Capítulo 1 (III)

Los empresarios asumen una posición

El 22 de enero de 1996 el antiguo director de la campaña "Samper Presidente" y ministro de Defensa, Fernando Botero, admitió saber del ingreso de dineros de la droga a la campaña de Samper, en una entrevista transmitida por la televisión nacional e hispana en Estados Unidos. Más importante aún, Botero, quien en aquel momento se encontraba bajo arresto por las acusaciones de enriquecimiento ilícito y por omisión de la verdad, afirmó que el Presidente sabía de las contribuciones. Finalmente, las declaraciones de un confidente y cercano colaborador de la campaña presidencial parecían confirmar los rumores. La acusación llevó al Consejo Gremial a adoptar la posición más radical hasta ahora (El Tiempo 1996m).

"Es claro que se ha ocultado la verdad", afirmó en un comunicado del 23 de enero (Consejo Gremial Nacional 1996d) y prosiguió:

El país debe continuar buscando la verdad, con independencia del dolor o el costo (...) que implique enfrentar la crisis. Esta debe ser solucionada de inmediato. El costo de una demora sería abrumador e insoportable para el país (...) Debido a las actuales circunstancias, el mandato del Presidente de la República, su autoridad y su capacidad de gobernar efectivamente han sido gravemente debilitados (...) Se necesita una solución institucional, que puede ser propuesta por el Presidente, incluyendo la posibilidad de que se retire transitoriamente de su cargo (Consejo Gremial Nacional 1996d).

Las cartas estaban sobre la mesa. Como sucedió en los 50, los gremios organizados exigían públicamente al gobierno establecido que entregara el poder.

¿Podrá mantenerse el impulso? (enero 1996 - abril 1996)

Animados por el Consejo Gremial, otros actores comenzaron a secundar su exigencia de renuncia del Presidente. Desde la Iglesia Católica hasta las amas de casa de estratos medio y alto, desde estudiantes universitarios hasta congresistas, desde militares en retiro hasta sindicatos, diferentes grupos se unieron en contra de la permanencia del Presidente en el poder. El país entró en un estado de profunda perturbación a medida que embajadores y ministros renunciaban, en señal de desaprobación con el gobierno, en uno de los casos más importantes de protesta masiva en la reciente historia de Colombia.

Aun cuando Samper se negó a aceptar la invitación del Consejo Gremial a renunciar, este mantuvo su activismo. En un boletín de prensa del 20 de febrero insistió en el retiro del Presidente (Consejo Gremial Nacional 1996c). En un esfuerzo por extender su influencia, el Consejo anunció su apoyo a las organizaciones ad hoc que surgían para supervisar la investigación del Congreso contra el Presidente y varios de sus colaboradores. El Consejo Gremial exploró también las alternativas disponibles. Consultó a expertos acerca de las posibilidades de sucesión presidencial. Miembros del Consejo Gremial se pusieron en contacto, por ejemplo, con Humberto de la Calle, vicepresidente de Samper y su sucesor constitucional, para explorar su disposición para asumir el poder en caso de renuncia del Presidente.

