue proclamado Presidente de Colombia mientras que, aquella misma noche, Gómez fue puesto bajo arresto domiciliario.

Rojas prefirió referirse a este acontecimiento como golpe de opinión (Urán 1983:68-69, Bushnell 1993:215). Se basaba en el apoyo inmediato que había recibido su gobierno de las élites liberales y conservadoras, el sector empresarial y la Iglesia Católica, quienes consideraron el hecho una solución transitoria razonable para la creciente ingobernabilidad política (Echeverri 1986:11-112; Hartlyn 1985:115). Desgastados por largos años de conflicto partidista, muchos experimentaron un alivio; esperaban que un gobierno no partidista acabara con la violencia. Entonces aclamaron a Rojas como "el segundo Libertador" (Galvis y Donadío 1988).

El General no decepcionó a sus partidarios: "Pacificó" progresivamente el país mediante una fuerte disciplina militar y los líderes de los bandos liberales y conservadores gradualmente se entregaron y depusieron las armas (Bermúdez 1997:153; Bushnell 1993:216; Galvis y Donadío 1988). Pero el apoyo al presidente duró poco, pues fracasó en su intento por detener totalmente la violencia partidista (Bushnell 1993:217, 221-222). Amparado por un estado de sitio permanente -mediante el cual se suspendían las garantías constitucionales-, el régimen se hizo cada vez más represivo, por ejemplo, cerrando los diarios (Bushnell 1993:216-217). Finalmente, los crecientes escándalos por corrupción de personas cercanas al gobierno y del propio mandatario pusieron a prueba la lealtad de sus seguidores.

Por otro lado, contrario a las expectativas de que un gobierno de unidad nacional y suprapartidista contribuiría al progreso económico, aquel dejó al país "agobiado por deudas internas y externas" (Szulc 1959:34). Según uno de los estimativos, Colombia contrajo una deuda externa de $450 millones -a corto plazo- (Szulc 1959:241), mientras que las reservas internas se redujeron a $70 millones (Echeverri 1986:135). El crecimiento económico disminuyó de casi 7% en 1954, a aproximadamente 4% en 1955 y 1956, y al 2.2% en 1957. Simultáneamente, la política de gasto compensatorio del gobierno generó un déficit fiscal sin precedentes. Finalmente, la inflación se disparó de aproximadamente 4% en 1954 a más de 23% en 1957, lo cual incrementó el costo de vida.

En el campo fiscal, una reforma de 1954 aumentó los impuestos para el sector privado. En particular, la reforma gravó los dividendos de las acciones y los bonos corporativos (Echeverri 1986:115; Hartlyn 1985:115; Dix 1967:118). Según Echeverri (1986:115), esta 'doble tributación' descapitalizó el 50% de las grandes empresas, probablemente como resultado del retiro de muchos de los pequeños accionistas para evadir el nuevo impuesto. De acuerdo con la Andi, la asociación de industriales, esta medida desestimuló el desarrollo de la industrialización y la democratización de la propiedad de las empresas (Poveda 1984:69).

La agricultura se vio afectada por la liberalización de las importaciones, la cual ofreció a los consumidores colombianos productos extranjeros a menor costo (Echeverri 1986:117; Espinosa 1957). El alza en los precios internacionales del café - que alcanzó su punto más alto de 80 centavos por libra en la bolsa de valores de Nueva York en 1954, comparado con 53 centavos en 1950 y 8 centavos en 1940 (Departamento Nacional de Planeación 1998:92) - atrajo grandes flujos de moneda extranjera y puso a prueba la capacidad del gobierno para mantener la estabilidad de la tasa de cambio. Sin embargo, entre 1951 y 1956, el peso colombiano se devaluó de 1:2,50 a 1:7 respecto al dólar estadounidense (Espinosa 1957). Al contraer una cuantiosa deuda externa respaldada por los ingresos esperados de las exportaciones de café, el gobierno se comprometió en un extenso y costoso programa de gastos, especialmente en materia de infraestructura (Echeverri 1986:116).

