Controversia por ‘gambeta’ jurídica de congresistas detenidos por ‘para-política’

La tensión en torno a las investigaciones por el escándalo de la ‘parapolítica’ es cada vez más fuerte. Mientras algunos de los funcionarios salpicados comenzaron a romper el protocolo empleado durante los días siguientes a su citación a indagatoria y arreciaron sus dardos contra la justicia, los más comprometidos con el escándalo decidieron liderar una renuncia en masa a la condición de congresistas para que sus casos pasen a consideración de la Fiscalía.

La idea, entendida como una estrategia para que sus procesos tengan doble instancia y por lo tanto aumenten sus posibilidades de éxito en la defensa, no tomó por sorpresa a los magistrados de la Corte. Como en la Sala Penal de la Corte los procesados solo tendrán derecho a una instancia, era previsible que sus abogados les recomendaran dimitir a la condición de congresistas para perder el fuero que ata sus procesos a la competencia del alto tribunal. Al renunciar a la curul quedan pasan a la órbita de competencia de la Fiscalía.

Los congresistas implicados no reconocen directamente que estén pensando en esa posibilidad, pero aseguran que estudian “todas las posibilidades” para defenderse. Miguel De la Espriella, el congresista que ventiló la existencia del acuerdo de Ralito, no ocultó su extrañeza cuando el magistrado auxiliar que le recibió indagatoria el miércoles lo interrogó por las declaraciones de Salvatore Mancuso y Jorge 40, que él aún no conocía oficialmente. 

Aunque la renuncia a la curul parece válida legalmente, tiene un trasfondo político que comenzaron a advertir los analistas y ex magistrados: Puede ser interpretada como el ejercicio de un derecho a buscar una ventaja jurídica o como una burla al decidido trabajo de la Corte en el esclarecimiento de los nexos entre los paras y la política en el país. No es lo mismo que un congresista renuncie a su dignidad argumentando que hubo algún error involuntario en la investigación que se le sigue a que lo hagan diez bajo el pretexto de que se les está violando el debido proceso. Una decisión de estas no solo les ayudaría a buscar mejor futuro individual sino que podría poner en entredicho la transparencia del tribunal que los juzga, lo cual sería aún más preocupante cuando las pesquisas de los magistrados indican que en los próximos días llamarán a indagatoria a otros legisladores.

El decano de derecho de la Universidad de Los Andes, Eduardo Cifuentes, cree que la renuncia de los congresistas no afecta la competencia que la Corte tiene sobre el caso. Su interpretación tiene sustento en algunos pronunciamientos de la Corte Constitucional, de la que Cifuentes fue magistrado, según los cuales la competencia se mantiene porque las investigaciones comenzaron antes de que éstos renunciaran al cargo.

Pero otra cosa piensan los abogados de los congresistas comprometidos, quienes aseguran que la investigación no puede seguir en manos de la Corte porque no está relacionada con hechos punibles afines a sus obligaciones como legisladores. De triunfar esta tesis, todos los implicados podrían hacer que sus casos pasaran a la Fiscalía, pues sus supuestas alianzas con las autodefensas tipificarían concierto para delinquir agravado, un delito que en nada se relaciona con sus deberes en el Senado y la Cámara de Representantes.

Por el momento los magistrados de la sala penal de la Corte prefieren ser prudentes y se declararon dispuestos a enviar a la Fiscalía cuanto expediente sea necesario en caso de que todos sus procesados decidan buscar mejor futuro en la Fiscalía. Así lo hizo hace unas semanas con el de Jairo Merlano y así lo dispuso ahora en el caso de Álvaro Araujo. Curiosamente los dos legisladores que hicieron dicho trámite son los que tienen imputaciones por delitos más graves. Además del concierto para delinquir a Araújo se le investiga por el secuestro de Víctor Ochoa Daza, un rival político del Cesar. Y a Jairo Merlano no se le acusa de tener nexos con autodefensas sino de ser el jefe un grupo paramilitar.

Hasta la prensa entró a terciar en el debate. El editorial del diario el Nuevo Siglo del jueves señala que "el fuero de los parlamentarios que les permite ser investigados por la Corte Suprema de Justicia en única instancia no solamente es una garantía para ellos sino también para la sociedad". Esta idea coincide con la interpretación de algunos juristas que creen que el parlamentario es juzgado por la máxima para que las investigaciones no se politicen pero también para que la sociedad quede protegida en cuanto no será cualquier juez el encargado de resolver situaciones tan importantes como las investigaciones a los los legisladores.

En caso de que los otros ocho congresistas investigados escojan la misma vía podrían acceder a penas más bajas que aquellas a las que se exponen si la Corte los condena. De 20 años de prisión pasarían a uno o dos años con posibilidades de tener la casa por cárcel. Para que ello ocurra pueden acogerse a la ley de justicia y paz o a la de orden público. La paradoja está en que su ganancia en materia penal iría acompañada de un desgaste político, pues tendrían que reconocer la pertenencia a un grupo armado. Incluso en caso de que opten por acogerse a la ley de justicia y paz, el presidente Álvaro Uribe se vería obligado a hacer un giro con cargo a su índice de favorabilidad y asumir el costo -también político- de pedirle a la Fiscalía que los incluya en la lista de beneficiarios de la norma.

Ahora que todas las miradas apuntan hacia la Fiscalía el reto para Mario Iguarán, el titular de ese despacho, es demostrar que el ente investigador también es capaz de encarar las investigaciones con la altura necesaria y que se equivocan quienes piensan que los políticos pueden la meterle mano a los procesos en esa entidad.

Si en el pasado reciente la labor del ente investigador estuvo opacada por escándalos de ‘brujos’ y filtración de información, en esta oportunidad hay especio para el margen de error. La opinión nacional e internacional tiene la mira puesta en la forma como Iguarán ayuda a aplicar la ley que como miembro del gobierno ayudó a crear. Como dijo el abogado de un congresista involucrado en el escándalo, la Corte ya mostró de lo que es capaz, a partir de este momento es la hora de la Fiscalía.