Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

Ventana Modal

Este contenido se reemplaza via ajax por el del html externo.

×

×

| 2/22/2004 12:00:00 AM

CAPITULO V CASAS DE JUSTICIA: ¿DETERMINANTES DE UN PAIS MAS SEGURO PARA TODOS? 1. LA JUSTICIA EN COLOMBIA: LA BRECHA ENTRE EL DISCURSO Y LA ACCION

Cuando se pretende realizar una reflexión sobre los problemas de la justicia y en particular de la impunidad en Colombia, se aduce la inexistencia de garantías que permitan el bienestar y la seguridad de sus ciudadanos. No obstante, este severo problema que afecta la democracia colombiana se expresa bajo una gran paradoja cuya contradicción principal se acentúa a partir de la promulgación de la Constitución Política de 1991. Hasta entonces, la rama judicial en el país representaba los máximos niveles de atraso y desidia del Estado colombiano. A lo anterior se sumaba el aberrante hecho relacionado con la polinización de la justicia. Es decir, las posiciones de las altas cortes de la administración de justicia se asignaban con base en la afiliación a los partidos tradicionales, desconociendo de piano las calidades jurisprudenciales de los funcionarios en todas las instancias del aparato judicial. Así, cuando se pudo dar cauce a la reforma por la vía de una Asamblea Nacional Constituyente, los miembros de esta corporación acordaron que esta rama requería de las mayores provisiones institucionales para superar el abandono no que la rodeaba. Sin embargo, el énfasis otorgado a la modernización y a la reforma de esta rama del poder publico se extralimitó al crear nuevas instituciones de alto rango que, sumadas a las ya existentes, se prestaron para la coexistencia de problemas y contradicciones en la formulación de los criterios directrices de la administración de justicia. Estos problemas se sumaron a las dificultades inherentes a la debilidad de la cultura cívica en el país, lo cual dificultó la comprensión ciudadana de las funciones y el sentido de cada una de estas instituciones.

Como resultado de los cambios constitucionales señalados, el aparato judicial en Colombia cuenta con cinco órganos máximos, independientes entre sí. A los previamente existentes, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado se añadieron la Corte Constitucional, encargada de atender los asuntos correspondientes a su propia denominación; el Consejo Superior de la Judicatura encargado de la parte administrativa de esta rama del poder publico y la Fiscalía General de la Nación en virtud del reemplazo del sistema probatorio por el sistema acusatorio en el país. Así también, la Carta del 91 incorpora todo el compendio de los derechos de primera, segunda y tercera generación, es decir, los civiles y políticos; los sociales, económicos y culturales y, finalmente, los colectivos.

De otra parte, de la rama Ejecutiva dependen la Justicia Penal Militar y 14, Consejería Presidencial para la Defensa, Protección y Promoción de los Derechos Humanos, hoy ubicada en la Vicepresidencia de la República.

Por otro lado, en el Congreso de la Republica funciona una Comisión de Derechos Humanos tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes. Además, el Parlamento debe ejercer, en su conjunto, el control político sobre el uso de los estados de excepción (estos estados incluyen la figura de la conmoción interna y la emergencia económica).

En cuanto a los derechos relacionados con la provisión de servicios de justicia, en la Carta Política de 1991 se contemplan artículos que disponen el derecho de acceso al sistema judicial para hacer valer los derechos individuales y grupales frente a la acción u omisión de las autoridades publicas y para hacer efectivo el cumplimiento de una ley o un acto administrativo. Adicionalmente, la Constitución de Colombia dispone, además, de la aplicación de las garantías del debido proceso en las actuaciones instruidas con el objetivo de recibir una compensación por las violaciones a los derechos. Así, la Carta dispone que el debido proceso se aplicara a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas en todas las instancias de la vida social nacional.

Lo anterior implicaría que con la nueva institucionalidad derivada de la Constitución del 91 hubieran aumentado la capacidad y la eficiencia de la administración de justicia y que también se le pondría freno a la influencia perversa del narcotráfico, de la delincuencia común, de la corrupción y -en general- de las múltiples violencias de los actores armados existentes en Colombia sobre el aparato judicial. No obstante, cuando se confrontan las expectativas generadas por la anterior gama de instituciones y leyes con las conductas y los comportamientos de los actores participantes en el sistema judicial, la situación sigue siendo muy preocupante. Las estadísticas muestran que en los últimos diez anos en Colombia se han asesinado trescientas mil personas -un promedio de cien diarias-. De este agregado, el diez por ciento ha muerto por razones políticas. Así, de cada diez muertes diarias, tres se dan en combates entre la guerrilla y la fuerza publica y siete en ejecuciones extrajudiciales o en masacres. A estas cifras se suman lo altos índices de desplazamiento interno -que ya superan el millón de colombianos- y las numerosas desapariciones y retenciones forzosas por parte de los actores armados (paramilitares, autodefensas y grupos guerrilleros)'. Dentro de esta crítica situación, la impunidad alcanza cifras preocupantes que se han mantenido largo de los últimos años. En adición a lo anterior, la crisis de la justicia en Colombia se atribuye a una ausencia de respuesta a las demandas interpuesta la población, dado su crecimiento en proporción inversa al numero de servicios públicos que atienden en la rama judicial'. Esto genera una gran congestión en los despachos judiciales, la cual es, a su vez, causa de la persistente lentitud e inoperancia de la justicia colombiana.