La movilización de los gremios se intensificó con la proximidad de la decisión de certificación el 1 de marzo y por el temor a que los Estados Unidos impusieran las sanciones económicas. Redoblaron su cabildeo a favor de la certificación tanto en los Estados Unidos, ante el Congreso y el Departamento de Estado (El Tiempo 1996l, 1996j, Portafolio 1996d), como en Colombia, ante el embajador de los Estados Unidos. Pero sus esfuerzos fueron en vano. El gobierno de los Estados Unidos no estaba satisfecho con los logros de Colombia en la lucha contra las drogas. Citó sentencias indulgentes a varios capos de los carteles, un negligente cumplimiento de la reglamentación de prisiones que les permitía adelantar negocios desde sus celdas y evidencia de que funcionarios de la rama ejecutiva y miembros del Congreso estaban en la nómina de los carteles. Más aún, la prohibición constitucional de extraditar colombianos a los Estados Unidos para ser juzgados allí y la política colombiana de sometimiento a la justicia que buscaba atraer a los capos de la droga a la prisión a cambio de inmunidad contra la extradición, contrariaban las expectativas del gobierno estadounidense. No obstante, la decisión de este país para no certificar a Colombia vino de las continuas sospechas de que la campaña del Presidente había sido alimentada por dineros de la droga (Comité de Relaciones Exteriores 1996; Portafolio 1997b). Por consiguiente, las recomendaciones consignadas en el resumen ejecutivo de un informe del Comité de Relaciones Exteriores incluían sanciones si el gobierno de Colombia no evidenciaba progreso en la aclaración de estos asuntos (Comité de Relaciones Exteriores 1996).

Anunciada como el umbral crítico que propiciaría el golpe definitivo a la administración de Samper, la descertificación de marzo de 1996 pareció indicar la disposición del gobierno de los Estados Unidos de llevar sus amenazas hasta las últimas consecuencias. Mostró también la incapacidad de los empresarios de disuadir al gobierno norteamericano. A pesar de los esfuerzos de cabildeo realizados para centrar el debate en el perjuicio que la descertificación causaría a la economía colombiana y de las medidas preventivas domésticas adoptadas por algunos sectores, como en el caso del sector financiero, la desaprobación de Samper había prevalecido en las consideraciones de Estados Unidos. Desprovistas de una causa internacional de unión -impedir la descertificación-, así como de alguna medida de éxito en el ámbito nacional -persuadir a Samper de entregar el poder-, las asociaciones gremiales enfrentaban ahora una lucha, a solas, en Colombia.

Sigue el deterioro económico

Sólo una semana después de la descertificación, Fedesarrollo y Anif entregaron informes en los cuales se evidenciaba un deterioro económico progresivo (Portafolio 1996e) Según los estudios, todos los sectores sufrirían por la reducción de la demanda agregada interna y los bajos márgenes de utilidad.

A estas alturas, era generalizada la noción de que la permanencia de Samper en la presidencia debilitaba la economía. En la revista de la asociación, Luis Carlos Villegas, presidente de la Andi, escribió: "La disminución del ritmo de crecimiento ha sido acentuada por la crisis política (...), haciendo aún más difícil la reactivación" (Villegas 1996). En su discurso ante la Asamblea General, el presidente de la Federación de Industrias Metalúrgicas (Fedemetal), Gustavo Tobón, dijo: "Las expectativas económicas son pesimistas (...). La crisis política (...) ha generado gran incertidumbre y ha hecho evidente una crisis de liderazgo y autoridad. La incertidumbre afecta el clima de negocios. Por consiguiente, la recuperación de la gobernabilidad es indispensable para la salud de la economía y, para tal recuperación, es necesario que quienes nos gobiernan disfruten de plena credibilidad y confianza. Y esto está lejos de ser cierto actualmente" (Tobón 1996).

Indicando que había un deterioro en el clima para la inversión, una tasa de cambio devaluada (la devaluación estaba en el 19,2 por ciento, 6 puntos por encima del objetivo macroeconómico), un alto déficit en la balanza de pagos y un bajo crecimiento de las reservas internacionales durante 1995, la revista Dinero preguntaba: "¿Hasta dónde?" (Dinero 1996b).

