Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/12/07 00:00

¿Cuál es la Comisión que investiga al presidente Álvaro Uribe?

La Comisión de Investigaciones y Acusaciones de la Cámara de Representantes vuelve a jugar un papel protagónico en la historia política del país. Esta semana, por ejemplo, llegaron dos nuevas denuncias contra el Presidente de la República. Por su parte, Horacio Serpa pidió abrirle una más. Pero, ¿Qué resultados dará? ¿Sus integrantes sí juzgarán a Uribe? Análisis de SEMANA.COM

¿Cuál es la Comisión que investiga al presidente Álvaro Uribe?

En Colombia existe una expresión de uso recurrente cada vez que alguien quiere explicar la falta de eficiencia de ciertas autoridades judiciales y de control en el país: “No funciona porque le faltan dientes”. Aunque se trata de una frase corta y sencilla, su significado es más complejo por toda la gama de posibilidades que ésta encierra.

En efecto, la frase puede aludir a que el ente en mención existe formalmente, pero no se hace sentir en la práctica; a que tiene funciones, pero carece de recursos para cumplirlas; a que tiene recursos, pero sus competencias no son muy claras; a que su lugar en el ordenamiento jurídico lo convierte en subordinado de otros, o a que, sencillamente, está tan politizado, que nadie confía en sus decisiones.

Ese parece ser el estado actual de la Comisión de Investigación y Acusaciones de la Cámara de Representantes. Creada para investigar la conducta de los más importantes funcionarios del Estado -desde el Presidente de la República y el Fiscal General de la Nación hasta los magistrados de las Altas Cortes-, la célula legislativa parece tener cada vez menos credibilidad cuando de ejercer su función de control se trata.

Prueba de ello es que en momentos en los que el país atraviesa por una de las crisis políticas más grandes de su historia reciente y algunos sectores reclaman su participación activa para ayudar a esclarecer los vínculos entre paramilitarismo y política en el país, la Comisión sigue en una discusión interna porque no sabe si debe estar conformada por 15 o por 16 integrantes.

La semana que concluye, la Comisión recibió dos nuevas denuncias contra el presidente Álvaro Uribe por el escándalo de la ‘parapolítica’ y por extralimitación de funciones. Simultáneamente, el ex candidato presidencial Horacio Serpa pidió también que ese organismo investigara la conducta del Jefe de Estado frente al tema del paramilitarismo, solicitud que fue respaldada por varios congresistas liberales. La denuncia de Serpa no ha sido formalizada, pero la Comisión tampoco ha iniciado un estudio de oficio sobre el particular.

Más allá de la posición personal que cualquier persona tenga sobre el tema, no parece sano que un organismo sobre el cual reposa parte del equilibrio de fuerzas en el sistema colombiano aparezca como convidado de piedra en casos de tanta resonancia.

Su participación histórica en los temas sobre los que es competente ha sido tan de bajo perfil, que ya hizo carrera la frase aquella según la cual el verdadero nombre del ente debería ser el de “comisión de absoluciones”. A la expectativa que acompaña cada nueva denuncia formulada le sigue siempre una silenciosa preclusión, si es que hay apertura formal de investigación. Hasta los mismos congresistas confiesan, después de haber pertenecido a ella, que la Comisión cumple un papel decorativo y está diseñada para que no funcione.

El ideal de tener una comisión que acuse cuando hay que acusar y absuelva cuando hay que absolver es un escenario muy lejano en el caso colombiano, por varias razones: los congresistas que la integran no son siempre los que mejor conocen los temas relacionados con el ordenamiento jurídico, muchas veces responden a compromisos políticos individuales que diezman el carácter independiente que deberían tener, no poseen las facilidades necesarias para adelantar sus investigaciones, carecen de facultades para suspender a los funcionarios que investigan, no tienen fuero especial y viven en permanente temor para investigar en profundidad a funcionarios como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes son los que a su turno los investigan a ellos.

Desde la sonada absolución al ex presidente Ernesto Samper en el proceso por la infiltración de dineros de la mafia a la campaña que lo llevó al poder, hasta la denuncia del senador Alexánder López contra el presidente Uribe por la liquidación de Telecom o la del senador Carlos Gaviria por nombramientos irregulares en Minercol (también contra Uribe), todas las denuncias allí radicadas terminaron sin sanción, por una o varias de esas razones.

El caso Uribe

Ello explica por qué cada vez que llega una denuncia contra un Presidente de la República, los integrantes de su bancada en la Comisión se pelean las ponencias y estas terminan por enterrar los procesos. Uribe, como todos los Presidentes investigados por la comisión, parece no tener problemas en este sentido, dado que su bancada controla la comisión, gracias a que tiene dos tercios de sus integrantes.

