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| 1/24/2007 12:00:00 AM

Corte anexa ‘acuerdo de Ralito’ a expediente por ‘parapolítica’

La medida no implica, por ahora, investigación contra los once congresistas que firmaron el documento, pero le permite al alto tribunal usarlo como prueba en caso de que decida llamarlos a versión libre. Crece tensión liberal por retiro del senador López Cabrales.

La sala penal de la Corte Suprema de Justicia optó por lo sano. Una semana después de que el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso revelara el contenido del ‘acuerdo de Ralito’ el alto tribunal decidió vincular el controvertido documento al expediente de la ‘parapolítica’.

Eso significa que por el momento no habrá investigación formal contra los 11 congresistas que asistieron a la cita de Tierralta, Córdoba, en julio de 2001, pero que en cualquier momento puede llamarlos a versión libre para que aclaren las razones por las que asistieron, los compromisos que pactaron con las autodefensas y los alcances de dicha reunión.

En un ambiente tan caldeado como el que vive Colombia por cuenta del escándalo de la infiltración paramilitar en la política no dejaría de generar suspicacias el que la Corte vinculara en tiempo récord de una semana a los legisladores mencionados en el documento. Pero tampoco sería prudente dejar pasar los hechos sin tomar una determinación frente a la materia. Ni quedarse quieto ni acelerarse.

En la práctica lo que la Corte hizo fue quitarse de encima la presión de unos y otros para entrar de fondo en el análisis del tema, fase que puede tomar varias semanas. La inclusión del documento de Ralito en el expediente es el primer paso para llamar a versión libre –si la Corte lo considera necesario - a los legisladores que hicieron parte de los 32 invitados a la reunión presidida por Mancuso, Don Berna, Diego Vecino y Jorge 40.  El único caso en el que servirá desde ya como prueba es el del representante Alfonso Campo, debido a que contra él ya hay investigación formal por vínculos con los paramilitares.

Está claro que no todos asistieron por las mismas razones y que varios de ellos ni siquiera fueron beneficiados con el accionar militar de los paramilitares en las elecciones de 2002. Pero la Corte debe establecer hasta qué punto llegó la relación de los políticos con los paramilitares, cuántas reuniones como esa ocurrieron antes o después y con presencia de quiénes, qué influencia tuvo ese acuerdo en el comportamiento de los congresistas frente a los proyectos y debates que lideraron, en qué delito incurrieron los congresistas signatarios del pacto e individualizar responsabilidades sobre la materia. Por eso está bien que el documento haga parte del expediente sobre la ‘parapolítica’.

Lo que no informó la Corte este miércoles fue el estado de la investigación contra los seis congresistas que ya fueron vinculados por nexos con Jorge 40 y supuesto fraude electoral en las votaciones de Congreso de 2002. Varios de ellos también figuran en el listado de asistentes al ‘pacto de Ralito’.

Entre los ya vinculados figuran congresistas tan influyentes como Mauricio Pimiento, Jorge Caballero y Álvaro Araujo. El caso de Araujo parece ser el más complicado, no sólo por sus declaraciones auto incriminatorias ante los medios de comunicación, sino porque esta semana la revista Cambio publicó una declaración del ex candidato al congreso Víctor Ochoa Daza, quien asegura que Araujo intrigó ante Jorge 40 para que lo secuestrara en plena época electoral. Ochoa fue plagiado cuando era uno de los candidatos más fuertes de Cesar para las elecciones de Senado de 2002. Su fórmula para la Cámara, Juana Bautista Ramírez, también testificó ante la Corte y aseguró que ante la ausencia de Ochoa fue obligada a presentarse como segundo renglón en la lista de Araujo, quien logró su paso de Cámara a Senado con más de 79 mil votos.

Según el presidente de la sala penal de la Corte, Alfredo Gómez Quintero, la sala no se ha pronunciado sobre los congresistas que ya rindieron indagatoria porque decidió practicar pruebas adicionales, algunas de ellas solicitadas por los congresistas procesados.
 
Entre tanto los jefes de autodefensas recluidos en la cárcel de Itagüí, entre ellos Mancuso, le pedieron al ministro del Interior que revoque la decisión de transmitir por televisión las versiones de los paramilitares ante la Fiscalía.

La medida, que busca darle mayor transparencia al proceso, fue propuesta por algunos familiares de las víctimas y ONG defensoras de derechos humanos. Sin embargo, podría convertirse en una plataforma demagógica para los ex jefes de autodefensas, quines al saber que están en vivo y en directo para todo el país tendrían una oportunidad perfecta de acomodar versiones o dilatar las sesiones.

