Viernes, 9 de diciembre de 2016

| 2006/07/25 00:00

¿Cuánto cuesta el apoyo de los purgados?

Si el reingreso de los congresistas purgados al uribismo le sirvió al gobierno para consolidar sus mayorías en el Congreso aún si Vargas Lleras se va, a ellos les sirve para tener parte de la torta burocrática, para garantizar la ayuda del gobierno en la resolución de algunos de sus problema y sobre todo para limpiar su nombre.

¿Cuánto cuesta el apoyo de los purgados?

En marzo de 2006, en vísperas de las elecciones legislativas, Álvaro Uribe no sólo los expulsó de sus listas al Congreso, sino que ordenó que no los recibieran en ningún partido de la coalición, situación que los obligó a replantear sus campañas, buscar nuevas toldas, recoger la publicidad ya contratada e inscribirse por otros partidos y movimientos. Algunos, como los senadores Jorge Castro y Luis Eduardo Vives no pudieron superar el momento y perdieron sus curules. Igual le sucedió a las congresistas Eleonora Pineda y Rocío Arias, las más visiblemente cercanas a los jefes de las autodefensas (ver ganancia de perdedores). Pero los también senadores Habib Merheg, Dieb Maloof y Luis Alberto Gil lograron mantenerse en el Congreso y desde cuando supieron de su triunfo anunciaron que esperarían a que Uribe los fuera a buscar. “Él es el que necesita nuestro apoyo y si lo quiere, pues tendrá que pedirlo. Él sabe dónde encontrarnos”, dijo Maloof el día de su reelección como congresista.

El día llegó y al Presidente le tocó, con menos publicidad que hace cinco meses, reconocer que necesitaba la ayuda de sus ex aliados. El puente para encontrarlos fue el ministro del Interior, Sabas Pretelt, quien un día antes de la elección de las mesas directivas del Congreso aún estaba tratando de persuadirlos de que apoyaran al gobierno.

Pero si la intención de Uribe era bloquear a Germán Vargas Lleras para que no se apoderara de la presidencia del Senado y debilitar su campaña por la Contraloría General, tenía que ofrecerle algo a los ahora bienvenidos hijos pródigos. Con mayor razón si esos hijos no eran pródigos por voluntad propia sino porque él los expulsó.

El senador Luis Alberto Gil, presidente de Convergencia Ciudadana, y a quien el mismo presidente Uribe pidió investigar de dónde provenían los fondos de su campaña, que el gobierno consideraba ‘dineros calientes’, le dijo a Semana.com que “el apoyo de Convergencia Ciudadana al gobierno está condicionado a que nos reconozcan el derecho a ocupar ciertos cargos, entre ellos la presidencia de varias comisiones del Congreso”.

Semana.com supo que le ofrecieron la presidencia y la secretaria de la Comisión Quinta, que es la encargada de temas energéticos. Les tocará decidir sobre la venta de ECOPETROL, privatización de empresas energéticas, entre otros. Convergencia Ciudadana también quiere dos viceministerios, aunque aún no sabe en qué carteras.
 
Seguramente buscará el de Protección Social, dados los grandes intereses que tiene su EPS Solsalud, de la mano de la cual su partido se multiplicó en todo el país en pocos años (ver historia Convergencia Ciudadana). A cambio, los siete senadores y 13 representantes de ese partido votarán a favor las propuestas claves del gobierno en la legislatura.

El senador Dieb Maloof, uno de los congresistas que según dijo el ahora Ministro de Defensa Juan Manuel Santos cuando lo expulsó, se habría reunido con el jefe paramilitar Jorge 40 para planear la distribución electoral de los departamentos de la Costa Atlántica, reconoce que “cuando el gobierno lo considere necesario estaremos dispuestos a recibir cualquier designación a nombre de Colombia Viva, movimiento independiente que a partir de la fecha respaldará al doctor Álvaro Uribe”. Según Maloof, su respaldo será sólo en las propuestas que consideren necesarias para el país y también reclamarán la presidencia de la comisión séptima del Senado, que es la encargada de temas laborales y de salud, como la Ley 100, sector en el que Maloof ha tenido siempre interés.

También dijo a Semana.com que pedirán la presidencia de una de las comisiones económicas para el senador risaraldense Habib Merheg, purgado hace cinco meses por supuestos vínculos con alias Macaco, el poderoso ex jefe paramilitar del Eje Cafetero. “Nosotros nos hemos ganado nuestro espacio político con mucho dolor. De nada sirven las excusas públicas. Lo que queremos es entrar a la coalición en las mismas condiciones y con los mismos derechos de los demás partidos”, dijo Maloof.

El último de los purgados en ingresar al uribismo fue el representante Héctor Julio Alfonso López, hijo de la empresaria del chance Enilce López, la Gata, hoy presa por presunto lavado de activos y hermano del prófugo alcalde de Magangue, Jorge Alfonso. Militó en el conservatismo, del cual fue expulsado antes de las elecciones por presiones de la Casa de Nariño. Fue elegido por el Movimiento Apertura Liberal y en nombre de él entró al gobierno asegurando que no pedirá ayuda para resolver sus problemas familiares. Sin embargo, es difícil creer que el gobierno seguirá empujando con el mismo ahínco el proceso contra su mamá, quien además fue una de las aportantes a la campaña de Álvaro Uribe en el 2002.

Pero la llegada de los nuevos aliados no sólo tendrá costos burocráticos, sino lo que es más importante para ellos, limpiará definitivamente su nombre. Si ayer fueron estigmatizados por el gobierno por sus presuntos vínculos con el paramilitarismo, con su bienvenida a la coalición recuperaron su reputación.

Un hecho curioso es que el regreso de los políticos purgados se hizo en medio del silencio de la mayoría de congresistas uribistas, incluidos los que no están de acuerdo con que vuelvan a la coalición de gobierno. La ex ministra Martha Lucía Ramírez, que llegó al Senado con la bandera de la transparencia y la renovación, dijo ayer en el programa de opinión radial Hora 20 que consideraba el hecho como “un costo menor frente a mantener la gobernabilidad”. Hasta el ministro Juan Manuel Santos -quien el 22 de marzo dijo que se retiraría de la coalición el día que Convergencia Ciudadana volviera a ella- pasó de agache ante el hecho consumado.

Entre los pocos que se manifestaron sobre el particular está la senadora Gina Parody, quien consideró “inexplicable” que las personas que fueron vetadas en materia de apoyos a la reelección sean luego recogidas para conformar las mayorías en el Congreso. En declaraciones a Colprensa, Parody admitió que hay “mucha gente cuestionada que sigue ahí a pesar de haber sido expulsada de algunos partidos y eso es malo para el país, porque continúan con unos intereses particulares”".

Los purgados-readmitidos respondieron en similar tono: “A las personas que nos critican, incluido Juan Manuel Santos, hay que recordarles que no deben escupir para arriba, porque de pronto les cae en la cara. Ya me investigaron las cuentas de campaña y no encontraron nada. Lo único que espero es que llegue el día en que el Presidente Uribe y los que hablaron mal de mí se disculpen por lo que me dijeron”, señaló Gil.


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