Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2007/09/14 00:00

Consejo Electoral le revocó el aval a candidato a gobernación de Casanare que estaba inhabilitado

La decisión demuestra que la autoridad electoral sí puede impedir que personas impedidas lleguen al poder, pero para ello necesita la colaboración de los ciudadanos.

Pese a puntear en las encuestas, William Pérez no podrá ser gobernador de Casanare porque el CNE le revocó el aval electoral.

William Pérez se sentía casi como el nuevo gobernador de Casanare. No sólo lo decían las encuestas y la clase política del departamento, sino que lo pensaban quienes asistieron a alguna de las fastuosas reuniones que protagonizó durante el último año por la región. Tenía de todo. Reconocimiento político, aval, votos y, dicen sus contradictores, mucho dinero. Pero su aspiración acaba de recibir un golpe decisivo por parte del Consejo Nacional Electoral, que revocó el aval a su inscripción y lo dejó por fuera de la contienda electoral.

Había sido gobernador entre 2001 y 2003 y hace un año se dio el lujo de desechar un ofrecimiento para llegar al Congreso porque quería postularse para repetir cargo. Abogado y periodista, Pérez pretendía una nueva elección pese a que había sido inhabilitado por manejos irregulares durante su primera administración, y estuvo a punto de lograrlo.

Contra Pérez hubo hasta 28 investigaciones penales y 28 quejas disciplinarias por casos que iban desde celebración indebida de contratos hasta vínculos con las AUC. Pero siempre negó que su pasado fuera obstáculo para una nueva aspiración. Conocedor del tejemaneje de la política, sabía que la organización electoral no puede negarle la inscripción a un candidato así su impedimento sea de conocimiento público. Lo peor que podría ocurrirle –así lo creía- era que alguien demandara su elección, pero ese proceso es muy demorado y solo podría comenzar cuando él ganara en las urnas. Es decir, podría ejercer el cargo durante la mayoría del periodo, como ocurre comúnmente en Colombia con los candidatos impedidos.

Con lo que no contaban Pérez, ni sus colaboradores, ni muchos colombianos escépticos, era con que existe una forma de evitar que el candidato impedido llegue a las urnas, mediante la revocatoria del aval por parte de la autoridad electoral. Desde hace varios meses los casanareños fueron enterados de su inhabilidad, y no pasó nada. El Partido Apertura Liberal, que le concedió el aval, también lo supo, y tampoco pasó nada. Hace dos semanas la Procuraduría divulgó un informe en el que señalaba que 269 de los 77.713 candidatos inscritos para las elecciones de octubre presentaban impedimentos y aunque Pérez figuraba en ese listado, seguía sin pasar nada.

Pero un ciudadano común y corriente -muy probablemente amigo de un rival político de Pérez- decidió acudir al Consejo Electoral para pedirle que revocara el aval concedido por el partido político. No se trataba de impedirle la inscripción a Pérez, sino de que, ya aceptada, la revocara como consecuencia de su impedimento.

El Consejo Electoral encontró que la solicitud se ajustaba al artículo 7 de la ley 130 de 1994 (estatuto de los Partidos Políticos) que les concede autonomía a dichas colectividades pero las obliga a actuar con respecto al orden constitucional. En consecuencia, aunque Apertura Liberal pasó de agache ante las solicitudes de retiro de su candidato cuestionado, éste se tuvo que ir porque alguien bien informado sobre su inhabilidad (que es hasta 2009) presentó la solicitud de impugnación del aval antes de los 20 días de que éste le fuera concedido a Pérez.

Así las cosas, el partido del desinvestido ex congresista Miguel Ángel Flórez se quedó sin su carta ganadora para Casanare y ahora la pelea está entre el liberal Efrén González y Raúl Flórez, del Partido de la U.

Pero la expulsión de Pérez tampoco garantiza que éste quede marginado de la contienda, pues a última hora podría lograr un acuerdo político con otro dirigente. Tratándose de un departamento que recibe más de 500 mil millones de pesos anuales por concepto de regalías no sería raro que los políticos distantes terminaran juntándose a la hora del debate electoral.

Entre tanto, la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía continúan investigando hasta qué punto llegó la infiltración paramilitar en la zona y cuáles fueron los políticos que se prestaron para ello. Por dicho caso hay seis alcaldes y un congresista casanareños presos, y en algunos de los testimonios acopiados también aparece mencionado el ahora ex candidato Pérez.

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