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| 3/13/2008 12:00:00 AM

Corte niega habeas corpus a ex congresista Almario

El ex representante a la Cámara por el Caquetá, Luis Fernando Almario, ha sido vinculado con farcpolítica, parapolítica y narcotráfico por más de una década. Renunció a su fuero por segunda vez para evitar ser juzgado por la Corte Suprema. La fiscalía tiene ahora que esclarecer la verdad.

En Colombia se han visto todo tipo de alianzas de políticos con grupos al margen de la ley, pero es poco frecuente encontrar un político acusado de tener vinculaciones a la guerrilla, el paramilitarismo y el narcotráfico. Por estos motivos, la Corte Suprema de Justicia estaba investigando a Luis Fernando Almario, ex representante a la Cámara y uno de los políticos conservadores más renombrados del Caquetá. Pero Almario renunció a su investidura el 25 de febrero de este año, y por eso el caso pasó a manos de la Fiscalía desde la semana pasada. Esta entidad le impuso medida de aseguramiento al parlamentario el pasado viernes 7 de marzo por el delito de homicidio con fines terroristas. Almario interpuso un recurso de hábeas corpus presentado por sus abogados, pero la corte lo negó hoy en una sentencia proferida por la Sala Laboral de la Corte Suprema y permanecerá detenido.

¿Farcpolítico?
Esta no es la primera vez que el nombre de Luis Fernando Almario aparece vinculado a grupos al margen de la ley. En 2002, Gerardo Aguirre Ballesteros, (ver un fragmento de su testimonio) ex jefe de milicias de las Farc, acusó a Luis Fernando Almario de ser el autor intelectual del asesinato de la familia Turbay Cote el 29 de diciembre de 2001, en su declaración ante la Fiscalía. Doña Inés Cote de Turbay, su hijo Diego Turbay Cote, sus escoltas y un periodista que los acompañaba a la posesión del alcalde de Puerto Rico, Caquetá, fueron asesinados por una columna móvil de la Teófilo Forero de las Farc. Otro de los hermanos, Rodrigo Turbay Cote, fue secuestrado en Caquetá en 1995 y posteriormente asesinado por las Farc.

El caso de esta familia de tradición política liberal en el departamento empezó a ser investigado por el Fiscal Leonardo Cabana, con muchos impedimentos. Siete taxistas que fueron testigos de este crimen fueron asesinados a los pocos días de la masacre y otras personas que sabían del caso también fueron desplazadas. En total han muerto o desaparecido 57 personas relacionadas con el caso de los Turbay Cote. Algo particularmente extraño si se tiene en cuenta fue tan claro que las Farc son las responsables, que no se comprende por qué la necesidad de encubrir lo que allí sucedió. A pesar de que el testimonio de Aguirre incriminaba a Almario y a su segundo renglón en el Congreso, Edgar Calderón, como posibles cómplices, ninguno de los dos fue llamado a indagatoria. La Fiscalía dictaminó que los autores materiales del crimen fueron las Farc, pero todavía no se ha aclarado quienes estaban detrás de este crimen.

El caso volvió a sonar el pasado 4 de diciembre, después de siete años, cuando el senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, expuso ante la plenaria del Senado tres hipótesis sobre lo que él llamó “el triunvirato de la muerte”, una alianza entre políticos, narcotráfico y grupos armados al margen de la ley en el Caquetá para dominar y controlar el departamento. “Las Farc no actúan solas en el Caquetá”, afirmó, y entre los políticos que señaló como probablemente aliado con éstas, mencionó Luis Fernando Almario. Dijo que el hecho de que la Fiscalía no hubiera llamado a indagatoria ni a Calderón ni a Almario, demuestra que “ tiene serios problemas de investigación”.

En ese momento Almario, quien estaba en el recinto del Senado, se defendió y dijo que Petro no podía presentar unos testimonios desligados de todo el proceso de investigación de la Fiscalía y argumentó que, por el contrario, él ha sido perseguido por las Farc. (Ver video de la defensa de Almario en la plenaria).

Almario ha sido víctima de dos atentados, uno en el 2002 en su casa en Florencia, que lo obligó a salir para siempre del Caquetá. Según Almario, él apareció en una lista que incautó el Ejército cuando cayó el guerrillero Arturo Medina, donde figuraban los nombres de algunos políticos caqueteños que debían ser secuestrados o asesinados. Y frente al testimonio de Aguirre, Almario siempre ha dicho que es una versión falsa en su contra.

Aunque los atentados contra Almario, perpetrados, al parecer, por las Farc, podrían ser un indicativo de que el parlamentario conservador no tiene vínculos con este grupo, en su contra pesa no sólo el testimonio de Aguirre de 2002. Mucho tiempo después, y sin que pudieran estar en llave con el primero, otros dos testigos aparecieron y fueron llamados a presentar su testimonio ante la Corte Suprema de Justicia, a finales de 2007. Son ellos Lucas Medina y Fernando Bahamón.