Diferentes encuestas empresariales mostraban que estas ideas reflejaban un consenso. Con base en una encuesta de marzo de 1996 a "los 100 ejecutivos más importantes", Dinero reportaba un considerable declive en las expectativas desde agosto de 1995, y una creciente falta de confianza en el gobierno y en el Presidente (Dinero 1996b). Registraba también un aumento de las percepciones negativas en meses anteriores. Cuando se les preguntó acerca de la situación actual del país, sólo el 21% de los empresarios entrevistados respondió que era "buena", mientras que el 79% dijo que era "mala" o "regular". Estas cifras contrastaban con el 58% y el 41%, respectivamente, en una encuesta de 1994. Por otra parte, había un gran escepticismo acerca de un pronto final de la crisis. Todos los sectores calificaron su propia situación como regular o mala, y algunos sectores se mostraron especialmente pesimistas, como los de la construcción y la agricultura. Cuando se les preguntó cuál sería la mejor opción para el país, sólo el 7% respondió que el Presidente debería permanecer en su cargo, mientras que el 61% dijo que el vicepresidente Humberto de la Calle debía asumir la presidencia.

Un esfuerzo conjunto de varias asociaciones gremiales liderado por la Andi, la Encuesta de Opinión Industrial, presentó las opiniones de los empresarios del sector industrial (Centro de Estudios Económicos de la Andi 1996). Esta encuesta también reportó una caída del clima empresarial, pues el 78% de los ejecutivos entrevistados dijeron que la situación de sus empresas era "regular" o "mala", y el 86% no descartó una caída más fuerte, ni esperaba una recuperación a corto plazo. La gráfica 8 ilustra la fuerte caída progresiva de las expectativas empresariales a la par de las condiciones económicas y sociopolíticas para la inversión, registradas en una encuesta empresarial trimestral adelantada por Fedesarrollo.

El Consejo Gremial pierde terreno

A pesar del deterioro de las condiciones económicas, los gremios organizados no consiguieron revitalizar su esfuerzo frente a las crisis política y económica, pues el Presidente permaneció en su cargo en un abierto reto a la autoridad de los gremios. Ante su derrota, la movilización gremial cedió gradualmente.

Samper adelantó diversos esfuerzos por restablecer una relación de trabajo con los empresarios para evitar que se profundizara la crisis económica. En repetidas ocasiones buscó minimizar la crisis política como motivo principal de la depresión de la economía (El Tiempo 1996i). Algunos presidentes gremiales se mantuvieron firmes en contra del gobierno. Sin embargo, otros sectores empresariales comenzaron a exigir "más prudencia" en el manejo del poder adquirido por el Consejo Gremial, para "evitar excesos" (El Tiempo 1996h).

El 29 de abril el Consejo Gremial realizó un último intento de presentarse como frente unido ante el Presidente para persuadirlo de que renunciara. Ese día, sus integrantes visitaron al Presidente en la Casa de Nariño. Llevaban una carta con la firma de todos en la cual exigían de nuevo su renuncia (Consejo Gremial Nacional 1996b). Aun cuando el Consejo afirmó ser respetuoso de las decisiones del Congreso, insistió en que Samper considerara su retiro, "pues estamos convencidos de que con su permanencia en el poder no será posible restablecer las bases de la gobernabilidad. El Presidente debe ser un factor de unión nacional y un generador de consenso." Un empresario resumió las expectativas generadas tanto por la dura carta como por la reunión: "Después de esto, se esperaría que el Presidente cayera" (presidente de fundación empresarial 1998).

Sin embargo, de nuevo las declaraciones del Consejo Gremial esquivaron terreno fértil. Por un lado, el Presidente desplegó una gran habilidad en su manejo de la situación. Retó de frente a los líderes de las asociaciones, rechazó toda posibilidad de entregar el poder, y pidió a las asociaciones gremiales sentido común para buscar soluciones pacíficas a la crisis. Según distintas versiones de esta reunión, Samper recordó a los líderes empresariales que algunos de sus sectores, especialmente el de la construcción y el de la agricultura, habían sido constituidos con actividades relacionadas con la droga, poniendo en duda su autoridad moral para acusarlo (El Tiempo 1996f, Portafolio 1996c). Finalmente, el Presidente propuso considerar una solución de consenso a la crisis. Al ser tomado por sorpresa, el Consejo Gremial pidió un receso de una hora para deliberar. Durante el receso, un acalorado debate dio al traste con la firmeza colectiva, pues algunos dirigentes se inclinaban a aceptar la propuesta del Presidente, mientras otros preferían mantener el documento original.

