Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/05/14 00:00

A la cárcel otros cinco congresistas sindicados de firmar pactos con los paramilitares

Se ordenó la captura de los senadores Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes y William Montes. También del representante José de los Santos Negrete. Y de un alto ex funcionario de la administración Uribe: Luis Carlos Ordosgoitia (ex director del Inco)

Luis Ordosgoitia, ex director del Inco, uno de los ex funcionarios más altos de la administración Uribe; y el congresista Reginaldo Montes en la tarde de este lunes en el búnker de la Fiscalía General de la Nación. FOTOS: PAOLA CASTAÑO / SEMANA

La acusación es demoledora: “concierto para delinquir agravado”. Así consta en la providencia de la Corte Suprema de Justicia por medio de la cual se ordenó este lunes la captura de cuatro senadores -Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Montes, Miguel de la Espriella y William Montes- y un representante, José de los Santos Negrette.

Simultáneamente, la unidad contra el Terrorismo de la Fiscalía General de la Nación ordenó la detención de 15 personas –todos de la órbita política- entre quienes se destaca por su visibilidad la ex parlamentaria Eleonora Pineda, y del Luis Carlos Ordosgoitia hasta hace poco uno de los más altos funcionarios de la administración Uribe. Era el director del Inco.

La Corte no tuvo dudas en sindicarlos de tener nexos con las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), grupo paramilitar de extrema derecha responsable de matanzas, masacres y asesinatos selectivos a lo largo y ancho del país. De hecho, la Sala Penal de la Corte concluyó que estas figuras trabaron una estrecha relación con los grupos paramilitares para obtener un beneficio político. Y la prueba está escrita en el documento del llamado Acuerdo de Ralito en el cual los firmantes se comprometieron a “refundar la patria”.

Según Alfredo Gómez Quintero, presidente de la Sala Penal, la Corte hizo una valoración integral de las pruebas y del contexto del país en ese momento y se corroboró que ninguno de los firmantes asistió por “coacción” ni por “desconocimiento” sino que, por el contrario, sabían perfectamente a que acudían el día del encuentro en Santa Fe de Ralito al que asistieron cuatro de los más temibles jefes paramilitares, todos sindicados de crímenes de lesa humanidad. Salvatore Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40.

Algunos de los congresistas argumentaron que acudieron allí “para aportar a la paz del país” y “por petición del entonces presidente Andrés Pastrana”. La corporación valoró el testimonio del ex jefe del Estado que negó tajantemente que él, en su momento, hubiera dado luz verde al encuentro con los paramilitares. “Yo no autorice los contactos con los paramilitares”, afirmó el ex presidente Pastrana.

Las capturas

Lo cierto es que el escándalo por los vínculos con los paramilitares sigue poniendo en aprietos a congresistas y reconocidos miembros de la clase política colombiana. Este lunes, tras varias semanas de examen al caso de los 28 dirigentes implicados en la suscripción del “Acuerdo de Ralito” con cuatro de los más temibles ex jefes paramilitares, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía dictaron orden de captura contra 15 de ellos.

Se trata de los senadores Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, William Montes y Reginaldo Montes, así como del representante José de los Santos Negrette, quienes no pudieron convencer a la Corte de que su asistencia a la reunión con los poderosos paramilitares se debió a razones humanitarias o a presiones de los convocantes a la cita. La Corte tuvo en cuenta la declaración de Mancuso en la que afirmó que todas las personas asistieron voluntariamente y que, incluso, en algunos casos ellos fueron quienes aportaron las ideas para la redacción del documento.

Por otro lado, la Fiscalía también decidió asegurar a la ex representante Eleonora Pineda, una de las pocas dirigentes que reconoció su cercanía con los grupos armados que sembraron el terror en su supuesta intención de acabar con la violencia guerrillera. La ex congresista afirmó que lo había hecho por la paz del país.
Los otros tres congresistas son José María Imbet Bermúdez, Rodrigo Antonio Burgos de la Espriella y Freddy Ignacio Sánchez Arteaga. Todos fueron representantes de la Cámara.