Los actuales miembros de la comisión comenzaron período a mitad de año y aún están definiendo su mesa directiva. Su dilema radica en que el tamaño del Congreso aumentó en cinco representantes desde hace cuatro años y por esta razón a la Comisión debería pasar de 15 a 16 integrantes. También tendrían un cupo más la comisión primera de asuntos constitucionales, y para la tercera, que estudia los asuntos económicos. Pero cuando el Congreso tramitó la ley para aumentar los cupos en dichas comisiones, se le olvidó incluir la de Investigación y Acusaciones, que volverá a ser de 15 integrantes hasta que se subsane el error.

Zamir Silva, el más antiguo integrante de la de Investigaciones y uno de los pocos juristas con experiencia en la misma, aceptó renunciar para que ésta siguiera funcionando con 15 representantes. Pero su salida tampoco resolvió los problemas, pues a los miembros que se quedaron se les ocurrió revocar la comisión dizque para volver a conformarla con los 15 que quedaban, situación que los obliga a cambiar de mesa directiva para no violar la Ley 92, que señala que nadie podrá ser reelegido para la mesa directiva de una corporación colegiada durante el mismo cuatrienio. Por revocar la comisión terminaron acortándole el período a Marino Paz -el presidente de la misma-, quien está dispuesto a hacer cumplir el acuerdo político con el cual fue elegido para un año completo.

Mientras la comisión sigue enredada en asuntos formales, este jueves la Procuraduría le remitió una nueva denuncia contra Uribe por extralimitación de funciones y usurpación de poderes al ordenar la captura del secretario de gobierno de Buenaventura, Adolfo Chipantuza, a quien en pleno consejo comunitario y con transmisión por televisión acusó de tener nexos con la mafia local. El funcionario fue luego puesto en libertad, cuando quedó en evidencia que los señalamientos de Uribe partían de supuestos falsos.

Los 15 sabios

La comisión está integrada por 11 congresistas uribistas y cuatro de oposición. Entre los uribistas hay tres conservadores, tres del Partido de La U, tres de Convergencia Ciudadana y dos de Cambio Radical. La oposición la conforman tres liberales y uno del Polo Democrático. Por regiones, hay cuatro santandereanos, cuatro vallunos, dos cundinamarqueses, dos bogotanos, un chocoano, un huilense y un caucano. Son ellos:

-Conservadores:

Marino Paz: Representa al Valle y al Partido conservador. Es abogado de la Universidad del Cauca. Fue concejal en su departamento y es congresista desde 1998.

José Gerardo Piamba: Este ingeniero civil es conservador por Cauca y llegó al Congreso como fórmula del senador José Darío Salazar

Carlos Ramiro Chavarro: Empezó en política con el grupo del desinvestido ex congresista José Antonio Gómez Hermida. Es conservador por Huila y logró la octava votación más alta del país en las elecciones de Cámara de Representantes de marzo pasado. Repite período en la comisión y está encargado de una investigación contra el magistrado José Alfredo Escobar radicada por el también magistrado Rubén Darío Henao.

-Cambio Radical:

José Ignacio Bermúdez: Abogado de la Universidad Libre y congresista por Cundinamarca. Comenzó su carrera como alcalde de Facatativá y diputado de su departamento.

Édgar Ulises Torres: Este representante chocoano fue vicepresidente de la Cámara de Representantes y es uno de los legisladores más influyentes en el grupo de la Media Colombia, al cual pertenecen los congresistas de los departamentos del sur y las fronteras.

-Partido de La U

Lucero Cortés: Ex actriz y abogada. Es una debutante en el Congreso, al cual llegó en las listas del Partido de La U por Bogotá.

Luis Carlos Restrepo: Representante por Valle.

Amanda Ricardo de Páez: Representante por Cundinamarca.

-Convergencia Ciudadana

Édgar Alfonso Gómez: Es una de las cuotas del polémico senador Luis Alberto Gil en la comisión. Fue elegido por Santander.

José Manuel Herrera: Otro de los alfiles del senador Gil. También es santandereano.

Carlos Arturo Quintero: Fue elegido en representación del Valle.

-Polo Democrático

René Rodrigo Garzón: Fue elegido congresista por Santander.

-Partido Liberal

Jorge Homero Giraldo: Este congresista valluno comenzó su carrera política como concejal y diputado en su departamento. Repite período en la comisión, en la cual maneja asuntos tan delicados como la investigación contra el Fiscal General, Mario Iguarán, por los escándalos del parasicólogo Armando Martí. Llegó al Congreso como fórmula de su actual presidenta, Dilian Francisca Toro.

Jaime Enrique Durán: Santandereano. Este abogado externadista tuvo a su cargo la investigación contra el presidente Uribe por la liquidación de Telecom. Llegó al Congreso hace seis años, como segundo renglón del senador Hugo Serrano.

Germán Olano: Este ex concejal bogotano es uno de los legisladores más activos en la bancada bogotana.

Zamir Silva: Abogado rosarista con doctorado de la Universidad de París y especialización en la de Salamanca (España). Fue embajador en Suecia, presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Cundinamarca y es congresista desde 1982. Se retiró de la comisión para resolver el problema del exceso de integrantes.


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