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| 11/20/2006 12:00:00 AM

Cartagena, tan asediada como hace 400 años

Es una certeza que grupos ilegales asociados al paramilitarismo vienen actuando en los barrios que circundan el cerro de La Popa, zona urbana donde se calcula que opera el 70 por ciento de las pandillas de Cartagena.

Agencia de Prensa IPC – CCEEU
Cartagena

Cartagena de Indias ha soportado, desde tiempos de la conquista española, el acoso de filibusteros, aventureros y ambiciosos que han buscando la riqueza fácil entre sus murallas. Pero el asedio aún no acaba. Hoy son los grupos paramilitares los que persisten en apoderarse de la ciudad de los reinados de belleza, los congresos empresariales y el destino turístico de miles de personas, nacionales y extranjeras.

Si bien es cierto que se generó un proceso de desmovilización muy cercano a Cartagena, el del bloque Héroes de Montes de María el 14 de julio de 2005 en el corregimiento San Pablo, del municipio de María La Baja, al mando de Edwar Cobo Téllez, alias Diego Vecino, aún persisten expresiones del paramilitarismo.

Los rastros de este acoso se evidencian, desde hace varios meses, a través de las denuncias de algunos pobladores de los barrios marginales de la ciudad y de otros municipios del departamento.

“En agosto pasado fueron invitados a una finca llamada Los Virreyes, colindante con el barrio Nelson Mandela, los habitantes de los barrios Policarpa, Membrillal, Vista Hermosa y Nelson Mandela por tres comandantes de mandos medios que pertenecieron al Bloque Central Bolívar de las Auc. Ellos ofrecieron seguridad y prometieron hacer una limpieza social como primer propósito contra la delincuencia”, se lee en una denuncia que reposa en manos de las autoridades defensoras de los derechos humanos.

Los pobladores de estas zonas deprimidas de la ciudad, en su mayoría desplazados de diversas regiones del país, reconocen los vehículos en los que andan los paramilitares e, intimidados, pagan las cuotas que, semanalmente, les cobran. Por casa son 2.000 pesos y el comercio 5.000 pesos. Las acciones de este grupo ilegal llegan también a barrios como El Pozón y Olaya Herrera.

El fenómeno es de tal impacto que con el respaldo de un amplio sector de la comunidad, grupos ilegales asociados al paramilitarismo vienen actuando en los barrios que circundan el cerro de La Popa, zona urbana donde se calcula que opera el 70% de las pandillas de Cartagena.

“Ellos (los paras) llegaron en febrero pasado, cuando la comunidad percibió que la inseguridad provocada por las pandillas juveniles se había desbordado. Meses antes se habían conformado brigadas cívicas, grupos de vecinos que prestaban el servicio de vigilancia, pero eso no dio resultado, entonces decidieron llamar a los paramilitares”, narra un líder comunitario.

La desconfianza en la eficacia de las instituciones policiales para enfrentar el delito llevó a las comunidades de los barrios Santa Rita, Loma Fresca, Los Comuneros, San Pedro y Libertad a recurrir a grupos armados ilegales, que ellos identifican como paramilitares, para que prestaran el servicio de seguridad.

“En algunos barrios, la vigilancia se resolvió de manera mixta: la brigada cívica acompañada de paramilitares armados; en otros, eran ellos acompañados por miembros del Ejército. Lo preocupante es que la gente está complacida porque las pandillas retrocedieron y mejoró la seguridad”, expresa la fuente, y agrega que estos “vigilantes” provienen de zonas como San Onofre (Sucre) y María La Baja (Bolívar).

El control social y económico llega hasta la populosa plaza de mercado de Bazurto, la central de abastecimiento de la ciudad, donde mantienen un estricto control de la seguridad y de los productos que ingresan allí. “Ni el plátano de salva del poder paramilitar, pues ellos regulan el precio”, dicen allí.

¿Se preparan para “lavar”?

Pero el asedio va más allá de los barrios deprimidos de la ciudad, donde sus habitantes, más de 400.000 personas, viven con menos de 2.000 pesos diarios. Se tienen indicios, a través de monitoreos hechos por instituciones estatales, que un grupo de hombres relacionados con Rodrigo Tovar, alías Jorge 40, está ingresando por el sector de La Boquilla, corregimiento habitado por pescadores en el que se planean grandes inversiones turísticas.

Fuentes del gobierno local advierten del interés por parte de grupos paramilitares en Cartagena, en particular de alias Jorge 40, de llenar el vacío que dejó la desmovilización del Bloque Héroes de los Montes de María.

“Lo que sabemos es que hay una intención de copamiento de Jorge 40, al punto que hace varios meses envió a unos escoltas suyos a hablar con el alcalde Nicolás Curi Vergara para tratar de incidir en el proceso de ampliación del régimen subsidiado de salud, situación que fue denunciada por el propio alcalde ante las autoridades”, narra un funcionario.

