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| 2/25/2008 12:00:00 AM

A cirugía salud de maestros

Mientras el gobierno propone que mínimo dos empresas de salud por región les presten servicios a los maestros y sus familias, Fecode se opone y anuncia paros. ¿Tiene este rechazo que ver con que algunas prestadoras son del gremio o de sus afiliados y perderían el monopolio?

El gobierno y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode) están enfrentados por futuros cambios que sufrirá el sistema de salud del magisterio. No se trata de quitarles el régimen especial del que gozan desde que fue creado en 1989 el Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Los maestros, junto con los miembros de las Fuerzas Armadas y los empleados de Ecopetrol y del Banco de la República, fueron excluidos de la reforma pensional y de salud de la Ley 100, y gobierno y educadores coinciden en la necesidad de preservar estos privilegios.

Son derechos que bien merecidos tiene este gremio por la importancia de su labor en la sociedad, porque suelen recibir sueldos bajos y porque a veces trabajan en zonas de conflicto y en condiciones deplorables.

Por eso cada maestro oficial aporta al Fondo el 4 por ciento de su salario y el Estado aporta otro 8 por ciento, y a cambio, reciben cobertura total en salud, sin pagar bonos adicionales para citas o exámenes de diagnóstico y sin límites en los tratamientos ni en los medicamentos.

La discusión entre gobierno y sindicato se centra entonces en cómo y a quién contratar para la prestación de los servicios de salud. No es un tema menor, pues se trata de brindarles servicios de salud a 860 mil personas, entre docentes y familiares, y eso cuesta 550 mil millones de pesos al año. Los dineros aportados por Estado y docentes al Fondo son manejados por la fiduciaria Fiduprevisora y sirven, entre otras cosas, para contratar a un prestador del servicio de salud para los docentes. Tradicionalmente se contrataba una empresa prestadora por departamento.

Por cada maestro, la Fiduprevisora desembolsa un monto, que actualmente está en 38 mil pesos, más el 37,3 por ciento de ese valor, que debe servir para atender al afiliado y a su familia. Este valor se denomina Unidad de Pago por Grupo Familiar (Upgf) y cubre la atención de cualquier enfermedad, incluyendo las catastróficas, y la prevención de riesgos profesionales.

Pero, según fuentes del Ministerio de Educación, empezaron a conocerse denuncias de mala prestación de los servicios de salud. El gobierno consideraba sorprendente que, a pesar de contar con todos los recursos necesarios, algunas personas dijeran que no les daban medicamentos, que no recibían atención de especialistas y que a veces les tocaba consultar con médicos particulares.

Para hacerse la idea de cómo estaba el panorama, el Ministerio contrató en 2004 una encuesta con el Centro Nacional de Consultoría. En ella se reveló que apenas la mitad de los docentes calificaban positivamente la calidad de su servicio de salud y que 12 de cada cien maestros habían asistido a citas médicas por fuera del sistema que los cobija.
Con la idea de que al introducir la competencia entre prestadores de salud llevaría a mejorar el servicio, el Ministerio propuso que los prestadores de salud en las regiones fueran mínimo dos, y no uno solo, como venía ocurriendo. Así los usuarios podrían escoger a la que consideraran mejor. Se abrieron convocatorias en algunas regiones y, al final, solamente Bogotá y Santander quedaron con dos prestadores.

Para 2007, la firma Micrositios hizo otra encuesta que demostró que mejoró la calificación sobre la calidad del servicio al llegar al 66,4 por ciento. Pero el número de personas que acudían a los servicios médicos particulares ya eran 31 de cada cien. Ese muestreo también reveló que sólo el 32 por ciento de los encuestados han participado en actividades para prevenir enfermedades laborales y que al 77,5 por ciento les gustaría poder escoger entre varios prestadores de servicios de salud.

El próximo agosto, se vencen los actuales contratos con las prestadoras de salud en los departamentos. Ante la coyuntura, el gobierno propuso generalizar la norma de que haya mínimo dos prestadores de salud por región (ya no por departamento) y que se contratara una firma diferente que realizara las labores de promoción y prevención en salud, puesto que pocas de las firmas actuales las estaban realizando. Así mismo, propuso que se contratara un seguro que cubriera las enfermedades más costosas, y que con el visto bueno de la Fiduprevisora, éste las pagara directamente a la entidad que las atendiera en cada región.

De ahí que el gobierno propuso que la Upgf que se le reconoce a cada empresa prestadora por paciente atendido fuera menor, ya que se les estaba relevando de atender enfermedades más costosas y de realizar la prevención.

Serían los mismos 38 mil pesos más el 30 por ciento de esa cantidad y no el 37,3 por ciento, como se viene dando. Ese valor variaría según los grupos de edades de acuerdo con los distintos riesgos que representen (un adulto mayor tiene mayor probabilidad de enfermarse más que un joven). Cada docente tendría la libertad para escoger la empresa que desee, según su criterio de calidad.

La polémica

El pasado 27 de diciembre, el gobierno llevó su propuesta a la junta directiva del Fondo del Magisterio que está conformada por representantes de los ministerios de Protección Social, Hacienda y Educación y dos representantes de Fecode. Si bien no se ha aprobado oficialmente el acta de la reunión, fuentes del Ministerio aseguran que, después de una álgida discusión, los representantes de Fecode aprobaron los cambios propuestos, y que así consta en la grabación de audio que se hizo ese día.

