Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2008/06/20 00:00

Colombia tiene triste liderazgo mundial en ataques a defensores de derechos humanos

Estigmatizaciones, amenazas, persecuciones y muertes denuncia un informe del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos.

Yolanda Izquierdo Berrío, dirigente de la Organización Popular de Vivienda (OPV), fue asesinada el 31 de enero de 2007 después de haber asumido la dirección de un grupo de víctimas de los paramilitares.

Los defensores de derechos humanos en Colombia siguen siendo un blanco para los grupos paramilitares, las guerrillas y funcionarios del Estado. Eso dice en un informe del Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos que presenta un balance sobre las amenazas y muertes de estas personas durante 2007.

“Colombia sigue siendo uno de los países del mundo donde son asesinados un mayor número de defensores de derechos humanos. Así, según la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ), en 2007, 44 defensores fueron asesinados, entre ellos 39 sindicalistas”, dice el balance.

El problema más grave que afrontan es la estigmatización. Durante el año pasado, las autoridades siguieron utilizando “un discurso a veces agresivo contra los defensores, especialmente aquellos que denuncian las violaciones cometidas por los actores armados, y desacreditando sus actividades con acusaciones de alianzas con guerrillas”, cuenta el Observatorio en su documento.

Y no fueron cualquier autoridad. El propio presidente Álvaro Uribe comparó el 3 de febrero de 2007 a los defensores de derechos humanos con “terroristas vestidos de civil”. Y el 17 de octubre dijo que “cada vez que las guerrillas y sus áulicos sienten que se les puede derrotar, el recurso al cual apelan es la denuncia de violación de derechos humanos”.

La ironía es que las guerrillas también agreden a dichos defensores. “En febrero de 2007, varias organizaciones de defensa de los derechos humanos fueron amenazadas de convertirse en “objetivo militar” por las Farc si no “apoyaban la movilización popular y la exigencia de la renuncia de Uribe, para abrir paso a la conformación de un Nuevo Gobierno”.

En 2007, la justicia también puso en entredicho a defensores de derechos humanos, acusándolos de rebelión, sin pruebas sólidas que lo ameritara. El informe cita los ejemplos de Andrés Gil, Óscar Duque, Evaristo Mena y Mario Martínez, miembros de la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra (ACVC), en Barrancabermeja, detenidos el 29 de septiembre de 2007 por militares y agentes del DAS. Los tres tuvieron que ser liberados después por falta de pruebas. 

Todo esto se suma a las constantes amenazas y muertes por parte de grupos paramilitares, que aunque muchos de ellos se desmovilizaron, “continuaron
amenazando a campesinos, miembros de pueblos autóctonos, sindicalistas y defensores de derechos humanos”, dice el Observatorio.

Lamentablemente, los atropellos suelen quedar en la impunidad. Sí existe un programa de protección que el Ministerio del Interior inauguró en 1997 para los defensores de derechos humanos, sindicalistas, periodistas y dirigentes sociales. Pero “dicho programa suscita la desconfianza de la mayoría de sus beneficiarios. En efecto, las medidas de protección consisten principalmente en la adjudicación de escoltas armados, generalmente agentes del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), quienes algunas veces han sido cómplices de actos de intimidación contra las personas que deben proteger. Numerosos defensores de derechos humanos se sienten más protegidos por la ayuda y la presión ejercida por la comunidad internacional, que por las medidas
puestas en marcha por el Gobierno”, denuncia el informe del Observatorio Observatorio para la protección de los defensores de derechos humanos.

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