No es claro el resultado del debate, pero finalmente fueron entregados dos documentos diferentes a la prensa después de la reunión. Uno, emitido por la Presidencia, elogiaba la "cordial reunión" realizada "en un espíritu de entendimiento." El otro documento fue emitido en nombre del Consejo Gremial, y afirmaba que "discutimos extensamente con el Jefe de Estado la necesidad de llegar a una solución mediante un consenso nacional, sin vencedores ni vencidos, y sin apelar a mecanismos que pudieran aumentar la polarización del país." Si bien mantenía la crítica, su tono era más condescendiente con el Presidente que el de la carta original.

Al día siguiente, el Consejo Gremial consiguió publicar una carta adicional en la cual rechazaba las versiones de la prensa acerca de sus disidencias e inconsistencias internas (Consejo Gremial Nacional 1996a). Pero ya era demasiado tarde. El esperado clímax de la oposición de los gremios a Samper y el probable final de su gobierno, resultó siendo un evento bochornoso más (un "oso" como lo describió un dirigente gremial, ver presidente gremio asegurador 1998) para las principales asociaciones gremiales representadas en el Consejo. En retrospectiva, los líderes de las asociaciones asumieron toda la culpa de este fracaso. "No hubiéramos debido darle un papayazo como este. Fuimos muy ingenuos. No somos políticos" (presidente gremio exportador 1998). "Fuimos muy ingenuos" (asistente técnico del Consejo Gremial 1998). "Nos enredaron" (director económico de gremio de comerciantes 1998). "Él [el Presidente] es muy cínico, muy astuto" (presidente gremio asegurador 1998). "[El presidente] nos manipuló, nos hizo dudar de si estábamos actuando con precipitación" (presidente gremio azucarero 1998). "En lugar de limitarnos a entregar la carta, dejamos que nos enredara" (presidente gremio floricultor 1999). "Habíamos sobrepasado nuestra competencia. Tuvimos que aceptar que no podíamos [actuar contra él]. El gobierno ganó ese tanto" (vicepresidente gremio industrial 1998a). Un titular de prensa sobre el incidente describe acertadamente la situación: "Los gremios pierden terreno" (El Tiempo 1996g).

Los gremios pierden impulso (abril 1996 - agosto 1998)

Para entonces la economía desplegaba todos los signos de una completa recesión. El caso judicial y la investigación del Congreso contra Samper estaban lejos de resolverse, mientras continuaba la presión de los Estados Unidos. Pero cuando se esperaba que el activismo de los empresarios llegara al punto cúspide, este perdió su impulso. El Presidente no renunció y no contemplaba hacerlo (Semana 1998a). Abrumado por expectativas superiores a su capacidad de responder, el movimiento empresarial, liderado por el Consejo Gremial, había agotado sus energías.

Sin mucho entusiasmo, el Consejo Gremial persistió en su oposición contra Samper durante el resto de 1996 y 1997. Pero sus manos estaban atadas por su compromiso de utilizar los canales institucionales para obtener la renuncia del Presidente. La absolución de Samper por parte del Congreso, en mayo de 1996, eliminó la posibilidad de destituirlo de su cargo. Como Samper había resistido a sus exigencias de entregar voluntariamente el poder -la segunda solución institucional- el Consejo Gremial se había quedado sin propuestas alternativas.

