Jueves, 8 de diciembre de 2016

| 2005/09/25 00:00

De la casa... sólo las paredes

En Medellín, los grupos armados se han apropiado a la fuerza de casas en las comunas. La Secretaría de Gobierno ha identificado por los menos 160 casos. Las víctimas piden reparación.

De buenas a primeras, Fernando y Amparo se vieron en otro país, lejos de sus tres hijos. La salida tuvo que ser rápida porque sus vidas corrían peligro. Los paramilitares que se asentaron en la Comuna 13 a comienzos de 2002 habían sentenciado a muerte a la mujer. Y ellos no jugaban. En septiembre de ese año, asesinaron al sacerdote José Luis Arroyave, con quien había hecho trabajos comunitarios. Advirtieron que la próxima sería ella.

"¿Por qué nos perseguían? No sabemos", responde Fernando, el esposo de Amparo. "A veces nos preguntamos si era por el trabajo que venía desarrollando con las mujeres, o por las denuncias que hice sobre la manera cómo se realizó la operación Mariscal, en mayo del 2002, y el maltrato de las autoridades durante la operación Orión, en octubre de ese mismo año. Son tantas incógnitas, que es difícil saber qué pasó", dice ella.

Amparo habla con resignación y hace memoria. Las operaciones de las que habla fueron adelantadas por el Ejército, la Policía y la Fiscalía, contra las Farc, el Eln y los Comandos Armados del Pueblo (formados en 1997, independientes y de tendencia izquierdista) que dominaban la Comuna 13, un vasto sector de la ladera occidental de Medellín, conformado por 20 barrios. El retorno del Estado a esa zona a través de la fuerza le costó la vida a un número indeterminado de personas, entre civiles, milicianos de las guerrillas y miembros de la fuerza pública; además, decenas de pobladores, muchos de ellos líderes sociales, fueron detenidos, acusados de colaborar con los grupos guerrilleros. Pocos fueron procesados, pues no se encontraron pruebas en su contra.

Las intimidaciones contra Amparo arreciaron a comienzos de noviembre. El miedo la llevó a separarse de su esposo y su hijo, de 20 años. Se fue, con sus dos hijas, de 25 y 15 años, a vivir a otro sector de la ciudad. Nadie podía saber dónde estaba. Las penurias fueron el pan de cada día. Su esposo y su hijo iban a visitarlas y luego regresaban al barrio. Temían perder lo que con tanto esfuerzo habían construido: "La casa la conseguimos en 1981, a través de un préstamo de Comfama y un subsidio del Inurbe. La construimos con mucho sacrificio. Era un rancho de tablas, se nos venían los barrancos y entre todos sacábamos el pantano. Nos tocó instalar el agua, hacer el alcantarillado, poner la luz, hacer las escalas. Yo me metí a trabajar con todas las organizaciones para mejorar el barrio".

Su temor no era infundado. Ya sabían de vecinos que habían sido desalojados de sus casas por los paramilitares para vivir en ellas, alquilarlas o destruirlas por venganza. En su momento, el Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, de la Vicepresidencia de la República, dio cuenta de la situación: "El 29 de junio de 2002, en la parte alta del barrio El Salado, se presentó la incursión de miembros de las autodefensas que incineraron tres viviendas y amenazaron a sus pobladores para que abandonaran el lugar. El 28 de agosto, en el barrio 20 de julio, los habitantes aseguraron que las autodefensas ilegales llegaron con la amenaza de que debían desalojar porque estaban a punto de iniciar una ofensiva contra los grupos de milicias del sector".

Dadas las graves circunstancias en que fueron tomadas por los paramilitares, dos casos fueron denunciados ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. Ambos procesos, vigentes y en investigación, son acompañados en la ciudad por el Grupo Interdisciplinario de Derechos Humanos.

Ese mismo año, 2002, y al otro lado de la ciudad, en el sector de Cañada Negra, barrio popular, decenas de pobladores se enfrentaban también al desalojo forzado. El asunto allí no tenía nada que ver con rivalidades entre grupos de paramilitares y guerrillas. La guerra era entre bandas, enfrascadas en una disputa territorial, una tradición que en esas zonas, con altibajos de tranquilidad y guerra abierta, lleva 20 años.

Para esa misma época, la situación tampoco era fácil para los habitantes de los barrios Andalucía, La Francia y Villa del Socorro, a escasas 20 cuadras de Cañada Negra, sobre la ladera noroccidental de la ciudad. Allí, La banda 'Los Triana', una organización delincuencial con más de 150 miembros cuyas edades oscilan entre los 14 y los 25 años, se encargó de desalojar numerosas viviendas y apropiarse de ellas.

El asunto no era nuevo. Las guerrillas tenían la misma estrategia y utilizaban tanto los inmuebles como a sus moradores para llevar a personas secuestradas, mientras concretaban las exigencias económicas y se pagaba el rescate.

