Continúa puja por garantías para rescate de cuerpos de diputados asesinados en cautiverio

Como si la tragedia por el secuestro y posterior asesinato de los once diputados del Valle no fuera suficiente, ahora el país asiste a un nuevo tira y afloje entre y gobierno y las Farc por la devolución de los cadáveres. La misma puja que las partes mantuvieron mientras los 11 políticos vallecaucanos estaban con vida se extiende ahora para la entrega de sus despojos a las familias.

Los parientes de los funcionarios asesinados no pueden entenderlo. Si fue triste que el país tuviera que marchar para repudiar su secuestro y muerte (no debería haber marchas porque no debería existir secuestros ni asesinatos) es aún más desalentador que aún después de matarlos, a los diputados se les siga usando con fines políticos. Al igual que cuando estaban vivos, gobierno y Farc libran una puja igual de intensa mientras que los familiares solo les ruegan que pasen de las palabras a los hechos.

Tres semanas después de la muerte de los rehenes durante un supuesto combate al sur del país, las Farc –conocedoras del gravísimo error que cometieron- se dicen interesadas en la pronta devolución de los cadáveres, para lo cual solicitaron el respaldo del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) como garante neutral. A su turno el presidente Álvaro Uribe sostiene que desde el momento en que se enteró del asesinato de los miembros de la duma dio instrucciones para apoyar las labores humanitarias del CICR.

Mientras comunicado va y comunicado viene entre las partes, el organismo internacional ya aceptó iniciar la mediación con la condición de que las labores se hagan con absoluta confidencialidad. Nadie duda de la prudencia del CICR, pero conocidas las desconfianzas entre gobierno y guerrilla es de esperar que el proceso sea lento. No en vano las Farc anunciaron este martes 10 de julio que “la numerosa presencia en la zona donde sucedieron los trágicos hechos de tropas oficiales y paraestatales, primero empeñadas en el rescate por la fuerza ordenado por el Presidente y ahora en impedir la entrega rápida de los muertos, es la causa principal del indeseado retardo”. Para el gobierno, las Farc retrasan la devolución de los cadáveres porque quieren dificultar los exámenes forenses que esclarezcan las causas de su muerte. Para las Farc, la lentitud se debe a que el gobierno no suspende los operativos militares, cuya realización no ha sido reconocida oficialmente.

La verdad que se esconde detrás del pulso es la que demostraría si fue cierto que hubo combates, lo cual se puede probar con los exámenes forenses a los cuerpos. En caso de que así haya sido, se cumplirían también las sospechas de varios de los familiares de los diputados, entre quienes hace curso la teoría de que las fuerzas militares sí están buscando el rescate militar de los plagiados, idea que el gobierno niega por una razón fundamental: Aunque la responsabilidad directa por la muerte de los secuestrados es de quien les quitó la libertad, los guerrilleros ya habían advertido que en caso de intento de rescate les quitarían la vida a los rehenes.

A estos intereses y estrategias internas se suma, de manera indirecta, la condena contra Simón Trinidad por el secuestro de tres cooperantes norteamericanos proferida por un juez del tribunal de Washington. Antes de que se conozca la pena que le será impuesta al guerrillero, el fiscal Kenneth Kohl aseguró que si las Farc liberan a los estadounidenses solicitará que ésta le sea rebajada. La movida parece políticamente audaz, pero tratándose de una estructura armada como las Farc es poco probable que el grupo guerrillero la acepte. Lo cierto es que con la condena para Trinidad (sea la que sea) quedó más que sepultada la ya imposible petición de las Farc de su retorno al país para incluirlo en el ‘canje’.

Mientras tanto, las familias de los diputados asesinados y las de los demás secuestrados siguen esperando una solución a sus dramas.