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| 2/21/2008 12:00:00 AM

Contraloría confirma denuncia de SEMANA sobre irregularidades en el manejo de millonarios recursos públicos

Al menos 276.000 millones de pesos del erario estarían financiando proyectos de particulares en negocios que el ente de control considera de "alto riesgo o en lugares donde no debe estar ese dinero".

Tal parece que se les empieza a dañar el negocio de un puñado de empresarios que han logrado financiar sus proyectos particulares con recursos públicos. Esta reflexión se desprende de un estudio de la Contraloría General de la República a las finanzas del municipio de Villavicencio y los departamentos de Meta y Casanare, según el cual cuantiosos recursos de regalías y de transferencias se entregaron a varias fiduciarias que a su vez los dieron a privados.
 
La revelación hecha por el contralor Julio Cesar Turbay, coincide con el informe publicado por SEMANA a inicios de este mes (ver nota relacionada). Turbay asegura que con estas polémicas transacciones se está haciendo fraude a la ley. De los dineros comprometidos al menos 16.000 millones están en grave riesgo de perderse. Estos dineros fueron entregados para realizar proyectos de las firmas Chacón Bernal (para un negocio de comercialización de carbón) y Coexminas – Green Mountain (para explotar una mina de esmeraldas).
 
Entre las empresas beneficiadas con estos recursos, que los recibieron ofreciendo el pago de intereses por los mismos, hay varios proyectos del llamado Grupo Nule como la concesión Bogotá – Fusa, el Viaducto de Muña y la empresa Redes de Cúcuta. También figuran como clientes la textilera Coltejer, Aseo Buenaventura, Cosacol, Coocafé, Carbones Likuen, Proyectar, Terminales y Petróleos y Carbonero, entre otras. Sobre estas inversiones el Contralor no hizo ninguna referencia al riesgo en que podían estar, pero si enfatizó en que los dineros públicos no deberían estar en dichos negocios.
 
SEMANA identificó que en estas polémicas inversiones participaron también los municipios de Támara, en los Llanos Orientales; Jamundí y Yumbo, en el Valle del Cauca, Suárez en el Cauca, la empresa de servicios públicos Centrales Eléctricas de Nariño y la Dirección Nacional de Estupefacientes.
 
Por ejemplo en el caso de Yumbo los recursos invertidos corresponden a casi el 50 por ciento de los recursos propios del municipio por el recaudo de impuestos de Industria y Comercio y Predial. Un despropósito considerando las necesidades que hay por resolver en esta población.
 
Las fiduciarias a través de las cuales se habrían hecho estas transacciones son Fidupetrol, Fiduvalle y Fiduagraria.
 
El Contralor General anunció que a partir de su estudio, iniciará las respectivas investigaciones para establecer responsabilidades fiscales en las que habrían incurrido funcionarios y particulares. Pidió a la Procuraduría que investigue a quienes hicieron están inversiones, a la Superintendencia Financiera, para que establezca responsabilidades de las fiduciarias que se prestaron para estos negocios y a la Fiscalía para que establezca las responsabilidades penales a que haya lugar.
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