Como consecuencia de la percibida inoperancia del Consejo Gremial, cierta frustración empresarial se reflejó en una reacción de base regional contra las consecuencias políticas, económicas, incluso morales, de la permanencia de Samper en el poder. Así, a comienzos de abril de 1996, la percepción de una pérdida de ímpetu del Consejo Gremial llevó a varios dirigentes empresariales en las ciudades de Cali y Medellín a realizar un intento por revitalizar la oposición a Samper. En reuniones sostenidas en Medellín (25 de abril de 1996) y en Cali (27 de mayo de 1996), se hicieron llamados a "una cruzada por el rescate moral e institucional de Colombia." El pilar de este movimiento era la búsqueda de un mecanismo que permitiera al Presidente un retiro decoroso. El movimiento de Medellín fue liderado por Hernán Echavarría, quien había sido también uno de los dirigentes empresariales en los años 50, cuando la oposición de los gremios fue fundamental para obligar al General Gustavo Rojas Pinilla a entregar el poder. Un paralelo adicional con el episodio de la exitosa acción colectiva contra el General Rojas Pinilla fue el llamado a un paro general propuesto por Germán Holguín, uno de los líderes del movimiento en Cali.

Los grupos de Cali y Medellín no tuvieron éxito en cosechar apoyo para un paro nacional. Los costos de un paro, así como el tono radical de los líderes regionales, alienaron a muchos de sus posibles simpatizantes. Como resultado de ello, el movimiento no consiguió asegurar más que un apoyo retórico de parte de los sectores empresariales y cívicos que buscaba representar. Adicionalmente, el grupo se enredó en las aspiraciones políticas de dos voceros de la derecha colombiana, lo cual marcó al movimiento con un color político que deseaba evitar. Finalmente, el experimento de la oposición regional no pudo superar la misma debilidad que intentaba remediar.

La disidencia empresarial no se dirigió solamente contra Samper. En una demostración opuesta al Consejo Gremial y a los movimientos regionales, en mayo de 1996 se conformó la Unión Intergremial, compuesta por gremios menores, no representados en el Consejo Gremial. Esta desarrolló un argumento institucional en contra de lo que consideraron un paso prematuro del Consejo Gremial, haciendo énfasis en el debido proceso y recalcando el hecho de que el Presidente no había sido condenado por los cargos que se le imputaban. Por tanto, la Unión Intergremial se opuso a la exigencia de renuncia propuesta por el Consejo Gremial. No obstante, el hecho de que su presidente fuese nombrado Ministro de Comunicaciones del gobierno de Samper, poco después de crear la Unión, presumiblemente en recompensa por su liderazgo del movimiento empresarial disidente, plantea la posibilidad de que la creación de esta asociación estaba políticamente motivada para romper la oposición de los gremios contra Samper.

En un golpe adicional a la imagen de Colombia en el exterior, la visa de Samper para entrar a los Estados Unidos fue cancelada en julio de 1996. Indicando de nuevo el deseo de Washington de mantener un pulso firme con el gobierno colombiano, esta cancelación fue interpretada como un preludio a las sanciones económicas. En una jugada demasiado conocida como para ser efectiva después de sus repetidos intentos por convencer a Samper de dejar el poder, el Consejo Gremial revivió su exigencia de que Samper renunciara (El Tiempo 1996d). En aquel momento, sin embargo, el principal impacto de la cancelación de la visa estadounidense fue el fortalecimiento de la posición interna de Samper, pues el Presidente utilizó la cancelación de la visa, así como un aumento del gasto público, para recuperar el apoyo popular interno, disminuido no sólo por el escándalo de la corrupción sino por el creciente desempleo, la baja producción, los inventarios acumulados y las altas tasas de interés (El Tiempo 1996c).

En el resto de su mandato, las relaciones del gobierno Samper con los Estados Unidos no mejoraron. Colombia fue descertificada de nuevo en 1997 y certificada con una exención de seguridad nacional en 1998, a pesar del reconocimiento público, por parte del secretario de Estado Asistente, Robert Gelbard, al sector privado colombiano por presionar al gobierno para que adoptara medidas más fuertes contra el narcotráfico (Gelbard 1997).