Medina confirmó la tesis de Aguirre de que en 2002, Almario mandó a decirle a la guerrilla que el motivo por el cual debía asesinar a la familia Turbay Cote era porque ellos habían traído el paramilitarismo al Caquetá. Es necesario aclarar que para entonces, los Turbay Cote, liberales, eran los principales rivales políticos de Almario, conservador de tradición que luego pasó a ser uno de los políticos uribistas del Caquetá como miembro del partido Alas Equipo Colombia.

Lucas Medina Triviño, (vea testimonio) detenido por narcotráfico, testificó el pasado 3 de diciembre en contra de Almario ante la Corte Suprema de Justicia. Dijo que el parlamentario Almario convenció a la guerrilla de que los Turbay Cote habían traído el paramilitarismo al departamento y los persuadió de que por eso, tenían que asesinarlos. Dijo además que luego las Farc se dieron cuenta de que quien había traído a los paramilitares al Caquetá, era el propio Almario.

Medina se enteró porque fue a hablar con Oscar “El Paisa”, jefe de milicias de la Teófilo Forero, para mediar en la liberación de los hijos de Jaime Losada y Almario aprovechó que él iba a visitar al jefe guerrillero y le envió un sobre con dinero las Farc. Ahí supo que el entonces representante a la Cámara buscaba pagar para que las Farc no tomara represalias contra él.

Un tercer testigo, Fernando Bahamón, o alias Cachetes, un desmovilizado de las FARC, que estuvo encargado del anillo de seguridad de la columna móvil Teófilo Forero de las Farc, bajo el comandante “El Paisa” Oscar, también dijo ante la Corte que tenía pruebas y podría testificar que Almario tenía nexos con la guerrilla, si lo protegían a él y a su familia.
Almario posteriormente presentó la grabación de una llamada entre él y Bahamón para que a cambio de dinero Cachetes no testificara en contra de Almario. Según Almario, Bahamón lo llamó primero, pero Bahamón dice que Almario fue el que llamó primero a su esposa. (Escuche un fragmento de la conversación entre Luis Fernando Almario y Fernando Bahamón). Por este motivo, al parecer, la Fiscalía ya no tendrá en cuenta el testimonio de Bahamón.

Adicionalmente, a la Corte fueron llamados a testificar Víctor G Ricardo, el Alto Comisionado para la Paz durante los diálogos de paz en la zona de distensión en el Caquetá, Alirio Calderón, quien hacía parte del Ipse en esa época y Henry Quintero, secretario técnico, quienes confirmaron que se encontraron con Luis Fernando Almario en la inauguración de unas obras en la zona de Guacamayas, a la que asistieron entre otros, pobladores de la zona y algunos miembros de la guerrilla. Entrar a esta zona era difícil en ese momento, y aunque no había restricciones oficiales, no era usual que los políticos incursionaran en terreno dominado por las Farc. Adicionalmente, la guerrilla ejercía un estricto control frente a quienes podían entrar o no a esa zona.

¿Parapolítico?
Aunque todavía no se han presentado testigos que den fe de los vínculos entre Almario y otros grupos armados ilegales en el Caquetá, aparte de las Farc, según conocedores de la política local Almario tenía alianzas con los hermanos Juan Carlos y Jhon Eduard Monje. Dice mucho al respecto el hecho de que Jhon Eduard haya hecho parte de la unidad legislativa de Almario en el Congreso, mientras que su hermano Juan Carlos Monje se haya desmovilizado en Valparaíso como jefe de la autodefensas que dominaban esa zona; un municipio, por cierto, donde pesa bastante la economía del narcotráfico. Después de su desmovilización Juan Carlos Monje fue asesinado.

En los corrillos políticos del Caquetá también se especula que Almario podría estar entre los dirigentes que firmaron un pacto con el paramilitarismo, parecido al pacto de Ralito y conocido como el acuerdo de Río Pescado. Y que habría una acta firmada de esa reunión. Sin embargo aún no se sabe si las autoridades judiciales puedan tener este u otros documentos que le den sustento a estos rumores. Almario ha negado estas acusaciones, como obra de sus enemigos políticos.

Otra alianza política que complica Almario es la que tuvo con su copartidario el ex congresista boyacense Ciro Ramírez. No sólo Ramírez está siendo acusado por posibles vínculos con el paramilitarismo, sino que también han surgido testimonios contra él por su posible participación en el negocio del narcotráfico.

No es la primera vez que Almario se ve asociado en pleitos de la justicia por la que probabilidad de vínculos con actos ilegales. En 1995 fue investigado por la Fiscalía dentro del proceso 8.000 por haber recibido dineros del narcotráfico en la campaña política. La entidad lo acusó, pero como Almario, al igual que hoy , renunció a su investidura de congresista, fue juzgado no por la Corte sino por un juez común y finalmente después de un año, salió libre. Almario volvió a decir entonces que era víctima de un montaje de la mafia por haber sido ponente de la Ley de Extinción de Dominio.

Distintas personas en diferentes momentos en los últimos 13 años han acusado a Luis Fernando Almario de estar vinculado a distintos tipos de delitos, pero sólo hasta ahora tendrá que enfrentar una amplia investigación de la justicia del más alto nivel. Es una fiscal delegada ante la Corte la que lleva su caso, y será su difícil tarea esclarecer los gravísimos hechos por los que se le acusa.
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