Por eso, luego el 19 de febrero el Ministerio de Educación envió una carta a Fecode, notificándoles que abriría las licitaciones correspondientes en los próximos días. Fecode, cuyos dirigentes aseguran en que la junta del Fondo no aprobó nada definitivo, reviró con anuncios públicos de manifestaciones y paros pues consideran que ha habido una arbitrariedad del gobierno.

Como morcillas

Los dirigentes de Fecode argumentan que en realidad no hay descontento entre los usuarios y que las encuestas que muestra no son creíbles. “Las encuestas son como la morcilla: si uno supiera cómo se hacen, no se las comería”, dice Raúl Arroyave, secretario general de Fecode, citando la jocosa frase de Álvaro Gómez. Según dice, las preguntas de la encuesta jamás fueron consultadas a los delegados de Fecode a la junta directiva del Fondo del magisterio.

“Fue una decisión que tomó el gobierno sin consultar”, explica. Por eso, ni él ni sus colegas les creen a los resultados. Y piensan que la idea de contratar a dos prestadoras de salud no sería muy exitosa porque en Bogotá una de las firmas se quebró al poco tiempo de empezar a funcionar.

El sindicato de los profesores considera que si debe haber cambios, serían distintos. Proponen que la Upgf sea de 38 mil pesos más el 60 por ciento de este valor y que no se varíe por grupo de edades y que cualquier persona, sin importar la edad, reciba cualquier tipo de atención.

Consideran que la división del país debe ser por departamentos y no por regiones y que en cada uno haya sólo una empresa que preste servicios de salud y prevención de enfermedades.

Fecode considera que el modelo de competencia que propone el gobierno empeora la calidad porque cada empresa recibiría menos dinero y así no podría prestar un buen servicio. Además, dicen, que si todos los docentes están con una sola empresa, cuando esta no funcione, sus quejas se escucharían porque todos se unirían.

Y para prevenir inconsistencias en el servicio, proponen una red de veedores que vigile la empresa prestadora en su región.

Dueños de las prestadoras

Si bien los líderes de Fecode sostienen que su único interés es proteger los derechos adquiridos de los maestros, su férrea defensa de que sea una sola empresa la que preste el servicio de salud a los docentes por departamento puede tener otras motivaciones.

Según Semana.com investigó, varios capítulos regionales del sindicato de maestros son los dueños de las empresas prestadoras de salud que tienen el monopolio departamental de la prestación del servicio para docentes. Es el caso del Fondo Asistencial del Magisterio del Caquetá (Famac), que presta el servicio en ese departamento y pertenece la Asociación de Institutores del Caquetá (Aica). Lo mismo ocurre con la Unidad Médico Asistencial del Putumayo, que fue conformada por la Asociación de Educadores del Putumayo (Asep). Ver facsímil.

Ambas han tenido el monopolio de este servicio desde hace más de diez años, cuando entró en vigencia el modelo. Es claro que uno de los temores de que entre un competidor es que podría perjudicarlas económicamente porque “son empresas muy pequeñas”, según coinciden varios docentes.

“Eso no es ilegal”, dice el secretario de Fecode, Arroyave, y explica que hay apartes en la norma que permiten que sean los mismos docentes quienes conformen las empresas para su misma salud. En el gobierno también consideran que no hay problema en que los docentes mismos creen sus empresas para prestar el servicio de salud. Y si estas empresas prestan un buen servicio al usuario no tendrán nada qué temer frente a una competencia, pues los usuarios tendrán doble razón para serles fieles: el buen servicio y el hecho de que sea de sus colegas.

La otra crítica es que estas empresas se conviertan en fortín político de dirigentes regionales o nacionales. Por ejemplo, la empresa que prestaba la salud a los docentes del Santander estaba controlada por el ex senador Luis Alberto Gil, luego investigado por sus supuestos vínculos con paramilitares.

Así también en la junta directiva de la prestadora del Caquetá es la misma que la del gremio docente local, Aica, y está conformada por 13 integrantes. De éstos, seis son cuota del senador Jorge Guevara, del Polo Democrático, según le aseguró a Semana.com una fuente cercana a la asociación. Esa información fue confirmada por otro líder político de la región. La participación de la gente cercana al político ha sido una constante en la empresa, lo que le ha dado maniobra para decidir tanto sobre el sindicato como sobre la empresa de salud.

El Secretario general de Fecode no ve con malos ojos tales relaciones. “Los dueños de las empresas prestadoras de salud en Colombia siempre serán grupos económicos o personalidades políticas. No son pocos los empresarios reconocidos que tienen su EPS”, dice.

Semana.com encontró que también en Arauca, Chocó, Huila y San Andrés han aparecido docentes dentro de las empresas que prestan la salud para el magisterio. Es decir, que en estos casos, como en los del Caquetá y Putumayo, algunos líderes sindicales tendrían mucho qué perder si se abre la prestación de salud a otras empresas.

“Yo sé bien que los sindicatos de Caquetá y Putumayo son los dueños de las prestadoras de salud. Pero los otros casos no los conozco. Si hay alguna relación allí, es independiente de las intenciones del sindicato”, dice Arroyave, y luego enfatiza en que hay aval de la ley para que los docentes hagan parte de sus empresas de salud y que el servicio es bueno en el país.
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