Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2008/04/10 00:00

Cómo hacer responsable a un congresista

El Congreso de la República tendrá que decidir en 10 semanas una reforma para defender la democracia. ¿Podrán los políticos curarse a sí mismos?

Plenaria del Congreso, Abril 9 de 2008. Foto: Daniel Reina/Semana.

La influencia de grupos ilegales sobre la política ha tenido graves repercusiones sobre la legitimidad del Estado. El último de los escándalos es la vinculación de congresistas a grupos ilegales armados. Sólo por parapolítica van 131 políticos mencionados en el proceso, de los cuáles 51 congresistas son investigados y 29 de ellos, están detenidos.

Los implicados son investigados por haber fraguado alianzas con grupos de autodefensas –que desplazaron, masacraron e intimidaron a la población civil— con el fin de conseguir el triunfo electoral, controlar los gobiernos locales y, en algunos casos, hacerse a rentas públicas. En otros casos estos políticos actuaron al servicio de intereses o actividades de grupos delincuenciales, como el narcotráfico.

Ante un panorama tan desalentador, para la aclamada “defensa de las instituciones” de la que tanto se habla, urge una reforma política que blinde a los partidos y al Congreso de la influencia de los grupos ilegales. No será tarea fácil ya que son los partidos uribistas los que tienen proporcionalmente más miembros implicados en el escándalo, y son ellos también los que conforman la mayoría que deberá aprobar la reforma.

Ése es el espíritu de la reforma política que se está discutiendo en segunda ronda en el Congreso por la Comisión Primera de la Cámara y que empezó a debatirse desde el año pasado. Se trata de un Acto Legislativo (el número 047 de 2007 Cámara y 14 de 2007 Senado) pues implica reformar la Constitución y por tanto, exige dos vueltas en años distintos. Ya va en el quinto debate y que en 10 semanas debe ser aprobado en una carrera contra reloj.

El Congreso, diezmado a falta de varios de sus miembros y con suplentes que sin haber tenido una votación significativa reemplazan a los congresistas detenidos, tendrá la responsabilidad de regularse a sí mismo. Surge la pregunta: ¿como el Ave Fénix, el Congreso podrá revivir de sus cenizas?

La responsabilidad de los partidos

El eje de la reforma constitucional es el fortalecimiento de los partidos para reducir su vulnerabilidad a la infiltración de los grupos ilegales. No es la primera vez que esto se intenta. La reforma política de 2003 (Acto Legislativo 01) decía en su exposición de motivos que era “para enfrentar la amenaza que para la democracia colombiana representan las estrategias de grupos ilegales destinadas a infiltrarse en los procesos electorales”.

El tema más importante de la discusión, y en el que la mayoría de los partidos está de acuerdo, es en sancionar a los partidos a que avalen políticos que resulten condenados por pertenecer, promover o financiar grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico.

Estas son algunas sanciones que están en discusión:

Se acaba el carrusel: Cuando un congresista sea condenado por parapolítica o farcpolítica o vínculos narcotráfico no lo reemplazará el siguiente de su misma lista, como sucede hoy. Está en discusión de qué manera serían reemplazados: si se le asigna a miembros de otros partidos, según la votación; si se deja la silla vacía hasta la siguiente elección; o si se invalidan los votos del condenado, se hace un nuevo conteo de los votos y con base en el total se determina si el partido podría tener acceso a la curul.

En el último debate, que fue el pasado 9 de abril, el gobierno expresó que está de acuerdo con la propuesta de la silla vacía.

No está contemplado hasta ahora cómo se van a reemplazar a los funcionarios elegidos para cargos uninominales (presidente, alcalde y gobernaciones) ni de corporaciones municipales o departamentales, que resulten condenados por vínculos con grupos ilegales armados.

Esos voticos se pierden: Los votos de los funcionarios elegidos que sean condenados son invalidados. Y si al sumar los votos que le queda, el partido respectivo no alcanza el umbral mínimo perderían su personería jurídica. También se discute si perderían la personería jurídica los partidos cuyos miembros condenados sean más del 50 por ciento de los congresistas de ese partido. Ese umbral mínimo o porcentaje mínimo del total de los votos, que le permitiría a un partido tener personería jurídica está en discusión.

Fuera de lugar: Otro de los beneficios que perdería un partido y está en discusión es la posibilidad de presentar candidatos a las elecciones siguientes en la corporación en la que se haya condenado a uno de sus miembros. Así si su gobernador resultó condenado, no podrá candidatizar a un miembro de su partido para ese cargo en la siguiente elección.

¿Todos pagan?: La reforma política en discusión, hasta ahora, no contempla la devolución de los dineros del Estado, asunto que preocupa a representantes de la sociedad civil y a algunos congresistas. Si el espíritu de la reforma tiene por objetivo responsabilizar a los partidos y a sus miembros, resulta extraño que no se obligue a los candidatos incursos en delitos a devolver el dinero, que por cada voto reciben del Estado.

Dentro de los cambios propuestos para el fortalecimiento de los partidos también está el aumento del umbral de votación para que un partido pueda existir, la financiación estatal a las campañas, la prohibición de una persona milite en dos partidos, la prohibición de que un servidor público elegido aspire a un cargo distinto en el mismo período de tiempo, entre otras.

Varios sectores de la sociedad civil consideran que la reforma en curso se queda corta para lo que realmente necesita una democracia que como la colombiana ha recibido tantos embates de la delincuencia organizada. Lo ideal sería que las nuevas reglas de juego garanticen la trasparencia del ejercicio político para que episodios como el del proceso 8 mil y la parapolítica no se vuelvan a repetir.

Sin embargo, es de gran importancia empezar a resolver el problema de las reglas de juego y sobre todo abrir la discusión para que la ciudadanía reconozca el problema y contribuya a buscar soluciones.


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