Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2008/04/21 00:00

¿Con nuevos ajustes, queda la reforma hecha paños de agua tibia?

Empeñado en salvar el proyecto, el Ejecutivo acaba de proponer ajustes de la reforma política que entrará en su sexto debate ante el Pleno de la Cámara. ¿Saldrá de ahí una reforma con dientes?

Congreso de la República Foto: Guillermo Torres

Los líderes de los partidos uribistas, el presidente Álvaro Uribe y asesores de su gobierno, llegaron a un nuevo acuerdo sobre la Reforma Política que impulsarán en los tres debates que le quedan: en plenaria de la Cámara de Representantes, en la Comisión Primera del Senado y el último en plenaria de esta corporación. Anoche, en una alocución, el Presidente dio a conocer cuáles serían los cambios que tendría la Constitución vigente.

“La Reforma no debe ser restrictiva de los partidos minoritarios ni de los movimientos políticos o candidaturas apoyadas en firmas de ciudadanos”, dijo Uribe. Por esa razón en la propuesta acordada se disminuyó el umbral, que fue aprobado en Comisión Primera de la Cámara, del 5 por ciento al 3 por ciento; es decir, que sólo obtendrían la personería jurídica los partidos que obtengan mínimo el 3 por ciento del total de votos de la elección respectiva. Quienes ganaron la personería con umbral del 2, la podrán conservar siempre y cuando obtengan curules en el 2010.

Para los movimientos o candidatos regionales apoyados con firmas, se acordó no aumentar el porcentaje requerido, que en el texto aprobado en quinto debate era el 30 por ciento del censo electoral en la respectiva circunscripción. El vigente es del 20 por ciento.

”Otras normas como la prohibición a los gobernadores y alcaldes, diputados y concejales a aspirar al Congreso, o las dificultades para el cambio de partido, no se deben llevar al nivel Constitucional” dijo el mandatario.

El gobierno y los partidos uribistas acordaron impulsar la ‘silla vacía’ tal como estaba aprobada: con pérdida de curul en el momento de que un congresista sea condenado por los delitos de pertenecía, promoción o financiación de grupos al margen de la ley. Sólo que ahora la condena que causaría la pérdida de la curul, explicó el mandatario, sería la dictada en las instancias ordinarias, sin esperar el resultado de recursos extraordinarios de casación, que podrían durar mucho tiempo, en perjuicio de la necesidad de castigar al respectivo partido.

El acuerdo propone que la sanción sea retroactiva, “por tratarse de un tema de respeto a la democracia, sustancial a la confianza que es base de la solidez de las instituciones”, según explicó el Presidente, quien además dijo que su política de Seguridad Democrática era el mejor remedio a la infiltración en la política de grupos terroristas.
La reforma política comienza su cuenta regresiva. Para el gobierno es urgente salvar el proyecto de ley, pues con ella lograría responder a la sonada falta de legitimidad del Congreso salpicado por el escándalo de la parapolítica que no sólo le traería aplausos, sino también margen de gobernabilidad.

En un comienzo, la reforma se formuló como una salida a la crisis institucional, con la intención de sancionar a los partidos cuyos miembros se encontraban relacionados con grupos armados ilegales o actividades de narcotráfico. Sin embargo, al proyecto de reforma se le colgó otro componente que fue la oportunidad de fortalecer los partidos grandes y evitar su atomización; hecho que corría el riesgo de desviar el propósito original y que la convirtió en lo que los analistas han llamado irónicamente una “reformita”.

Este anuncio del gobierno le resta tensión al componente polémico que buscaba favorecer el fortalecimiento de los partidos que tiene esta reforma al bajar el umbral y mantener el porcentaje de firmas para los movimientos pequeños que quieran apoyar una candidatura.
La senadora Gina Parody dijo a Semana.com que la nueva propuesta acordada entre el gobierno y la coalición avanzaba al abrir la puerta a los partidos pequeños y movimientos pero dejaba de lado lo más importante: imponer sanciones drásticas.

“Es un avance bajar el umbral y mantener la cantidad de firmas, aspectos que se la habían colgado a la reforma con el fin de cerrar las puertas a otros partidos. Pero no avanzamos en el tema más importante que es cómo se van a sancionar los partidos cuyos miembros están investigados por vínculos con grupos ilegales. Aplicar la ‘silla vacía’, en el momento de estar ejecutoriada la sentencia de condena a un congresista, no va a funcionar. Necesitamos aplicar un tipo de medida preventiva, como la silla vacía cuando se le dicte medida de aseguramiento a un congresista”, dijo.

Otros congresistas como el senador Gustavo Petro, del Polo Democrático, y Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, fueron más incisivos en las críticas al proyecto que calificaron de una burla para el país. “Esa reforma no sirve para nada. La talanquera que puso el gobierno a una reforma profunda, que sería convocar a una Constituyente, es la demostración de que está colocando el interés de unos pocos por encima del interés de la mayoría”, dijo Petro.

En el debate no están contemplados temas como el voto preferente, la democratización interna de los partidos, entre otros, que han sido invocados como necesarios para una reforma política seria. Ante esa falta de dientes del proyecto para blindar y fortalecer la democracia efectivamente, el gobierno anunció que a partir del 20 de julio, integrará una Comisión de Reajuste Institucional para presentar uno nuevo.

También expresó que apoyará el proyecto de reforma electoral presentado por la senadora Nancy Patricia Gutiérrez, que tiene por objetivo establecer las reglas de la competencia democrática.

La preocupación más grande del Ejecutivo, es que el proyecto se hunda en la Comisión Primera de la Cámara. Las razones: dos de los senadores uribistas no están de acuerdo con el proyecto, y 6 de los 19 que integran la comisión, deberían declararse impedidos para votar en el debate, pues se encuentran ante un evidente conflicto de intereses por verse afectados directamente con la entrada en vigencia del Acto Legislativo. Cinco de ellos están investigados por parapolítica y el otro está reemplazando a un parlamentario en juicio por la misma causa.

Sin embargo, ante la urgencia de encontrar una salida a la crisis –ya van 66 congresistas, de los elegidos en 2006, involucrados en el proceso, de los cuales 29 están en la cárcel-, el Ejecutivo busca un mecanismo que salve el proyecto.

La estrategia a implementar, según expuso el Ministro de Justicia Carlos Holguín Sardi en entrevista con La W, es reemplazar a los senadores de la Comisión Primera que están inhabilitados para votar la reforma, por miembros de otras comisiones.

No obstante, esto implicaría la renuncia de los congresistas y la aprobación de los cambios por el pleno del Senado, según explicó Petro, quien calificó la jugada como una trapisonda. Si se llega a poner en práctica el rebuscado mecanismo, quedaría en entredicho la legitimidad de la reforma, pues se habría acomodado el reglamento del Congreso para obtener una mayoría en la Comisión que la debe votar.

¿Tiene algo que decir? Comente

Para comentar este artículo usted debe ser un usuario registrado.