Congresistas suscriptores del ‘acuerdo de Ralito’ fueron llamados a indagatoria por concierto para delinquir agravado

La lista de congresistas investigados por su vinculación al escándalo de la ‘parapolítica’ sigue creciendo. Este miércoles la Corte Suprema de Justicia llamó a indagatoria a los cinco legisladores que suscribieron el ‘acuerdo de Ralito’ con los jefes paramilitares Salvatore Mancuso, Diego Vecino, Jorge 40 y alias Don Berna. El alto tribunal intentará establecer en qué condiciones se dio la presencia de los legisladores en la cita y cuáles fueron los beneficios electorales que se derivaron de ella, si los hubo.

La medida cobija a los congresistas Juan Manuel López Cabrales, Miguel de la Espriella, Reginaldo Montes, William Montes y José de los Santos Negrete, quienes deberán comparecer ante la Sala Penal de la Corte el 28 de marzo, según anunció el magistrado Alfredo Gómez Quintero, presidente de la misma. Se indagará si incurrieron en la conducta de concierto para delinquir agravado, que podría darles una pena de seis años de prisión. Alfonso Campo Escobar, otro de los congresistas que suscribió el documento, ya respondió las preguntas de la Corte sobre el tema durante su ampliación de indagatoria, por lo cual no fue citado en esta ocasión.

López Cabrales es uno de los mayores electores del la Costa Atlántica colombiana y pertenece a un clan liberal que en numerosas oportunidades denunció las presiones de los paramilitares contra el proceso electoral. Sin embargo, hace más de un año protagonizó un bochornoso incidente con su colega y rival de patio Miguel De la Espriella, con quien se acusó mutuamente de tener nexos con las autodefensas de Mancuso. Aunque en su momento el presidente Álvaro Uribe, testigo de la riña, le pidió a las autoridades que investigaran lo ocurrido, el tema sólo volvió a sonar a finales del año pasado, cuando De la Espriella reconoció públicamente que se había reunido con jefes paras en una cita a la que también acudieron muchos otros jefes políticos de Sucre y Córdoba. Luego, Mancuso reveló el documento suscrito en el encuentro con las firmas de los asistentes.

Reginaldo Montes es senador por Cambio Radical. Fue representante a la Cámara en dos periodos por movimientos disidentes del liberalismo. Primero apoyó al gobierno de Andrés Pastrana y luego al de Álvaro Uribe. Es un destacado abogado que desde la comisión primera de la Cámara tomó protagonismo durante la discusión de proyectos y debates candentes como las reformas a los códigos procesal y penal, la ley de extinción de dominio, entre otras.

William Montes pertenece al oficialismo conservador y lleva varios periodos en el Congreso por el departamento de Bolívar. Fue presidente del directorio departamental que en su momento avaló la candidatura de Héctor Julio Alfonso (el hijo de la Gata, Enilse López) a la Cámara.

José de los Santos Negrete fue elegido representante por Córdoba en las pasadas elecciones de Cámara de Representantes también por el partido Conservador.

Además de las firmas de los seis congresistas (incluido Campo Escobar), el texto fue suscrito por cuatro ex jefes paras, dos ex gobernadores, cinco ex alcaldes, seis ex congresistas y siete líderes regionales. Todos ellos, excepto los jefes paras, fueron llamados a indagatoria desde el 20 de marzo por la Fiscalía General, órgano competente para investigar a quienes ya perdieron su fuero de congresistas.

El documento de Ralito planteaba un pacto para “refundar la Patria” en momentos en que el gobierno de Andrés Pastrana negociaba con las Farc. Aunque el ministro del Interior, Carlos Holguín, señaló que no le ve nada impropio al acuerdo y que él mismo lo suscribiría, las dudas giran en torno a la legalidad de firmar convenios a escondidas con grupos al margen de la ley (lo tuvieron oculto durante más de cinco años) y las consecuencias electorales del mismo.

Con el llamado a indagatoria de los cinco congresistas el cuadro de salpicados por el escándalo de la ‘parapolítica’ se amplía y queda de la siguiente forma: 3 congresistas y una ex congresista presos, así como un ex gobernador prófugo por las investigaciones relacionadas con las masacres ocurridas en Sucre. Seis congresistas presos y un ex gobernador prófugo por las investigaciones sobre fraude electoral en Magdalena y Cesar. El ex gobernador (Álvaro Araujo Noguera) y uno de los senadores (Álvaro Araujo Castro) están a la vez vinculados por secuestro extorsivo. Un ex gobernador suspendido (Trino Luna, de Magdalena) y otro más indagado (Hernando Molina, de Cesar) por las investigaciones sobre imposición de candidatos únicos en las elecciones de gobernadores de 2003. Y ahora, 28 líderes políticos a indagatoria (entre ellos cinco congresistas y seis ex congresistas) por suscribir el acuerdo de Ralito con las autodefensas. Salvo los casos de los liberales Freddy Sánchez y Juan Manuel López Cabrales, los demás salpicados pertenecen a la coalición de gobierno.