De otra parte, la debilidad de la presencia estatal que se refleja en la incapacidad

del sistema judicial para prestar pronta y eficazmente sus servicios, sumada; a la mala imagen de algunas de sus instituciones por causa de la corrupción y el maltrato a la población civil, ha venido generando una dependencia y una tolerancia creciente a la creación de ámbitos de justicia paralela. La poca infraestructura de seguridad manifiesta sobre todo en territorios periféricos urbanos y rurales se presta para el desarrollo de practicas de justicia particular que van desde la dependencia de servicios privados de seguridad, hasta acciones mucho más tenebrosas como, por ejemplo, la promoción del sicariato y de otras formas de ajusticiamiento al margen de la ley.

Por lo anterior, comúnmente se afirme que en las comunidades que habitan en lugares donde hay baja presencia de las instituciones estatales se acude normal mente a la practica de modalidades violentas de resolución de conflictos, las cuales, a su vez, aumentan los niveles de ilegitimidad del funcionamiento publico estatal de los sistemas de justicia y de seguridad. Sin embargo, el desarrollo de mecanismos alternativos pero también ilegales de regulación, de sanción y de castigo de determinados comportamientos individuales y grupales, no solo se debe a la ineficiencia de la administración de justicia o a la falta de credibilidad en la misma. De nuevo, y en relación con el tema de la cultura ciudadana, muchas personas desconocen los procedimientos para realizar denuncias ante la autoridad competente. Simultáneamente, el fortalecimiento de la parainstitucionalidad es parte de un círculo vicioso que posibilita un mayor posicionamiento de los actores armados que, al apropiarse de hecho de la jurisdicción sobre territorios específicos del país, promueven la ilegalidad al desempeñar -según su propia ley- las funciones tradicionalmente asignadas al Estado: la recolección de impuestos y, obviamente, la prestación de servicios de seguridad y de justicia aparentemente más eficientes pero con implicaciones nefastas en términos del respeto a la vida y los derechos humanos3.

Reconociendo los problemas de infraestructura para la provisión de mecanismos eficientes de justicia en todo el territorio nacional y dada, además, la agudización de conflictos sociales, económicos y políticos que ha tenido lugar en el mismo desde mediados de la década de los noventa, el Estado colombiano se vio en la tarea de institucionalizar formas complementarias y legales de resolución de las diferencias entre los colombianos. Por ello, en el Plan de Desarrollo del presidente Andrés Pastrana "Cambio para Construir la Paz" se fijaron como objetivos principales, en el campo de la justicia, la generación de acciones para facilitar el acceso a la misma y la creaci6n de mecanismos alternativos de prevención, atención y control de los factores que producen hechos punibles y desarrollan la violencia.

En el contexto anterior, el Gobierno Nacional en cabeza del Ministerio de Justicia y con la colaboración del Ministerio del Interior, de la Agencia Internacional para el Desarrollo, usam, y el Banco Interamericano de Desarrollo, Bm, promovi6 -en el marco de la Estrategia de Convivencia y de Seguridad Ciudadana- el Programa Casas de Justicia4. Este programa, iniciado a mediados de la administración del presidente Samper, ha buscado ofrecer alternativas eficaces y creativas que faciliten el acceso a los servicios de justicia a comunidades de bajos ingresos, de alta densidad poblacional y con altos índices de conflicto -especialmente en lo referente a la violencia familiar, el maltrato infantil y, en general, problemas ligados a la manera como se resuelven los conflictos en el ámbito privado- desarrollando actividades que promuevan la vida en comunidad5. Sintetizando, las Casas de Justicia han sido concebidas entonces como unidades de servicio comunitario que reúnen físicamente diversos mecanismos de resolución judicial y extrajudicial de conflictos, con la misión de transformar la relación entre las esferas de la sociedad civil y del Estado mediante la prestación de servicios de justicia y el fortalecimiento de prácticas comunitarias civilistas6.

Inicialmente, se inauguraron ocho Casas de Justicia en 1996 en las ciudades intermedias de Bucaramanga, Pereira, Ibagué y Valledupar; dos en Cali, la tercera ciudad del país y una en Bogota, la ciudad capital de Colombia. Estas nuevas unidades de servicio publico suponen la colaboración de diversas instancias administrativas con capacidad de resolver los problemas de convivencia existentes en las comunidades. Entre estas instancias se destacan los Centros de Conciliación, las Inspecciones de Policía, las Comisarías de Familia, los Consultorios Jurídicos Universitarios, los Juzgados Civiles Municipales, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los Juzgados Laborales y las Inspecciones de Trabajo, la Fiscalía, los Juzgados Penales Municipales, las Personerías Municipales, la Defensoría del Pueblo y la Oficina Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos. Por su naturaleza jurídica así como por las condiciones de su operatividad, las Casas de Justicia funcionan en las zonas periféricas y con altos niveles de complejidad de los principales municipios urbanos del país'.
¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.

EDICIÓN 1829

PORTADA

Gran encuesta presidencial

Vargas Lleras arranca fuerte, Petro está estancado, Fajardo tiene cómo crecer y los partidos tradicionales andan rezagados. Entre los uribistas, Ramos se ve fuerte. Y Santos tiene 35 por ciento de aceptación. Gran encuesta de Invamer para Caracol Televisión, Blu Radio y SEMANA.