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| 10/18/2006 12:00:00 AM

Corte Suprema abre proceso penal por paramilitarismo contra tres congresistas

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia investigará los nexos de dos senadores -Álvaro Alfonso García Romero y Jairo Enrique Merlano Fernández- y un representante a la Cámara -Erik Julio Morris Taboada- con estas organizaciones criminales. Hoy se realiza en el Congreso un debate por el computador de ‘Jorge 40’.

Lo que muchos vaticinaron se empieza a hacer realidad: el destape de la información que vincula a congresistas de la República con miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) puede desembocar en un nuevo proceso 8.000. En efecto, hoy trascendió que la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia abrió formalmente tres procesos penales para investigar a dos senadores y a un representante por sus vínculos con los paramilitares.
 
Se trata de los senadores Jairo Enrique Merlano Fernández -vice presidente de la Comisión Séptima-y Álvaro Alfonso García Romero y del representante a la Cámara Erik Julio Morris Taboada, este último es el presidente de la comisión IV de dicha corporación. La información se hace pública precisamente este miércoles cuando ad portas de un debate en el Congreso por la información que se ha conocido del computador de ‘Jorge 40’ -uno de los paras más duros en la estructura de las AUC y sindicado de centenares de crímenes- por sus nexos con un sector de la clase política, los gremios y las Fuerzas Armadas de la Costa Caribe.

En el computador hay datos precisos - revelados en detalle y en exclusiva por la revista SEMANA desde la primera semana de septiembre- de un nuevo proyecto de los paras para tomarse el poder regional en la medida en el que anunciaban públicamente su proceso de desmovilización.

La indagatoria a los tres congresistas marca un punto de inflexión en este escándalo pues son los tres políticos de mayor rango. Hace unas semanas se había capturado a cuatro diputados del departamento de Sucre. Luego se conoció que la fiscalía envió información a la Corte para que investigara a otros congresistas: Dieb Maloof, Zulema Jattin y David Char lo que llevó al Procurador General de la Nación, Edgardo Maya, a sentenciar: “El país está ante un nuevo proceso 8.000”, en clara referencia al escándalo de hace una década en la que el ex presidente Ernesto Samper Pizano y un amplio grupo de congresistas se vieron involucrados en el caso de la penetración de dineros de la mafia a las campañas políticas.

El escándalo por eso hasta ahora empieza. Hoy mismo el propio presidente de la sala penal, Mauro Portilla, al entregar la información sobre las indagatorias a los dos senadores y al representante no descartó que en los próximos días sean vinculados otros congresistas en ejercicio activo.

La historia del proceso

La información revelada hasta ahora mostraba vínculos del jefe paramilitar -cuyo nombre real es Rodrigo Tovar Pupo- con diversos sectores del poder en la Costa Caribe. Desde congresistas, diputados, miembros de las Fuerzas Armadas hasta sectores gremiales. Se trata de un entramado con el que las autodefensas pretendían tejer un nuevo proyecto político en el que no vacilaron a asesinar a quienes consideraban podían representar un mínimo de obstáculo. En efecto, en el computador aparece la lista de más 500 personas asesinadas en hechos que encierran dos características similares: los crímenes fueron realizados en momentos en que se adelantaba la negociación de paz con el gobierno y ya se había pactado un cese del fuego y la mayoría de los casos no están judicializados y por si fuera poco los cadáveres de gran parte de las víctimas fueron arrojadas a ríos o sepultadas en fosas comunes.

Hasta ahora el epicentro de las autoridades que siguen el caso estaba en la Costa norte colombiana pero cuando el Procurador extendió el radio de acción al señalar que hay que mirar el accionar paramilitar en otras regiones como los Llanos Orientales y la zona cafetera, ésta última lugar de dominio de Carlos Mario Jiménez, alias ‘Macaco’ y quien es temido por sus propios compañeros de fechorías por su sangriento poder, se empezó a confirmar que el caso era de proporciones monumentales. “Yo no tengo dudas de que estamos al principio de un nuevo proceso 8.000”, sentenció en su momento el jefe del Ministerio Público.

Por tal razón, Maya Villazón pidió ante la Fiscalía las copias del material incautado en el computador de ‘Jorge 40’ con el fin de entrar a analizar qué funcionarios públicos pudieron haber cometido irregularidades.

Contrario a lo que se cree el escándalo a los únicos que parece no hacer mella es a los propios paramilitares ya que, según su visión, lo que ellos hicieron fue recibir ayuda de muchos sectores para afianzar su proyecto antisubversivo. “En la entrega de ‘Jorge 40’ estuvo la muestra de que los políticos no nos van a dejar solos”, expresó en una entrevista exclusiva con la revista SEMANA el jefe para Vicente Castaño. Él hacía referencia a que en la desmovilización de ‘Jorge 40’ reconocidas figuras políticas de la costa Caribe salieron efusivas a abrazar al líder de esta agrupación de extrema derecha.

Un Congreso salpicado

La información contenida en el computador se ha convertido en una caja de Pandora que cada día saca a la luz más sorpresas. Una de ellas fue, en un principio, la mención a cuatro congresistas de la República lo que motivó que esta información fuera enviada a la Corte Suprema, ente encargado de vigilar judicialmente sus actuaciones.

Se trata de Zulema Jattin, senadora del Partido de La U y ex presidenta de la Cámara y heredera de Francisco José Jattin, uno de los caciques liberales de Córdoba; Dieb Maloof, senador de Colombia Viva y uno de los purgados del partido de La U; David Char, senador de Cambio Radical y quien aparece como receptor de beneficios económicos del Bloque Norte de las AUC, es decir el brazo militar de ‘Jorge 40’. Igualmente, el otro congresista salpicado es Álvaro García Romero, senador de Colombia Democrática. Recientemente la Fiscalía capturó a cuatro diputados del departamento de Sucre por sus vínculos con los paras y dos de los cuales eran reconocidos ahijados políticos de García Romero.

Hasta ahora los congresistas han defendido su honestidad y han negado cualquier vínculo con los paramilitares. De hecho, la congresista Zulema Jattin ha dicho que a pesar de vivir en Córdoba poco conoce a los líderes del paramilitarismo. De Salvatore Mancuso, jefe militar de ‘Jorge 40’, dijo que apenas sabía de él “por lo que muestran los medios de comunicación”.

Como se recordara el caso del computador de ‘Jorge 40’ se hizo público cuando las autoridades se lo decomisaron a Edgar Ignacio Fierro Flórez, alias ‘Don Antonio’ y uno de los hombres de confianza de ‘Jorge 40’. Los investigadores procedieron a desencriptarlo y desde entonces cada día el país es sacudido por un hallazgo más.
De cualquier manera, será la Corte la que determine si en realidad existieron vínculos o no de estos congresistas con ‘Jorge 40’ y en qué condición. Por ahora, como dijo hoy el procurador Maya las investigaciones hasta ahora empiezan pero esto será como un “nuevo proceso 8.000”.
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