Controversia por la posibilidad de que el coronel Mauricio Santoyo ascienda a general

Hace tres años, el coronel de la Policía Mauricio Alfonso Santoyo vio frustrado el sueño de todo oficial: llegar a ser general de la República. En ese momento, por cuenta de una sanción de la Procuraduría General que determinó la ilegalidad de la interceptación de más de 1.500 líneas telefónicas por orden suya, el coronel que se desempeñaba como jefe de seguridad del presidente Álvaro Uribe vio cómo su carrera se iba por un barranco. Sin embargo, la actual comisión segunda del Senado le devolvió la ilusión y, el próximo año, Santoyo podría llevar en sus hombros el deseado sol que vio desaparecer a finales de 2004.

La historia del caso comenzó el 6 de octubre de 2000 a raíz de una investigación que adelantó la Fiscalía en Medellín por la desaparición de dos activistas de derechos humanos vinculados a la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos –Asfaddes–. Durante las pesquisas, las autoridades encontraron que las líneas telefónicas de los desaparecidos habían sido intervenidas ilegalmente por el Gaula de la Policía de Medellín. Aunque para la época de las desapariciones de los activistas Santoyo no era director del Gaula, y no está relacionado con ese caso en particular, la investigación sí estableció que mientras Santoyo estaba en la entidad, de diciembre de 1997 a febrero de 2001, la sala de inteligencia del Gaula realizó 1.808 interceptaciones ilegales y que varios miembros de la Policía habrían utilizado órdenes de intervención telefónica con firmas falsificadas de fiscales asignados al Gaula.

Durante casi tres años la Fiscalía hizo pesquisas para tratar de establecer la culpabilidad de Santoyo y sus hombres en los hechos. El 29 de agosto de 2003 esa entidad absolvió de toda responsabilidad al coronel por no encontrar méritos ni pruebas suficientes de su participación en las intervenciones ilegales. Pero la Procuraduría, que adelantaba una investigación disciplinaria, decidió no sólo pedir la destitución de Santoyo por considerar que sí tuvo responsabilidad en las intervenciones ilegales, sino que en la misma decisión ordenó la destitución de ocho miembros más de la Policía, la mayoría de los cuales habían sido absueltos también por la Fiscalía.

Según el fallo del Ministerio Público, los funcionarios del Gaula intervinieron líneas telefónicas “para lograr resultados operacionales sin importar el costo para los derechos fundamentales de las personas afectadas con la escucha arbitraria de sus comunicaciones privadas”.

El 7 de octubre de 2003, la Procuraduría sancionó al coronel Santoyo con destitución e inhabilidad para ejercer funciones públicas durante cinco años, decisión que fue ratificada en segunda instancia en noviembre de 2004, la misma que no lo dejó ser general en aquel entonces.

Pero la decisión fue impugnada después por el oficial ante el Consejo de Estado. El 7 de abril de 2006 el tribunal resolvió el recurso de apelación y revocó la providencia. De esta manera, suspendió la decisión de la Procuraduría y los efectos de la sanción disciplinaria. Y aunque la Procuraduría interpuso un recurso de reposición que luego negó el Consejo de Estado, el Ministerio de Defensa ordenó mediante decreto la restitución de Santoyo al servicio activo, aunque no como jefe de seguridad de la Casa de Nariño.

Este año, el militar fue llamado para realizar el curso de ascenso a general de la República, antes de que su nombre fuera aprobado por el Congreso. Resulta paradójico entonces que el teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco, quien tiene pendiente resolver un tema disciplinario con el Consejo de Estado y la Procuraduría por un hecho tan grave como interceptar ilegalmente líneas telefónicas, esté a punto de ser ascendido. Ya que de acuerdo con otro decreto del Ministerio de Defensa, ninguna persona que “tenga pendiente resolución acusatoria dictada por autoridad judicial competente o que esté sometido a investigación disciplinaria por faltas (...) que tengan naturaleza de gravísimas” está clasificado para escalar un peldaño en la carrera militar o policial.

Congresistas como Martha Lucía Ramírez (una de las que votó a favor del coronel en la Segunda del Senado) aseguran que mientras no se resuelva la situación en el Consejo de Estado, Santoyo no tiene cuentas pendientes disciplinarias y puede ser general. Pero la realidad demuestra que Santoyo Velasco, mientras estuvo en el Gaula de Antioquia, sí cometió faltas graves que a todas luces, por derecho y sensatez, no le permitirían ser brigadier general de la Policía.