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| 7/31/2008 12:00:00 AM

¿Cómo han visto la gestión del Defensor?

Con la elección del Defensor del Pueblo en la recta final, Vólmar Pérez, no oculta su deseo de repetir en el cargo. Para evaluar su gestión, Semana.com conversó con funcionarios de la entidad y otros expertos. Casi todos coinciden en que su gestión fue efectiva hacia adentro, pero que le faltó liderazgo como vocero de la ciudadanía.

El síndrome reeleccionista también ronda por la Defensoría del Pueblo. Aunque Vólmar Pérez, el actual Defensor no ha expresado abiertamente su aspiración a ocupar nuevamente el cargo, cuando se le pregunta por el tema, no rechaza la posibilidad.

La semana entrante se conocerá la terna propuesta por el Ejecutivo, para que la Cámara de Representantes elija el nuevo Defensor que ocupará el cargo por cuatro años a partir del próximo 1 de septiembre. Para el puesto suenan los nombres de los ex viceministros de Justicia Guillermo Reyes, y Rafael Nieto; y de Alberto Casas, secretario de Coldeportes; Wilson Ruiz y Paula Gaviria, abogados; Mario Gómez, director de la Fundación Restrepo Barco, ente otros.

Ante la aspiración no expresa del actual Defensor, surge la pregunta por cómo ha sido su gestión. Al hacer un balance, las opiniones son encontradas. Aunque hay ONG y representantes de la sociedad civil que han seguido su función y la aplauden también hay quienes la cuestionan duramente.

Para el ex Defensor y hoy magistrado de la Corte Constitucional, Jaime Córdoba Triviño, la gestión de Pérez “ha contribuido a la consolidación de la función pública de la Defensoría de acercarse a los sectores más vulnerables de la población. Ha tenido una buena sintonía con la jurisprudencia y la Procuraduría. Hoy se valora como una institución en la que la gente tiene confianza”, dijo.

Sin embargo, Córdoba indicó que a la institución le hace falta tener una actitud más propositiva en la creación de leyes, una relación más coordinada con las ONG y mecanismos de promoción y divulgación de los derechos. “En concreto el Defensor ha tenido un buen liderazgo al interior de la institución, pero creo que le ha hecho falta presencia en los medios”, puntualizó Córdoba.

A pesar de eso, el 75 por ciento de los colombianos tienen una opinión favorable de la Defensoría, según la última encuesta de Gallup. Ocupa el quinto puesto en las escala de favorabilidad de las instituciones del Estado.

Justicia y Paz: lánguida respuesta institucional

El reto más importante de la gestión de Pérez ha sido el que nació del proceso de desmovilización de los grupos paramilitares y el surgimiento de un grupo de víctimas que el país desconocía. La desbordante cantidad de denuncias ha evidenciado la dificultad de las entidades a las que la Ley de Justicia y Paz les atribuyó nuevas responsabilidades, de manera explícita o implícita, para ajustarse rápidamente a los nuevos retos.

Por esta razón, Patricia Buriticá, integrante de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación (Cnrr), dijo a Semana.com que el balance de la Defensoría en este período “no es muy bueno. Cuando entró en vigencia de la Ley de Justicia y Paz no se previó el volumen de las víctimas y la respuesta estatal se quedó corta”. Buriticá, además criticó la gestión de Pérez argumentando que fue más cercana al gobierno que a la ciudadanía.

Aunque la función esencial del organismo es defender a los posibles imputados que carecen de recursos, la Ley 975 de Justicia y Paz delegó la responsabilidad de la representación judicial de las víctimas a la Defensoría. Sin embargo, no ordenó la creación de una unidad especializada en esta área, lo que sí hizo con la Fiscalía y la Procuraduría.

Sin embargo, Pérez, a través de un acto administrativo, creó en la Defensoría la unidad encargada de asesorar y representar a las víctimas que no pueden pagar un abogado particular para su representación durante el proceso. “El objetivo es lograr que las víctimas sean sujetos de derechos. Nosotros diseñamos, junto con otras instituciones, la ruta para que las víctimas reciban la orientación necesaria para acceder a la justicia y la verdad. También les damos ayuda sicosocial”, explicó Patricia Luna, encargada de la dirección de la unidad de Justicia y Paz de la Defensoría.

A pesar del esfuerzo por responder a la nueva situación, esta unidad solo cuenta con 64 defensores para atender los casos de 138 mil víctimas que están registradas en la Fiscalía. Aunque este año serán nombrados otros 11, la cantidad sigue siendo insuficiente para que la Defensoría pueda hacer un trabajo eficaz.

La pequeñez de la institución ante el proceso de Justicia y Paz fue denunciada por el senador Armando Benedetti quien además pidió la renuncia de Pérez y del director de la Cnrr, Eduardo Pizarro, por lo que él considera "su desinterés y falta de asistencia a las víctimas".

Pérez respondió que “ninguna de las solicitudes para la representación judicial de las víctimas ha quedado desatendida. La prueba está en las certificaciones que nos ha dado la Fiscalía”. La Defensoría atendió hasta febrero de este año 20.889 solicitudes (cada una puede significar la representación a varias personas, en el caso de los grupos de víctimas).

Para Iván Cepeda, director del Movimiento de victimas Crímenes de Estado (Movice), y quien le ha hecho seguimiento a la actuación de la Defensoría, explicó que el problema de la defensa de los derechos de las víctimas estriba en la falta de recursos del organismo. “Pérez logró avances al darle continuidad a los programas creados por sus antecesores, y en ese sentido fue positiva”. Sin embargo Cepeda señaló que es necesario que el próximo Defensor tenga una participación pública más activa en todos los aspectos que comprometan la protección de los derechos humanos.

