“Con esta extradición, Colombia y EEUU serán mejores países".

En una rueda de prensa, el embajador de los Estados Unidos, William Brownfield, dijo que los 14 paramilitares, que fueron extraditados a su país a las 6:45 de la mañana de hoy ya se encuentran en los Estados Unidos. Añadió que la extradición se hizo respetando las mismas normas y procedimientos que se han hecho en todos los demás procesos (101 en lo que va corrido del año, y más de 600 en los últimos seis años). Lo único inusual fue la hora en que se hizo el operativo.

Los 14 paramilitares serán acusados por las autoridades federales en cinco distritos (Texas, Florida- Miami y Tampa- , Columbia, Nueva York) por uno o varios de estos delitos: producción o tráfico de drogas, lavado de activos y actividades relacionadas y apoyo material al terrorismo. Pero aclaró que una vez cumplan con los procesos por los cuales serán condenados en los Estados Unidos, podrán ser solicitados por la justicia colombiana para que respondan por otros crímenes, ya que el sistema legal colombiano también podrá aplicar sus sentencias y sus sanciones consecutivamente.

Sin embargo, el embajador no fue explícito sobre cómo serían los procesos exactos con los cuáles se haría esta cooperación judicial ni cómo se financiarían. En términos generales, los costos de este proceso de colaboración tendrán que ser asumidos por ambos países. Los tribunales, los gobiernos y las Fiscalías tendrán que asumir esa responsabilidad, excepto cuando los ciudadanos decidan demandar a través de un juicio civil a uno de los extraditados. En este caso las víctimas también tendrían que pagar.

Los compromisos de cooperación

El embajador afirmó que los Estados Unidos brindará todas las posibilidades de acceso y colaboración a la justicia colombiana. Dijo que las víctimas o sus representantes, y los fiscales colombianos tendrán acceso al sistema legal, a la propiedad y a los individuos mismos extraditados a los Estados Unidos a través de varios mecanismos.

Dentro del arreglo que tienen los dos gobiernos para recuperar propiedades dentro de procesos que se siguen con narcotraficantes extraditados, Estados Unidos haría una transferencia de esos fondos o bienes a Colombia. Estados Unidos no tiene derecho a acceder a esos bienes o esas propiedades.

Luego afirmó que Estados Unidos respeta los convenios internacionales que permiten colaboración entre los gobiernos en cuestiones legales, y mencionó específicamente los tratados con Naciones Unidas y la OEA, pero no aclaró si los paras extraditados podrán ser condenados también por la Corte Penal Internacional, mientras estén en ese país.

Habló de la colaboración entre los tribunales colombianos y estadounidenses a través del proceso rogatorio y sobre la posibilidad de que cualquier ciudadano del mundo interponga un proceso civil contra cualquiera de estos señores.

Dijo también que existe un compromiso del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de compartir evidencia e información con las autoridades colombianas y para que los fiscales de justicia y paz tengan acceso directo a los extraditados. Si los jueces y magistrados de las cortes requerían tener acceso a estos extraditados dentro de sus investigaciones en procesos de parapolítica, tenían todo el derecho de hacerlo a través del sistema rogatorio. “Tendríamos que ver como se hace ese pedido de acceso, si es directo, a través del ejecutivo, de la cancillería o del gobierno nacional, no sé, pero estoy convencido que ya que tenemos el mismo objetivo, (entre ambos gobiernos) debe ser posible”, dijo.

Pero aclaró que cualquier ciudadano que sea extraditado a los Estados Unidos tiene derechos que no pueden ser quebrantados solo por haber sido extraditados, y tienen derecho a defenderse como cualquier ciudadano. “Lo que no se puede hacer es cambiar la voluntad y la actitud de los extraditados”, dijo y añadió luego, “No me corresponde a mí, un diplomático, decirles si esos 14 colaboraban o no con Justicia y Paz, esa es una decisión de los colombianos y sus instituciones”.

Pero más allá de la voluntad y los compromisos políticos formales en ambos países, y de los derechos y la obligación a brindar acceso a la justicia, los dos gobiernos tendrán que crear un sistema de cooperación eficaz que aún no está enteramente definido y que debe contemplar también los costos adicionales que implicará para ambos gobiernos, tribunales y fiscalías, llegar a la verdad, justicia y reparación de las víctimas, para asegurar que estas no sean las grandes perdedoras con esta decisión.