Contraataque desde tierra

Cuando está en el aire es “Coyote”. Pero su nombre de pila es Luvier Fernando Lugo Grandez. Es capitán de la Policía. Sus 29 años de vida los ha vivido como pocos hombres de su edad y como muchos hombres de guerra. Durante los últimos siete años ha piloteado un Black Hawk artillado escoltando aviones que fumigan con glifosato. Vio morir cuatro compañeros en Curillo (Caquetá) hace cuatro años; después no pudo salvar al piloto de un avión que asperjaba en La Gabarra; y hace dos semanas su helicóptero fue impactado por las balas que siete veces le dispararon desde tierra en Tumaco.

Como él, la Dirección Antinarcóticos de la Policía tiene 250 pilotos que escoltan 22 civiles al mando de aviones OV10, AT802 y Turbo Trosh, encargados de rociar con el químico los cultivos de coca y amapola que en Colombia crecen bajo la custodia de miembros de las Farc y algunas disidencias paramilitares. Toda la lucha es financiada por Estados Unidos como parte del Plan Colombia.

Los riesgos que ha corrido el capitán Lugo se han multiplicado en gravedad y número durante la última década: ya han muerto 10 pilotos que fumigan las siembras (todos son civiles que contrata Antinarcóticos); en el mismo tiempo han sido derribados cinco aviones; y en los últimos tres años estos aparatos han recibido 1.116 impactos de armas de fuego. La situación obligó al Ministerio de Defensa a lanzar una campaña para frenar los ataques contra las aeronaves que, según el organismo, son muchas veces propiciados por los residentes en las zonas de cultivo.

“Está por demostrarse que sean los campesinos los que disparan y por eso yo veo poco útil esta campaña, ya que el poder del fuego lo tienen grupos insurgentes. Uno no puede seducir a los que disparan con una estrategia publicitaria o de sensibilización porque los ataques contra aviones hacen parte de un conflicto que debe resolverse desde otros puntos más neurálgicos”, sostiene Ricardo Vargas, director de Acción Andina, organismo que se dedica a estudiar políticas de droga y su impacto en diferentes regiones.

Pero a diferencia de Vargas y de muchos opositores a la fumigación de cultivos por considerarla dañina para la salud humana y el medio ambiente, el Mindefensa a través de Antinarcóticos lanzará cuñas en radio, prensa y televisión regional para invitar al campesinado a no disparar contra los aviones y para difundir la idea de que este es un acto legal de paz.

De acuerdo con el general Jorge Alirio Barón, director de Antinarcóticos, si un avión cae o un piloto muere se pierde una jornada de aspersión que puede costar entre 100 y 1.800 millones de pesos en un día. Esa pérdida se ha visto en zonas como La Gabarra (Norte de Santander), la periferia de Algeciras (Huila), el Patía nariñense y el departamento del Cauca.

Eso más que nadie lo sabe el capitán Lugo, quien ha tenido que sortear toda clase de emergencias en su carrera militar, sobre todo si se tiene en cuenta que un avión que fumiga no vuela a más de 50 metros sobre la tierra, y que sus escoltas (o sea él) deben hacerlo a una altura similar.

Por eso el oficial recuerda el episodio de Tumaco como uno de los más tensionantes: eran las 2 de la tarde y ya habían pasado ocho horas desde que arrancaron la jornada de aspersión. Él salió pilotenado su “Black” y otros cuatro colegas manejando, cada uno, un UH-1H. El ejercicio siempre es el mismo. Se abre y se cierra la llave por donde sale el glifosato que cae sobre una línea de cinco a 10 millas. Uno de los helicópteros (llamado el QRF) es el encargado de la búsqueda y rescate en caso de un accidente.

“Limón, limón, limón”, oyeron los helicópteros que rodeaban el avión que asperjaba. Limón es algo así como ‘me dieron’. De inmediato, él lanzó una señal de humo al punto en tierra desde donde creyó que le habían disparado. Uno de los helicópteros se devolvió para buscar a los que dispararon... pero no dejaron rastro. Posiblemente, se escabulló entre la maleza. “A los 20 minutos bajamos a tierra y nos dimos cuenta que los impactos eran de un arma calibre 762. Pusimos la denuncia ante la Fiscalía, pero como es una zona rural tan extensa e inexplorada, ¿quién va por allá?”, dice el oficial.

En efecto, por haber disparado contra un aparato de estos no hay ni un solo detenido. Sin embargo, de encontrarlos, la justicia podría condenar a los culpables a siete años de cárcel y a una multa de 50 a 500 salarios mínimos. Si es juzgada por terrorismo, podría estar hasta 15 años en prisión y pagar 10 mil salarios mínimos.

Como sea, el gobierno del presidente Álvaro Uribe continuará su ofensiva y este año planea traer dos aviones para renovación de equipo. La idea es superar en fumigación las 172 mil hectáreas que hoja de coca que se rociaron en 2006 y capturar más de los 62 mil nacionales y extranjeros que estaban involucrados en narcotráfico. Posiblemente, las metas se cumplan. Lo que está en duda es que los cultivos ilícitos en Colombia reduzcan su extensión gracias al glifosato y que la campaña sensibilice, verdaderamente, a quienes disparan desde tierra. Por lo pronto, el capitán Fernando Lugo se alista nuevamente para trabajar 15 días continuos luego de tres de descanso que se tomó en Bogotá. Poco le importa si la campaña surte efecto o no. Lo más importante es ubicar a todos los que con un arma apunten contra él o contra la avioneta que celosamente escolta.