Carta de renuncia del Fiscal Ramiro Marín al Fiscal General de la Nación

Señor
MARIO IGUARÁN
Fiscal General de la Nación

Señor Fiscal:

Llegó la hora de renunciar con dignidad, En el radicado 11.499 – 8 (caso del exsenador Mario Uribe Escobar) usted me hizo una asignación especial, figura que, de acuerdo con la Constitución y la ley, procura un mayor eficacia en la investigación sin perjuicio de las garantías fundamentales de las partes. Pues bien, en cumplimiento de ese encargo especial, en el mencionado caso se allegaron testimonios, se practicaron inspecciones y se acopiaron documentos, todo con lealtad al principio de imparcialidad del funcionario en la búsqueda de la prueba y de la verdad1, lo cual se traduce físicamente, incluida la inicial actuación de la Corte Suprema de Justicia, en un expediente de diez (10) cuadernos originales, ocho (8) discos compactos que incluyen veintiséis (26) horas y treinta y cinco (35) minutos de grabación del dicho de varios testigos y veinticinco (25) cuadernos anexos. Como fiscal delegado proferí cuatro (4) decisiones interlocutorias, entre las que se incluye la medida de aseguramiento de detención preventiva contra el imputado, fechada el 21 de abril de 2008, recientemente revocada por el señor Vicefiscal, en ejercicio de la facultad de segunda instancia igualmente asignada por usted de manera especial.

Debo destacar que, conforme con la Constitución, la ley y mi concepción dialéctica y democrática del proceso penal, siempre facilité la presencia de la defensa y el Ministerio Público y le cumplí honradamente a la justicia y al pueblo colombiano en el cometido de decidir conforme con la legalidad y la racionalidad, sin embargo de lo cual lo único que resulta lastimado en este proceso es la independencia judicial y con ello mi honor personal, familiar y profesional.

En efecto, varios medios de comunicación, basados en “fuentes de la Fiscalía”, difundieron la especie de que la revocatoria de la medida de aseguramiento ( obra del señor Vicefiscal y no mía) se había facilitado adrede por la fragilidad de la investigación y de la providencia de primera instancia. Ocurre que la segunda instancia está habilitada para revocar la decisión de primer grado, dentro de los límites de la racionalidad, pero en manera alguna para desprestigiar con calificativos injustificados (abiertos o soterrados) la resolución revisada, pues ello sí vulneraría la autonomía ética y funcional del fiscal de primer grado, tan necesaria, señor fiscal, como la independencia del funcionario de segunda instancia, sobre todo cuando enfrentamos con decisión y serenidad asuntos de tanta complejidad probatoria y sensibilidad social como los denominados de la “parapolítica”.

Obviamente, no pretendo un plebiscito para que se comparta o repudie el sentido de una u otra decisión, la corrección de lo decidido no depende del consenso activo de los medios o de los ciudadanos sino de la prueba y la verdad procesal, aunque sano que las providencias judiciales, sin sacrificio innecesario de la reserva sumarial, se critiquen respetuosamente por los medios de comunicación y la comunidad en general.  En mi caso sí aspiro a que en el futuro se llame la atención sobre los peligros que entraña la manipulación del contenido de las decisiones con fines poco ortodoxos, lo cual no constituye crítica, en cambio sí llena de oprobio la autonomía ética y funcional de los fiscales.

Señor Fiscal: por medio de un artilugio y una audacia de marca mayor, se quiere hacer ver, con el apoyo irreflexivo de varios medios de comunicación, que la investigación y la resolución de primera instancia eran frágiles, pero, lo más abominable, que el fiscal del caso deliberadamente había dejado las cosas en esa   precaria situación para propiciar la revocatoria, cuando sólo fortaleza y respeto inmaculado podrá advertirse en una revisión actual y desprevenida del expediente o, de pronto, en el dictamen tardío de la historia con el que debemos contentarnos quienes somos víctimas de semejantes infamias promovidas por las verdades de poder, ajenas a la verdad procesal.

Es decir, a través de especioso discurso se ha convertido lo blanco en negro y lo negro en blanco, entretanto yo me siento en similar situación a la de una víctima a la que se le dispara a muy corta distancia para que los homicidas puedan pretextar un suicidio, y el señor Fiscal General de la Nación, por motivos o situaciones que de pronto desconozco, guarda discreto silencio frente al agravio funcional y profesional.

Mientras al interior de la Fiscalía existan “altas fuentes” que manipulan de esa manera la información de procesos tan delicados como el que he tenido a mi cargo, no percibo las garantías para continuar con la mencionada investigación ni tampoco en el cargo, razón por la cual llegó la hora de renunciar con dignidad  y así se lo formalizo por medio de este escrito, desde luego sin ocultarle mi reconocimiento por su conjurado trabajo en muchos frentes de la complejísima tarea, así como por la confianza, la amistad y el exquisito trato dispensados antes de este único y doloroso episodio de mi vida profesional de 31 años al servicios de la Rama Judicial.

Con sentimientos de consideración y de respeto, mil gracias,


RAMIRO ALONSO MARIN VÁSQUEZ
Fiscal Delegado Corte Suprema de Justicia