En la lista además se encuentran Álvaro Antonio Cabrales Hodeg, Luis Carlos Ordosgoitia Santana, Jorge Luis Feris Chadid, Sabas Enrique Balseiro Gutiérrez, Sigifredo Mario, Senior Sotomayor, Wilmer José Pérez Padilla, Víctor Antonio Guerra de La Espriella, Jaime Augusto García Exbrayat, Marciano Celedón Argel Yánez y Edwin José Mussi Restom, por su presunta coautoría en el delito de concierto para delinquir. Todos están sindicados de fuertes nexos con los grupos paramilitares.

De acuerdo con la Fiscalía, Jesús María López se le suspendió la medida de aseguramiento por ser mayor de 65 años, pero le fijó una caución de 10 salarios mínimos mensuales vigentes. Mientras tanto, el fiscal instructor se abstuvo de imponer medida de aseguramiento a Luis José Álvarez Amaris, Rodolfo Vargas de Lima y al periodista Rafael Antonio Sánchez Sánchez.

La amiga

Eleonora Pineda aceptó su amistad con algunos miembros de las AUC. Entre ellos, Salvatore Mancuso. Y ella es una de las personas que cree que los paras fueron un muro de contención necesario para detener el avance de la guerrilla.

La carrera política de Eleonora Pineda alcanzó relevancia nacional en marzo de 2002. Ese año, con un manto de dudas sobre las fuerzas que la llevaron al poder y sin más antecedentes que haberse desempeñado como concejal de Tierralta, Córdoba, su tierra natal. Desde entonces, se convirtió en una de las mayores defensoras del proceso de desmovilización liderado por el gobierno Uribe hasta julio de 2006, cuando fracasó en su intento de reelección. Durante esos cuatro años los rumores sobre sus vínculos con las AUC eran cada vez más insistentes, aunque su elección al congreso hubiera sido formalmente legal.

Este lunes, tras varios meses en el ojo del huracán por cuenta de esos supuestos nexos, Pineda fue capturada por la Fiscalía en su vivienda de Residencias Tequendama, en el centro de Bogotá. Según el ente investigador, existen suficientes méritos para asegurar a la ex legisladora por la suscripción del “Acuerdo de Ralito”, un documento en el que 28 líderes políticos de la Costa Atlántica hicieron un pacto con cuatro de los más temibles jefes de autodefensas de la época con el objetivo de “refundar la Patria”.

El pacto fue firmado en Santa Fe de Ralito, la misma población cordobesa en la que Salvatore Mancuso era amo y señor. Pineda tenía su vivienda y tiempo después el gobierno decidió “concentrar” a los jefes paras que se desmovilizaron. Además de Mancuso, el documento fue firmado por alias Don Berna, Jorge 40 y Diego Vecino.

Otro de los asegurados, el senador Miguel de la Espriella, fue quien reveló cinco años después la existencia del documento. Fue capturado en Montería. Mientras que Reginaldo Montes fue detenido en Ciudad Salitre de Bogotá. Juan Manuel López Cabrales fue capturado en el aeropuerto Eldorado, minutos antes de abordar un avión.

Entre tanto seguía la búsqueda de William Montes y de José de los Santos Negrette.
 

Habla el presidente Uribe

Al conocer en la tarde de este lunes la noticia de las capturas, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, dijo que decisiones como éstas fortalecen la democracia. “Una cosa es la institución democrática del Congreso, que tenemos que apoyar, fortalecer todos los días y otra cosa son las responsabilidades individuales que la justicia en su sabiduría y de acuerdo con la Constitución y la Ley definirá”, dijo.

Entre tanto, el Partido Conservador emitió un comunicado tras la detención de congresistas como William Montes. Aseguró que respalda a la Corte suprema de Justicia, la Fiscalía y la Procuraduría General en las investigaciones que adelantan. Pero reclamó para los investigados “la presunción de inocencia y las garantías para que esta sea demostrada”, mientras, dice la información, el Partido adelanta las investigaciones correspondientes.

A su turno, el Partido Liberal también emitió un comunicado en el mismo sentido para hablar sobre la detención de su senador Juan Manuel López. “Como es su deber, (el Partido Liberal) respeta y acata las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y confía en que la investigación abierta contra el Senador López Cabrales se llevará a cabo con plena vigencia de las garantías procesales y espera que en el curso de la misma pueda demostrar su inocencia”.



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