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| 8/21/2008 12:00:00 AM

Comisión Interamericana investigará caso de golpiza e intimidaciones a camarógrafo colombiano

Richard Vélez fue víctima de graves agresiones físicas y de amenazas que lo obligaron a salir del país a él y su familia. Nunca ha habido justicia en su caso y por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA recibe su denuncia.

Después de 11 años del ataque de militares al camarógrafo Luis Gonzalo Vélez, más conocido por sus amigos como Richard Vélez, no se ha investigado, ni juzgado, ni sancionado ni a un agresor. Su caso ha pasado por la justicia penal militar, la Procuraduría y la Fiscalía y no ha habido ninguna consecuencia jurídica. Por eso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos ha tomado la decisión de estudiarlo.

La historia de este camarógrafo se remonta al 29 de agosto de 1996. Ese día, campesinos del municipio de Morelia, Caquetá, hicieron una marcha para protestar contra la erradicación de los cultivos de coca. Vélez, que en ese entonces trabajaba para el noticiero Colombia 12:30, llegó con su cámara para cubrir la manifestación.

Según su relato, un tremendo aguacero se inició de repente y eso obligó a los campesinos a correr. Para encontrar un techo, debían cruzar un puente que estaba custodiado por soldados del Batallón de Infantería No. 36 de la Duodécima Brigada del Ejército. De acuerdo con la versión que Vélez da a la justicia, los militares, cuando vieron la avalancha de campesinos, les lanzaron gas lacrimógeno, los golpearon y hasta dispararon.

‘Richard’ grabó todo y por eso, dice, los soldados lo insultaron, le apuntaron con un arma en la cabeza y le exigieron que entregara la cinta de su cámara. Pero él se negó a dar el material y, según su versión, lo golpearon con los fusiles, le dieron patadas y le gritaron “entregue la maldita cinta”.

Como consecuencia, Vélez quedó inconsciente, su hígado quedó perforado y con una abundante hemorragia, se le destruyó un testículo, le fracturaron varias costillas, y quedó con heridas en el abdomen y las piernas. La cámara quedó destruida tras la golpiza, pero la cinta se salvó y luego fue difundida por cadenas de varios países.

Vélez permaneció hospitalizado dos días y estuvo incapacitado por otros 15. Pero al ser dado de alta, no terminó su tragedia. Al contrario, ésta apenas comenzaba. Según el testimonio que reposa en su expediente, cuando apenas estaba levantándose de nuevo, empezó a recibir llamadas telefónicas en las que lo amenazaban. “Va a morir, hijo de puta”, “usted tiene el poder de la información, pero nosotros tenemos el poder de las armas”, “va a morir, perro”, le decían.

A su familia también la amenazaron. Según cuenta, una voz le decía a su esposa que “es muy bonita, la voy a dejar viuda”. Y sobre sus dos pequeños hijos las intimidaciones se hacían diciéndole que “voy a quitarle ese par de bastardos”. Una vez, incluso, un hombre pasó en una moto por la escuela donde estudiaba su hijo y le tomó fotografías.

Finalmente, Vélez cuenta que fue víctima de un intento de desaparición forzada el 6 de octubre de 1997. Mientras caminaba hacia su trabajo, un taxi se detuvo a su lado y un hombre armado quiso obligarlo a subir al vehículo, pero él se negó y logró huir. Tuvo que salir del país.

Obviamente, ‘Richard’ denunció todo. Poco después del ataque en Morelia, la Fiscalía anunció públicamente que iniciaría una investigación penal. Sin embargo, el expediente fue a dar a la justicia penal militar.

En junio de 2006, el Juzgado 67 Penal Militar le informó a Vélez que desde el 3 de octubre de 1997 se había archivado el caso. Según los militares, el expediente se perdió durante una toma de las Farc al batallón donde estaba el documento.

La Procuraduría inició dos investigaciones disciplinarias en 1996 contra el comandante del Batallón de Infantería No. 36, general Néstor Ramírez. Pero el caso se archivó y Vélez nunca supo por qué. En la otra investigación que abrió la Procuraduría, sí fueron sancionados dos suboficiales, pero éstos apelaron a una segunda instancia y no se sabe qué pasó en ella, de acuerdo con el historial en que la CIDH sustenta su decisión.

El proceso en la Fiscalía tampoco tuvo buen fin. Según le dijo el camarógrafo a la Comisión, nunca se inició investigación alguna y jamás se acusó a ninguno de los presuntos responsables.

Pero el Estado sí quiso conciliar con ‘Richard’. En 1998 le ofreció a él y su familia una indemnización por 1.200 dólares para mitigar la golpiza y las posteriores amenazas, pero no se llegó a ningún acuerdo porque, para Vélez, el Estado no asumió la responsabilidad de los hechos y la suma de dinero fue insuficiente.

El Ejército argumentó que la Brigada 13 tenía la tarea de garantizar el curso pacífico de la marcha y por eso intervino. La CIDH en el informe donde notifica su admisión de la denuncia de ‘Richard’, explicó que según la defensa de los militares, “el contexto en el que se dio el ataque contra el señor Vélez Restrepo fue enmarcado en un espectro de legalidad y cumplimiento de los miembros de la Fuerza Pública de sus deberes constitucionales”.

Los militares además adujeron que previo a la marcha de los campesinos, se había obtenido información sobre la infiltración de integrantes de la guerrilla de las Farc entre los marchantes y por eso los soldados hicieron presencia permanente en la manifestación. Pero también aclaró que los soldados encargados de esa labor tenían prohibido utilizar armas y sólo podían usar gases lacrimógenos. De acuerdo con su defensa, el Ejército reprochó públicamente la orden de incautar la cámara de Vélez y luego se investigó y sancionó disciplinariamente a los responsables.

Sin embargo no hubo investigación penal formal, porque según lo dictaminó la justicia las pruebas no permitieron deducir si los militares tuvieron algo que ver. Esto a pesar de que los sucesos de ese día tres civiles fueron muertos y varios heridos.

Sobre las agresiones contra Vélez, el Ejército ha dicho que se trata de un hecho aislado, porque otros periodistas pudieron hacer el cubrimiento de la manifestación y salieron ilesos.

Después de conocer ese historial, la CIDH encontró que la justicia colombiana presenta un “retardo injustificado” para tomar decisiones frente al caso y por ello aceptó la denuncia de ‘Richard’.

Ahora la Comisión deberá investigar para establecer si se violaron los derechos a la integridad personal, la libertad de pensamiento y de expresión, la protección a la familia, a la circulación y residencia, los de protección y garantías judiciales y los derechos del niño. Si la CIDH encuentra que hubo una posible infracción a éstos, hará una investigación profunda sobre el caso para castigar a los responsables de la golpiza y las intimidaciones a ‘Richard’ y su familia.
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