Según los paramilitares, la transmisión de sus versiones les viola el debido proceso y pone en riesgo a sus familiares.

Una vez más el país queda en ascuas ante la estrategia paramilitar, pues el propio Salvatore Mancuso había aceptado inicialmente la publicidad de su declaración. Incluso pidió que se transmitieran también las sesiones ya realizadas ante el fiscal de la unidad de justicia y paz de Medellín. Ahora, cuando la Comisión de Televisión anunció que dispondrá de los recursos para hacerlo, Mancuso, ‘Macaco’, Cuco Vanoy, Don Berna, Jorge 40, Diego Vecino Ramón Isaza, Hernán Giraldo y otros ocho jefes paras piden que no les transmitan las declaraciones.

Liberalismo dividido

Mientras la justicia decide la suerte jurídica de los legisladores, los partidos políticos a los que ellos pertenecen comenzaron a tomar determinaciones políticas sobre la materia.
Por los lados del Partido Liberal la situación es bastante tensa. Este miércoles el senador Juan Manuel López Cabrales, el único de ese partido que firmó el documento de Ralito, decidió marginarse de la colectividad mientras la justicia define su situación.

López, reconocido contradictor de los paramilitares en Córdoba y enemigo declarado de Salvatore Mancuso, aseguró que su asistencia a la cita de Ralito con los jefes paramilitares se debió a que fue obligado por esos actores armados. Para la época de la cita López estaba amenazado de muerte por Mancuso y por esos muchas personas de la región dudan que haya hecho parte del complot de la parapolítica.

Sin embargo, su firma aparece en el documento presentado por Mancuso como constancia de la reunión. Es posible que, como lo asegura López, los paramilitares hubieran obligado a los asistentes a firmar una hoja de asistencia que ahora hacen pasar como la aceptación de las bases del ‘acuerdo’. Pero de todas formas la sola presencia de López en la reunión puso en aprietos al liberalismo, partido que había sido enérgico en sus denuncias contra el paramilitarismo.

En medio de ese ambiente de tensión las directivas liberales encabezadas por César Gaviria respaldaron a López de manera pública, pero se enfrentaron a un debate interno que terminó con la renuncia del dirigente cordobés al aval del partido. El ex candadito presidencial Horacio Serpa considera que al precipitar la salida de López el liberalismo se está equivocando y “echándoselo a los leones” que combatió desde la plaza pública durante muchos años.

El Partido de la U le propuso al presidente Álvaro Uribe sacar del Congreso a los miembros de Cámara y Senado de esa bancada involucrados en el escándalo. La Casa de Nariño le pidió a los siete partidos uribistas que estudien la propuesta.

Dicha medida, que algunos califican como ejemplarizante, podría convertirse en un beneficio para los implicados, pues al estar fuera del Congreso les facilita el traslado de su caso a la Fiscalía, en donde cuentan con una doble instancia para ser juzgados, se someterán a procesos más largos y dilatados y hasta tendrían mayor margen de maniobra a través de sus fichas políticas en las regiones.

Por los lados del Partido Conservador la decisión adoptada fue la de dejar en manos del Comité de Ética la investigación interna contra los involucrados, entre quienes figuran el senador Julio Manzur, presidente de esa colectividad.

Y en Colombia Democrática, partido al cual pertenecen tres de los congresistas investigados por la parapolítica y que es dirigido por el senador Mario Uribe, primo del presidente Álvaro Uribe, surgió un curioso argumento de defensa de los congresistas salpicados. El senador Miguel de la Espriella, uno de los firmantes del documento, anunció que promoverá una demanda contra el ex presidente Andrés Pastrana porque sus contactos con Manuel Marulanda (Tirofijo) influyeron en el resultado de las elecciones presidenciales de 1998, en las que el ex mandatario conservador derrotó al liberal Horacio Serpa.

El argumento de De la Espriella busca sacudir de los señalamientos a los políticos que se reunieron con Mancuso, supuestamente para hablar sobre la paz del país. Sin embargo, dicha tesis se cae de su peso porque la reunión de los congresistas con los paramilitares terminó con la firma de un documento en el cual se comprometían a realizar acciones conjuntas para “refundar la Patria”, lo que no sería otra cosa que un pacto a escondidas con ilegales. En segundo lugar, Pastrana mismo informó oportunamente sobre la reunión. Hizo públicos los alcances de sus contactos con las Farc y el país votó por él conociendo que había acercamientos de paz. El ‘acuerdo de Ralito’, en cambio, permaneció en la sombra durante cinco años y la opinión pública nunca tuvo noticias de los pactos que a escondidas sostenían sus representantes con uno de los grupos que más crímenes de lesa humanidad ha cometido en la historia del mundo moderno.


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