¿Cuántas casas hay?

Alonso Salazar, secretario de gobierno municipal, indica que hasta el momento se han identificado cerca de 160 viviendas tomadas. "¿Cuántas hay de ahí en adelante? Yo no me comprometo con ninguna cifra". La mayoría de ellas fue arrebatada en medio del conflicto armado y las guerras de bandas en 2002 y 2003.

Según fuentes de la Secretaría de Gobierno, quienes se apoderan de las casas no pagan los servicios y dejan que se los corten, para reconectarse después de manera fraudulenta. Tampoco cancelan el impuesto predial. Cuando los funcionarios intentan aclarar la manera como llegaron los inquilinos a las casas tomadas en la Comuna 13, éstos sólo manifiestan que "alguien nos dijo que nos viniéramos para acá porque estaba vacía", pero no identifican a nadie. Varios se defienden argumentando que le pagan alquiler a un señor, el cual dicen desconocer, pero que vive en Moravia, antiguo basurero municipal.

En cuanto a lo que ocurre en barrios como Andalucía, La Francia y Villa del Socorro, la Secretaría de Gobierno trabaja desde hace varios meses en la identificación y la recuperación de las casas. Tanto allí como en la Comuna 13, se intentará aplicar un modelo de intervención social que la Alcaldía utilizó en el sector de Cañada Negra, del barrio popular. Allí ya se recuperaron 55 propiedades, de 70 denunciadas. El modelo consiste en reunir a los afectados, desarrollar talleres sicosociales para superar el trauma del conflicto y buscar soluciones de manera conjunta.

En la Comuna 13, la Secretaría de Gobierno ha tenido contacto con seis familias afectadas y ya se han recuperado cinco propiedades. "Pero el asunto no es fácil. En otros casos denunciados, la gente no sabe nada de los dueños y hay dueños que no quieren saber nada de sus casas, que por allá no vuelven", dice Salazar.

Fernando reconoce que el regreso es difícil. Él y su hijo abandonaron la casa en marzo de 2003. La razón: el acoso de las autoridades y las presiones de los paramilitares. En ese mes, la Fiscalía y la Policía allanaron su casa tres veces. "Siempre nos preguntaban lo mismo: ¿dónde teníamos las armas?". El último de los allanamientos fue realizado por miembros del Comando Especial Antiterrorista (Ceat) de la Policía: "Me amarraron las manos y me hicieron sentar. Ellos insistían en que confesara dónde las guardaba. Yo les dije que no teníamos nada que ver con nadie. Luego me soltaron y me ordenaron cavar un hueco en la casa porque supuestamente ahí estaban las armas; además, le dictaron orden de captura a mi hijo, que estudiaba y trabajaba. Ese día nos fuimos de allí", dice Fernando.

Inicialmente la alquilaron, pero 15 días después la inquilina fue obligada por varios hombres armados a que la desocupara. "Le dijeron a la señora que tenía ocho días para desalojarla porque ellos la necesitaban. Esos tipos vivieron allí como un mes, luego se fueron", cuenta Amparo.

Si bien las autoridades tienen claro que en Andalucía La Francia y Villa del Socorro los responsables son 'Los Triana', en la Comuna 13 los señalamientos apuntan a quienes en su momento integraron el bloque Cacique Nutibara de las Autodefensas, en proceso de reinserción social desde noviembre de 2003 y cuyo modelo ha sido cuestionado nacional e internacionalmente pero, según Salazar, la información es muy fragmentada: "Es un fenómeno extraño porque no logramos llegar de manera clara a las informaciones. Vienen personas que nos señalan casas tomadas por los paras, pero empezamos a preguntar y no profundizan mucho".
 
Los desmovilizados del bloque Cacique Nutibara, ahora agrupados en la Corporación Democracia, aclaran a través de su vocero, Antonio López, que muchas de las casas abandonadas en la Comuna 13 y en otros sectores "eran de guerrilleros que luego se hicieron pasar como desplazados intraurbanos para reclamar la propiedad sobre ellas"; también señala que algunos inmuebles fueron arrebatados a sus dueños para convertirlos en centro de operaciones de las milicias y a su llegada a la zona las abandonaron; y por último, dice que en muchos casos quienes se tomaron las casas actuaban como autodefensas sin serlo.

Amparo y su familia rechazan los señalamientos y niegan de manera rotunda que tuvieran que ver con grupos guerrilleros. "Por eso no podemos volver a nuestra casa en la Comuna 13. El temor no nos dejaría vivir tranquilos. Tendrían que desaparecer los paramilitares. Y eso es muy difícil. Además, por lo que nos cuenta la gente, sólo quedan las paredes".

(Los nombres de las víctimas fueron cambiados por razones de seguridad)


(*) Coordinador Agencia de Noticias, Instituto Popular de Capacitación (IPC). Medellín, Colombia

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