Los seguidores de Rojas estaban dispuestos a asumir el precio de los incidentes públicos del gobierno, porque lo creían capaz de librar al país de la lucha partidista intestina. No obstante, el desencanto creció cuando se hizo evidente que el régimen militar no satisfacía esas expectativas. Las sospechas se intensificaron cuando el Presidente se empeñó, con esfuerzos de semblante peronista, en atraer a la fuerza laboral (Bushnell 1993:219; Donadío 1991:563; Echeverri 1986:119; Hartlyn 1985:40-41). La creación de Sendas, una institución de bienestar para personas de escasos recursos, aumentó los temores respecto a su conversión populista.

La alarma se disparó cuando el mandatario declaró su deseo de ser reelegido para el período presidencial 1958-1962. Respaldó su pretensión con el anuncio, el 13 de junio de 1956 (tres años después de asumir el poder), de la creación de la Tercera Fuerza, movimiento político que ofrecía una alternativa a los dos partidos tradicionales (Ayala 1996; Echeverri 1986:127). Esto violaba abiertamente el acuerdo alcanzado con las élites políticas y económicas, quienes aprobaron un gobierno transitorio. Ambas señales - su interés en la reelección y sus esfuerzos por crear un partido político desde el gobierno -, rompieron progresivamente los vínculos con los partidos, la Iglesia y el sector privado. Irónica aunque no intencionalmente, las acciones de Rojas consiguieron lo que sus partidarios esperaban de él, cuando apoyaron su toma del poder en 1953: la superación de las diferencias partidistas y la unión contra un enemigo común, en este caso el dictador. En julio de 1956, los dirigentes de los partidos Liberal y Conservador se reunieron en Benidorm, España, y firmaron una declaración en la cual expresaban su descontento con "la destruida civilidad de la madre patria" y su interés por "restablecer la dignidad de la vida política colombiana" (Urán 1983:106). Este pacto selló un Frente Civil cuyo propósito era restablecer el poder civil en Colombia.

Los empresarios y el Frente Civil

Hasta 1956 los partidos políticos habían liderado la oposición contra el régimen de Rojas. Si bien desde 1954 la Andi comenzó a expresar sus dudas acerca de la conveniencia de que el Presidente permaneciera en el poder (Echeverri 1986:120), el sector privado se mostraba cauteloso, en parte debido a la incertidumbre acerca de si el retiro del mandatario podría recrudecer la violencia partidista (Echeverri 1986:141). Por eso, los empresarios esperaron que cumpliera su promesa de entregar el poder a un civil en 1958, en prevención de un cambio radical y una perturbación adicional. Las declaraciones de las Fuerzas Armadas en apoyo del Presidente (Echeverri 1986) reafirmaron esta preferencia.

Sin embargo el deterioro económico generalizado descrito arriba, resquebrajó paulatinamente la paciencia empresarial. A ello contribuyeron los esfuerzos realizados por Rojas para tranquilizar a los industriales en junio de 1955-a través de medidas como la refinanciación, las amnistías tributarias para capitales "fugados", la protección para estimular la sustitución de importaciones y las preferencias arancelarias para la importación de bienes primarios y financieros requeridos por la industria (Echeverri 1986:135-136)-fueron infructuosos. La alianza que había apoyado la toma del poder en 1953 llegaba a su fin (Hartlyn 1985:115).

Por esa razón, aunque era de origen partidista, el Frente Civil obtuvo el apoyo inmediato de los sectores industriales, comerciales y agrícolas (Ayala 1996:65-66). Los eventos de marzo de 1957 sirvieron como catalizadores para sellar la unión entre el sector privado y los partidos contra el Presidente. En ese mes, Rojas Pinilla desbordó los límites de la paciencia civil cuando convocó a la Asamblea Nacional Constituyente (ANAC), una imitación de Congreso diseñada por su predecesor para reformar la Constitución, pero que ahora servía como legislatura ocasional. Cuando fue llamado a sesionar en 1957, la mayoría de sus miembros, seleccionados por el mandatario, decidieron disolver el organismo y anunciaron la creación de una nueva corporación con 40 miembros adicionales, que también habrían de ser seleccionados por él.