Una política pública para los desplazados

Marco Romero, presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos (Codhes) y quien ha investigado el problema del desplazamiento aduce que “la institución ha tenido un diálogo abierto con las organizaciones y ha hecho una gestión positiva con muchos esfuerzos. Saludamos lo que ha hecho, pero esperamos que el próximo Defensor pueda aumentar la capacidad de protección a la población en las zonas del conflicto”, dijo Marco Romero.

Ante la posición del gobierno al decir que en Colombia no existe un conflicto armado, la Defensoría se ha pronunciado señalando lo contrario y reconociendo a los desplazados como las principales víctimas del conflicto. Así lo explica Hernando Toro, el coordinador encargado de la defensa de los desplazados.

Durante la gestión de Pérez, Toro, quien lleva trabajando en la entidad por varios años, destaca la creación de la oficina nacional encargada del tema. “Estamos trabajando en la creación de una política pública para que desde el gobierno se reconozca que los desplazados son sujetos de derecho, también acompañamos a las comunidades desplazadas o en riesgo. Hay zonas receptoras en donde la única presencia institucional la hacemos nosotros”, dijo el defensor para los desplazados.

Toro argumentó que las víctimas no son sólo las que se reconocían en Justicia y Paz, sino que los 3 millones de desplazados en Colombia tienen que ser reconocidos como tales por el Estado a la luz del Estatuto de Roma. Toro señaló que en Colombia hacen falta políticas públicas diseñadas específicamente para ellos y denunció la falta de condenas a los causantes de esta situación. “La garantía de la protección a los derechos de los desplazados es letra muerta. Por eso estamos ante un estado de cosas inconstitucional”, enfatizó Toro.

Hasta ahora, el 70 por ciento de los recursos que recibe la Defensoría para la atención a los desplazados proviene de cooperación internacional. Sin embargo, Toro es optimista y aduce que en los próximos meses la participación presupuestal del gobierno va a ser mayor debido al trabajo hecho por la institución.

El deber del elegido

El Defensor es una suerte de intermediario entre la ciudadanía y la administración pública. Para cumplir con esta función la Defensoría debería contar con mecanismos adecuados para atender a los reclamos de los ciudadanos con la celeridad que requiere la protección de sus derechos e intereses.

Sin embargo el hecho de que no cuente con ellos no lo exime de su deber que es interponer acciones populares en representación de grupos de ciudadanos, así como acciones de tutela y habeas corpus a favor de personas cuando el caso lo amerite.

Su papel es el de representar a las minorías, grupos vulnerables de la sociedad y las ONG. En una coyuntura de conflicto, en la cual se ha despojado a campesinos de sus tierras, en la que se ha evidenciado que hubo presión paramilitar en las votaciones de algunas regiones, entre otros vejámenes a la población civil, los defensores tienen además que asumir un papel protagónico para defender los derechos sociales y políticos de la ciudadanía.

Ante la elección del próximo Defensor, representantes de la ciudadanía y de ongs harán una veeduría para que la elección sea transparente y de cara a las necesidades del país. El investigador de Indepaz Leonardo González, quien opina que la gestión de Pérez no ha sido “ni buena, ni mala”, expresa el sentir de la mayoría: “Esperamos que el Defensor que venga sea mejor”, dijo. Incluso hay quienes se preguntan por qué no suena el nombre de una mujer para la terna, para que tenga un carácter más pluralista.

Corre el rumor de que el cargo será producto de un acuerdo político del gobierno con el Partido Conservador, lo que ha motivado el rechazo de los sectores preocupados por la defensa de los derechos humanos.

“Me resisto a creer en esa versión, porque de ser cierta significaría que a quien corresponde la guarda y promoción de los derechos humanos sería el resultado de un acuerdo político y no de un compromiso ético y profesional”, escribió esta semana el Representante a la Cámara, Guillermo Rivera en una carta dirigida al Presidente.

Así mismo le propuso al Jefe de Estado “liderar un proceso de selección en el que se escuchen las voces de la organizaciones de la sociedad civil que contribuyan a promover los derechos humanos y las facultades de derecho, entre otras”.

Muchos de los consultados esperan que el nuevo Defensor continúe con la labor que ha venido haciendo Pérez de darle continuidad a los programas ya creados y al fortalecer internamente la institución, pero que además tenga una vocería más activa de la ciudadanía, especialmente de los desvalidos; una mayor cercanía con la población.


¿Quién es Pérez?

Pérez, oriundo de Ocaña, Norte de Santander llegó a la institución en 1996 tras haber sido Jefe de Personal bajo las alcaldías de Juan Martín Caicedo y de Jaime Castro en Bogotá. Desde entonces entró a la Defensoría en donde ha hecho carrera. Allí ha sido Veedor Jefe, Director Nacional de Quejas, Secretario General y Defensor encargado. Entre 1999 y 2000 fue delegado para derechos económicos, sociales y culturales, y miembro de la Comisión Institucional Permanente de Seguimiento a los casos de violaciones a los derechos humanos, en la Vicepresidencia de la República.

El 2 de septiembre de 2003, cuando Eduardo Cifuentes renunció a la Defensoría, Pérez asumió el cargo como encargado para el cual fue ratificado, y en 2006 se posesionó. Entre el 2004 y 2007, tiempo en el que se construyó una pre agenda para los acercamientos entre el gobierno de Álvaro Uribe y el ELN, acompañó las discusiones y estuvo en varias de las rondas de negociación de las partes, en la Habana, Cuba.

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