Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2006/05/02 00:00

Cultivos ilícitos alimentan el hambre y la guerra

El telón de fondo de esta discusión es un cuadro cocalero de grandes proporciones: se calcula que en Nariño hay cerca de 55.000 hectáreas sembradas con matas de coca. Las actividades de narcotráfico son intensas y sus ganancias alimentan la maquinaria de guerra que tienen allí tanto paramilitares como guerrilleros. Paradójicamente, también alimentan el hambre de los labriegos.

Una de las quejas de los campesinos dedicados a la siembra de hoja de coca es la caída de los precios. Una arroba de hoja de coca pasó de 90.000 pesos a 30.000 pesos; y el kilo de base bajó de 2.5 millones de pesos a 1.4 millones. El lamento es generalizado.

“¿Será que podremos volver a sembrar coca? ¿Usted qué opina?”, le pregunta Lucía* al conductor de la camioneta Toyota cuatro puertas que presta el servicio de transporte de pasajeros entre Pasto y Policarpa. El hombre mira a la anciana y se encoge de hombros. Prefiere guardar silencio y concentrarse en la carretera destapada para evitar los huecos. La señora no repite la pregunta. Los cuatro pasajeros que viajan con ella guardan silencio.

Las preocupaciones de Lucía llegaron con el mes de abril, cuando arribaron a esta localidad 50 erradicadores manuales, protegidos por la Policía Antinarcóticos, con la tarea de arrancar por lo menos 300 hectáreas sembradas con matas de coca. Ella sabe que esa solución traerá más pobreza a la región, pues allí, como en muchas otras poblaciones de Nariño, abandonaron los cultivos de café, caña de azúcar, árboles frutales y hortalizas, para dedicarse a la hoja de coca.

Si bien es cierto que en la región se cultiva la hoja desde los años 80, las fumigaciones a los cultivos de uso ilícito en el departamento de Putumayo en el año 2000 ocasionaron desplazamiento e incremento de la siembra, procesamiento y comercialización de cocaína en tierras nariñenses. El problema es gran magnitud: el Plan de Desarrollo Departamental 2004-2007 reporta 55.000 hectáreas dedicadas a la siembra de coca. Hoy, Nariño, es el principal productor de la hoja en Colombia.

El área rural de Policarpa es un ejemplo de lo que ocurre en el departamento. Allí, más del 50% del territorio está sembrado de coca. Por su extensión, sobresalen las plantaciones de los corregimientos Ejido, Madrigal y Sánchez, cercanas al río Patía, ruta fluvial navegable que lleva al Pacífico directamente.

Cinco kilómetros antes de llegar al casco urbano, Lucía se apea del vehículo, atraviesa la carretera y se pierde de vista entre varias casas. En ese momento, una camioneta Land Cruiser pasa rauda hacia Pasto. Lleva una decena de pasajeros y en el capacete, maletas y enseres domésticos. Minutos más tarde pasan dos más.

“Son campesinos que están saliendo de Sánchez y Madrigal porque el Ejército está fumigando y bombardeando desde los primeros días de abril”, explica un transportador, lo que revela una de las duras facetas del conflicto: con el aumento de las plantaciones de hoja de coca, en parte impuestas por las Auc en los últimos años, se incrementó la disputa bélica por el control territorial.

Nariño es un teatro de guerra monumental a donde confluyen numerosos combatientes irregulares. Las Farc tienen allí los frentes 2, 8, 13, 29, 48, 60 y 64, así como las columnas móviles Jacobo Arenas, Omar Rodríguez y Teófilo Forero. Por su parte, el Eln opera con los frentes Comuneros del Sur, Camilo Cienfuegos, Héroes de Sindagua, Mártires de Barbacoas y José Luis Cabrera.

Además, se constata la presencia de las Auc bajo nuevas denominaciones de sus bloques, organización paramilitar que, según fuentes de la Gobernación de Nariño, tienen allí por lo menos 2.000 hombres. Por su parte, las Fuerzas Armadas cuentan con por lo menos 7.000 hombres, que provienen de la Policía Nacional, la Infantería de Marina, la Fuerza Aérea Colombiana y el Ejército.