Ante este evidente intento de asegurar su reelección, dirigentes de los partidos y líderes económicos firmaron una declaración en contra del proyecto presidencial y a favor del acuerdo de Benidorm para restaurar un gobierno civil, bajo la supervisión de los dos partidos tradicionales.

A pesar de la reticencia inicial de los empresarios a unirse al movimiento de oposición, su contribución fue crucial para ocasionar la caída del régimen. El 3 de mayo de 1957 el sector empresarial de Antioquia entró en acción al anunciar el cierre de las empresas. En una carta enviada al General, los dirigentes empresariales enumeraban las causas de la huelga: 1) El hecho de que el gobierno no hubiera cumplido los acuerdos sobre comercio exterior; 2) la ineficacia del control de precios; 3) la ausencia de reglas precisas para la inversión; 4) la limitación de la libre empresa debido a la continua creación de organizaciones estatales para desempeñar actividades que podrían ser realizadas por el sector privado; y 5) la falta de control sobre los fondos públicos (Echeverri 1986:147). El 6 de mayo, los bancos suspendieron sus actividades en el país, mientras la huelga se extendía al transporte público y al comercio, que cerró sus puertas al público.

El despliegue de acción colectiva fue dirigido por la Andi, con sede en Medellín (Galvis y Donadío 1988:540-541). En palabras de uno de sus primeros presidentes: "La Andi derrocó a Rojas" (Urrutia 1983:149). "Nosotros manejamos la caída de Rojas aquí desde Medellín. Eramos un grupo muy exclusivo", afirmó un fundador y antiguo presidente de la Andi. Y agregó, con orgullo, "la caída de Rojas es una parte maravillosa de la historia del país. El caos y la subversión habrían podido prevalecer, pero logramos evitarlos" (fundador y antiguo presidente de gremio industrial, 1998).

La preponderancia de la Andi en el movimiento antirrojista refleja el poder que detentaban los gremios colombianos en los años 40 a 60. Inducida en buena parte por el crecimiento de la industria -asociado con la política de sustitución de importaciones-, impulsada también en el resto de países de América Latina, la formación de asociaciones gremiales reflejó un esfuerzo por cosechar y canalizar los beneficios dispensados por el Estado a las empresas. Dos gremios, que continúan entre los más importantes, fueron fundados en esta época: la Andi, que agrupa a los industriales, en 1944, y Fenalco, a los comerciantes, en 1945 (Poveda 1984).

La fortaleza gremial explica en buena medida el desenlace de los eventos bajo estas consideraciones. Es así como el 8 de mayo de 1957, la ANAC se reunió para renovar el mandato de Rojas Pinilla hasta 1962 (Ayala 1996:68). Aquella misma noche, representantes del sector financiero fueron invitados al palacio presidencial para negociar la permanencia del Presidente hasta 1962, momento en el cual prometía retirarse y llamar a elecciones. La estrategia no convenció a los banqueros, quienes insistieron en que el mandatario entregara el poder de inmediato (Galvis y Donadío 1988:541). Al día siguiente (9 de mayo), Rojas intentó detener la huelga financiera: mediante un decreto que prohibió a los bancos cobrar intereses sobre la deuda pendiente y estableció un interés del 6 por ciento anual sobre las cuentas corrientes (Echeverri 1986:149). Al mismo tiempo, la Superintendencia Bancaria intervino varios bancos, entre ellos dos de los más prominentes -el Banco de Bogotá y el Banco de Colombia-. Sin embargo las medidas no lograron romper el paro patronal.

