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| 8/24/2006 12:00:00 AM

Comienza la era del aborto legal en Colombia

Con la interrupción medica del embarazo a una niña de 11 años que fue violada por su padrastro, arranca una nueva fase en la protección de los derechos de la mujer en Colombia. Comunidades religiosas avivan la polémica.

Las leyendas de las pancartas izadas este jueves frente al hospital Simón Bolívar, de Bogotá, ilustraban en detalle la polarización del país frente a un hecho cumplido: comenzó la era del aborto legal en Colombia.

Tres meses y medio después de que la Corte Constitucional avalara la interrupción del embarazo en casos de violación, malformación del feto o grave riesgo para la vida de la madre, los manifestantes de uno y otro bando se dieron cita en el lugar para expresarse frente al nuevo hecho jurídico, con el que el Estado se apartó de los postulados de la iglesia católica que históricamente habían primado en el país.

No se reunieron allí por casualidad. En el quinto piso del centro asistencial una niña de apenas once años se convirtió en la primera mujer colombiana autorizada para interrumpir su embarazo mediante procedimiento médico tras comprobarse que había sido violada por su padrastro. El nerviosismo y la ansiedad de la menor no le nublaron la razón y nunca dudó de su intención por abortar. Sin embargo, el equipo médico del Simón Bolívar tuvo que convocar de emergencia a un cuerpo multidisciplinario que se encargó de orientarla sobre los riesgos de la intervención.

Sumida en su propio dolor, la menor no supo que frente al hospital desfilaban pancartas de alumnas del colegio María Auxiliadora en las que se leía que “el aborto no es cosa de niños”, ni que las activistas de derechos humanos pedían “cadena perpetua para los violadores” y defendían el “derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo”. La niña que -sin pedirlo- se convirtió en símbolo para los detractores y defensores del aborto, sólo fue informada de que la operación no empezaría hasta que el hospital recibiera una autorización firmada por su madre. La certificación llegó a las tres de la tarde y una hora después comenzó el procedimiento.  A las 7:30 p.m. la niña estaba en reposo.

El aborto, hasta hace poco proscrito en la legislación nacional, fue autorizado por la Corte Constitucional desde el 10 de mayo, pero su aplicación se tardó tres meses y medio más debido a algunas dudas jurídicas sobre la fecha en que la disposición entraría en vigor.

Aunque la polémica sobre el tema ha sido tradicionalmente agitada, la discusión de la última semana se tornó más tensa debido a que ya no se está hablando sobre cifras en abstracto sino sobre la tragedia de una menor que desde hace cuatro años era abusada por su padrastro ante el silencio de su familia. El caso, como tantos otros en el país, sólo fue ventilado cuando la niña quedó en embarazo. En esta oportunidad, gracias a que la abuela de la niña se enteró que está tenía siete semanas de gestación.

La justicia no parecía preparada para enfrentar el tema por desconocer aún el fallo proferido por la Corte Constitucional. Sin embargo, la dimensión del drama logró unir a la Corte, la Fiscalía, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo, quienes por separado se pronunciaron avalando el procedimiento en el caso de la menor.

Para el ex defensor del Pueblo y ex constitucionalista Eduardo Cifuentes, el fallo está en firme desde el 10 de mayo, fecha en que salió de la Corte. Pero los hospitales y clínicas se niegan a aplicarlo porque aún no está reglamentado y temen que se les acuse de prácticas indebidas e incluso homicidio. Es decir, está permitido el aborto pero no se sabe qué requisitos debe cumplir el médico que lo practica, qué normas lo protegen, cuáles son los centros asistenciales autorizados para practicarlo, cuánto deben cobrar por hacerlo, ni cuáles son los medicamentos e instrumentos que se deben usar.

En teoría todos estos temas serían definidos por el gobierno tan pronto como saliera el fallo de la Corte. Sin embargo, la dinámica de la violencia sexual en Colombia no dio espera y la misma Corte tuvo que anunciar que esta misma semana publicará el fallo. Conocida esa decisión, el ministro de Protección Social, Diego Palacio, anunció este jueves que reglamentará el tema de inmediato.

Sin desconocer la tragedia de la menor, su caso sirvió como elemento de presión con un mensaje clave para el Estado: En materia de protección de los derechos fundamentales y atención a las tragedias sociales cada día de demora puede causar una nueva tragedia.

No es lo mismo un aborto en un centro médico de primer nivel que uno en una clínica de garaje practicado con ganchos de ropa. Las precarias condiciones de salubridad y atención especializada en los 400.000 abortos clandestinos que se practican anualmente en Colombia causan la quinta parte de las muertes de mujeres en el país.

Por eso aunque la iglesia católica tenga razones morales para oponerse a la interrupción del embarazo, el Estado debe garantizar de inmediato que quienes opten por esta vía, en los casos autorizados por la ley, tengan la mejor atención hospitalaria y no vayan a correr riesgos innecesarios para sus vidas.

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