Un drama social

A 40 minutos del casco urbano de Policarpa se encuentra el corregimiento de Restrepo. Son 40 minutos de viaje en carro entre pequeñas parcelas de matas de coca y una que otra platanera haciendo sombra. Por este camino transitan campesinos llevando grandes bultos de la hoja, recién cogida. Dos de ellos, Aurelio y Óscar, se afanan en empacar dos sacos.

“Vea pues como estamos. Aquí apurados por llevarnos la hoja. La cogimos biche antes de la erradicación. Pero esto ya ni sirve: la arroba la están pagando a 30.000 pesos, cuando hace unas semanas estaba a 90.000 pesos. Y la pasta, ni se diga, bajó de 2,5 millones a 1,4 millones el kilo”, explica Aurelio en tono de lamento.

En el caserío, Rosa llama la atención sobre el futuro de las tres madres comunitarias del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que trabajan allí y de las 14 restantes en el resto del municipio: “Las mamás de los 24 niños que cuidamos aquí nos dijeron que ya sin hoja de coca no tendrán con qué pagar la cuota diaria de 5.000 pesos. Imagínese si podremos trabajar así”.

A cientos de kilómetros de distancia, en Ricaurte, sobre el eje vial Pasto-Tumaco, el drama social también es evidente. “Aquí se siembra en pequeñas cantidades y se combina con café y caña. Un diagnóstico de 2005 estableció que 180 familias dedican parte de sus parcelas a la siembra de la hoja como parte de su supervivencia”, dice una fuente de la Personería local, quien advierte que erradicar sin programas de sustitución es fomentar la pobreza.

En Tumaco, líderes afrodescendientes están preocupados por los efectos del ilícito: “La gente –dicen– se dedicó a la coca y se perdió el cultivo de pancoger. Cambiaron la comida por televisores, neveras y motores. Hoy todo lo compran”.

Paradojas económicas
 
Fuentes de la Gobernación cuestionan el programa de erradicación; “además, son los militares los que están negociando con los campesinos. A la Gobernación poco la dejan hablar. Por erradicar cuatro hectáreas, los oficiales le dan a cada familia 80.000 pesos”.

Un campesino tumaqueño que asistió a una reunión con varios oficiales del Ejército para solicitar apoyo en programas agrarios sólo obtuvo como respuesta un no rotundo: “A nosotros no nos interesa la pobreza”, le dijo el general encargado del programa de fumigación en la región del Pacífico.

Pero si para unos la pobreza se acentúa, para otros las ganancias económicas, usufructuadas por los grupos paramilitares y sus socios, son notorias. En particular sobresale el corregimiento Llorente, de Tumaco. En cuatro años, el caserío pasó de ser un sitio de economía tradicional y punto de encuentro de los indígenas awá y los afrodescendientes a un centro cuya población flotante supera los 15.000 habitantes. Prostitutas, narcotraficantes y raspachines transitan por su larga calle, en la vía Tumaco-Pasto, una cadena sucesiva de cantinas, prostíbulos, galleras y boutiques.

Llorente, de claro dominio paramilitar, es clave para la exportación de la cocaína. Está a pocos kilómetros de los ríos Mataje y Mira; además, es paso directo al Pacífico y a la frontera con Ecuador.

La capital nariñense no se escapa al fenómeno. “Aquí se vienen construyendo hoteles lujosos por todas partes y los paramilitares impusieron los precios a unos topes irrisorios. Una noche en un hotel de esos vale 12.000 pesos”, confirma una fuerte gubernamental, quien agrega que esos dineros ilícitos también se irrigan a través de casinos y diversas actividades comerciales.

Tal como lo definió un campesino afrodescendiente de uno de los consejos comunitarios de Tumaco: “no hay territorio que no haya sido golpeado por los cultivos ilícitos. Esa fuerza es tan poderosa, que pasa por encima de cualquiera”.

(*) Los nombres fueron modificados por razones de seguridad


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