Voceros de organizaciones no gubernamentales señalan que le disputa la ciudad a la gente de Diego Vecino: “En el barrio El Líbano se tiene identificada una oficina de Jorge 40, desde donde al parecer se coordina la confrontación”, asevera la fuente, quien llama la atención sobre el incremento de los homicidios en la ciudad.

Según el Centro de Observación y Seguimiento del Delito (Cosed), entre enero y octubre de este año se han presentado 225 homicidios, 36 más que en el mismo periodo del 2005. “Debe decirse que, con 78 homicidios, el último trimestre (julio-septiembre) es el de mayor número de homicidios desde el año 1994”, advierte el Cosed.

Lo que también se dice en voz baja en los pasillos y en las calles cartageneras es que el ex comandante del Bloque Norte tiene la intención de apoderarse de la concesión del juego de apuestas permanentes que opera Enilce López, conocida como La Gata, hoy en prisión, a través de la firma Unión de Inversionistas de la Costa Atlántica (Unicat).

“Presumimos que alrededor de la licitación del chance, que debe hacerse a finales de 2007, habrá una guerra entre empresarios, y detrás de algunos de ellos estarán los paramilitares. Jorge 40 anda interesado en entrar a Cartagena a través de estas apuestas, como una manera de lavar el dinero del narcotráfico”, dicen fuentes estatales consultadas.

También en la región

Pero las preocupaciones también están más allá de la ciudad amurallada. En particular hay evidencias en tres municipios: Córdoba, El Guamo y María La Baja.

“En corregimientos Martín Alonso, San Andrés y Guaimaral, del municipio de Córdoba, hemos tenido conocimiento de patrullajes de personas armadas, semejantes a los viejos paras, como tratando de decir: ´todavía estamos aquí`. Pero se han cuidado de no ser protagonistas”, cuenta un funcionario estatal.

Las preocupaciones sobre El Guamo radican en la presencia de un grupo paramilitar que se identifica como Águilas Negras, al mando de un hombre conocido con el alias de Yépez, quien según denuncias de la comunidad vive en San Juan Nepomuceno.

Sobre María La Baja radican las mayores preocupaciones, no solo por parte de funcionarios del Estado sino por organizaciones sociales defensoras de derechos humanos. Esta localidad está al lado de San Onofre (Sucre), área estratégica que da paso al golfo de Morrosquillo y la bahía de Cartagena, consolidada por grupos paramilitares desde donde salen grandes cantidades de narcóticos ilícitos hacia otros países.

“En agosto pasado, un desmovilizado del bloque Héroes de los Montes de María manifestó frente a autoridades locales que se encontraba alarmado y amenazado por otro grupo de desmovilizados que lo estaban invitando a regresar a las actividades delincuenciales financiadas por Jorge 40. Agregó que estaban pagando 2 millones de pesos para asesinar a quienes se negaran a rearmarse”, narra una fuente estatal.

En el informe regional de octubre pasado, los defensores de derechos humanos de las víctimas de crímenes de Estado, capítulo Sucre, Bolívar, Sur de Bolívar y Montes de María, expresan su preocupación por la situación de María La Baja.

“Resulta contradictorio que existiendo un proceso de paz, una desmovilización, la entrega de armas, y unos beneficios para los victimarios, estos aún estén delinquiendo en la modalidad de asesinatos, fleteo, extorsiones. En la semana del 27 de septiembre al 5 de octubre, los paramilitares organizados en María La Baja ahorcaron a una señora con alambre de púa, asesinaron a un joven y secuestraron a un poblador, quien debió cancelar cinco millones de pesos por su rescate”, describe el informe.

Apuntan contra lo social

Si bien algunas autoridades persisten en desconocer el “estatus” de paramilitarismo que tienen estos nuevos grupos, dado que se desconocen sus mandos y los relacionan con la delincuencia, entre algunos funcionarios estatales hay inquietud por las amenazas que persisten sobre sindicatos, líderes barriales, madres comunitarias, representantes estudiantiles y defensores de derechos humanos.

“Se calcula que por lo menos 700 personas que hacen parte de este tipo de movimientos reivindicativos sociales están ahora en riesgo en Cartagena”, dice un funcionario estatal, sin contar, aclara, “la población considerada marginal, como las prostitutas y los indigentes, blanco de las acciones de la llamada limpieza social”.

Voceros sindicales llaman la atención sobre las presiones que viven los sindicalistas en Mompox: “Allá están sitiados por Jorge 40, no pueden hacer protestas ni movilizarse. En Magangue nos tienen acosados a los educadores y en Cartagena hay una política de exterminio”.

Si bien el panorama es preocupante, el buen humor cartagenero no se pierde y en marcado acento costeño un activista sindical considera que “en Cartagena se quedaron los piratas del siglo XXI: paramilitares y narcotraficantes, quienes llegaron a someter a los caciques políticos y a desplazar a los ladrones de cuello blanco de las familias tradicionales que han saqueado esta ciudad por más de 200 años”.

*Agencia de Prensa IPC, con el apoyo de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos (CCEEU).

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