Después de tres años de deterioro continuo de las relaciones entre los Estados Unidos y Colombia, las sanciones habían dejado de ser una amenaza creíble. No obstante, la presión de los Estados Unidos logró influir en el debate político interno en Colombia en asuntos tales como la extradición (juzgada inconstitucional en 1991, pero reestablecida sin retroactividad en noviembre de 1997), el diseño de sentencias más severas para crímenes relacionados con la droga, la expropiación de activos vinculados a actividades relacionadas con la droga y las facilidades para el ingreso de navíos estadounidenses en zonas marítimas colombianas para impedir el transporte de la droga (presidente gremio exportador 1998).

Enfrentados al fracaso en su esfuerzo de sostener un frente colectivo contra el Presidente, los miembros del Consejo Gremial empezaron a diferir en la vehemencia de sus críticas a Samper. Algunos abogaban por romper completamente sus vínculos con el gobierno de Samper (Andi, Camacol, y Acopi, Fedemetal, SAC, Asocaña y Asocolflores), mientras que otros estaban a favor de restablecer las relaciones con el gobierno (Fenalco, Analdex, Fasecolda y Colfecar) (Portafolio 1996b). Acorde con una posición más radical en contra de Samper, el Presidente no fue invitado a la asamblea anual de algunas de las asociaciones más arraigadas, tales como la Andi, Acopi y Analdex, rompiendo así con una tradición de décadas (El Tiempo 1996a).

Con el transcurso del tiempo, sin embargo, las relaciones entre el gobierno y el Consejo Gremial se reanudaron, principalmente en el gabinete, aun cuando nunca se dio una reconciliación oficial entre Samper y sus detractores gremiales (El Tiempo 1996b, 1997d, 1997c). Se acabaron las conversaciones acerca de una política de concertación, mientras que el Pacto Social, uno de los programas bandera de Samper, consiguió sólo modestos resultados (España 1997). En un golpe más a la autoridad crítica de las asociaciones gremiales, en noviembre de 1997, el antiguo presidente de la Asobancaria y del Consejo Gremial, César González, se unió como asesor económico a la campaña presidencial de Horacio Serpa, el leal Ministro del Interior de Samper y símbolo del continuismo samperista (Portafolio 1997a, El Tiempo 1997e).

En los años que restaron al gobierno Samper, los gremios se retiraron de la oposición a medida que la crisis política y económica hizo que el país se estancara en un estado de incómoda incertidumbre.

Resumen

Hasta aquí se ha descrito la evolución gradual del comportamiento político de los empresarios en el contexto de la crisis económica y política durante el gobierno del presidente Ernesto Samper. Cuando la información acerca de la corrupción en la campaña de Samper se hizo pública por primera vez, los empresarios se unieron para apoyar al Presidente, de acuerdo con el patrón de relaciones "consociacionales" que había prevalecido en décadas previas entre gobiernos y gremios en Colombia. Sin embargo, cuando se evidenció que la crisis política tendría efectos económicos devastadores, especialmente si Estados Unidos imponía sanciones comerciales para castigar al gobierno de Samper (Financial Times 1996d), los empresarios reaccionaron buscando conformar un frente colectivo para lograr su renuncia. Así como en la década de los 50, siguieron los principios de su interés colectivo. En el clímax del movimiento empresarial, en enero de 1996, las principales asociaciones gremiales colombianas sugirieron al Presidente que considerara su renuncia como una solución a la crisis económica y política, pero la respuesta fracasó. Contrario a lo esperado, la oposición empresarial representada por el Consejo Gremial se desvaneció desde abril de 1996 y Samper, en medio del deterioro de las condiciones económicas y de la creciente evidencia en su contra, culminó su mandato constitucional "el último día, la última hora y el último minuto", tal como había prometido. La incapacidad de los empresarios de sostener una respuesta colectiva a la crisis, a pesar de la consternación colectiva y dado el antecedente de los años 50, suscita la pregunta de cómo se explica su fracaso en los 90.