Entre tanto el Presidente había perdido la mayor parte de sus aliados, incluidos algunos de sus más cercanos colaboradores como el Ministro del Interior, Lucio Pabón (Donadío 1991:566). Peor aún, las Fuerzas Armadas le retiraron su apoyo en parte por los cargos de corrupción formulados en contra de su gobierno (Echeverri 1986:141, 151). Al encontrarse solo, el 10 de mayo de 1957, el General aceptó el ofrecimiento de un antiguo colega, el General Rafael Navas Pardo, de disolver la ANAC y entregar el poder a una Junta Militar nombrada por él y la cual actuaría como gobierno transitorio hasta convocar a elecciones generales un año más tarde.

La participación de los gremios en el derrocamiento de la dictadura ilustra la fuerza de su organización y la influencia que ejercieron sobre las políticas públicas durante las décadas de 1940, 1950 y 1960 (Sáenz 1992, 1996, 2002; Hartlyn 1985). Como se describió anteriormente, la mayoría de las empresas se vio afectada por el deterioro económico causado por las políticas inconsistentes del gobierno. Al enfrentar crecientes dificultades, y una vez resultó evidente que Rojas no estaba dispuesto a entregar el poder, la mayor parte de las empresas del país detuvieron su producción en un notable ejercicio de disciplina gremial.

La acción empresarial colectiva fue determinante para presionar la dimisión. En cambio, 40 años después, los empresarios no pudieron mantener la oposición contra un gobierno desacreditado, mucho menos proceder a una huelga nacional.

Los empresarios colombianos responden a otra crisis (1994-1998)



La luna de miel del presidente Ernesto Samper fue quizás la más corta que haya tenido cualquiera de los presidentes colombianos en épocas recientes. Sólo dos días después de su elección, el 20 de junio de 1994, enfrentó la más grave acusación de infiltración de dineros ilícitos que se haya hecho a un gobernante en Colombia: varias grabaciones entregadas por su contendor en las elecciones, el conservador Andrés Pastrana, revelaron que altos funcionarios de la campaña habían estado profundamente involucrados con el cartel de narcotraficantes de Cali. Según estimativos del Comité de Relaciones Exteriores del Senado de los Estados Unidos (1996:5), cerca de $6 millones habrían ingresado a la campaña de Samper para complementar los recursos decrecientes antes de la segunda vuelta de la campaña presidencial.

Durante los meses siguientes, revelaciones comprometedoras involucraron, uno tras otro, a los altos funcionarios de la campaña. En medio de una gran controversia ante la posibilidad de que la Presidencia hubiese llegado a tan elevados grados de corrupción, el país entró en una época de profunda tensión política, simultánea a una grave crisis económica: Después de haber crecido alrededor del 5% en 1994 y el 1995, el crecimiento económico disminuyó a poco más del 2% en 1996, rango más bajo en años (Dane 2003). Una breve recuperación al 3% fue transitoria, pues el crecimiento económico cayó al 0.6% en 1998. "Perdimos dos años", era una de las frases más utilizadas por aquella época.

El deterioro económico se reflejó en un creciente desempleo, que alcanzó el 16 por ciento en 1998, y un déficit fiscal en aumento que llegó casi al 3 por ciento del PIB en 1998 (Cárdenas 1998:32); una tasa de cambio incierta, que perdió el 30 por ciento de su valor entre 1991 y 1998 y elevó el precio de los productos colombianos, afectando las exportaciones (Cárdenas 1998:37). Altas tasas de interés impuestas por la banca central colombiana como parte de una política monetaria dirigida a bajar la inflación, desmotivaron la demanda y la inversión (Coyuntura Económica 1995a, 1995b).

Los precios internacionales fluctuantes del café y otros productos agrícolas deterioraron aún más la situación (Semana 1995e, 1995d, 1996h) con lo cual disminuyeron los ingresos por exportaciones (DANE 1997). En general, todos los signos suscitaban dudas sobre la estabilidad y elasticidad que durante largo tiempo había distinguido a la economía colombiana. Dentro de este contexto, la crisis política representaba un peligro inminente, pues amenazaba con agravar la crisis económica.

Continúa

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.