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| 6/27/2004 12:00:00 AM

Deber vs Derecho

El problema de los vendedores ambulantes y la invasión del espacio público está adquiriendo dimensiones preocupantes. Mientras que algunos bogotanos le piden al Alcalde que haga respetar el modelo de ciudad que se había logrado, otros le exigen que cumpla sus promesas de campaña. Esta semana se conocerán las primeras medidas.



Caminar por Bogotá volvió a ser una prueba de obstáculos. Las decenas de vendedores que invaden los andenes, los semáforos y todos los sitios transitados de la ciudad han vuelto a poner sobre el tapete el tema de la protección del espacio público. Pero más allá de desear una ciudad atractiva y cómoda, hay un debate de tono social que exige ser resuelto cuanto antes. Se trata de los vendedores ambulantes, que ante el desempleo se ven obligados a ganarse la vida con la venta de todo tipo de mercancías. Los argumentos a favor y en contra de dejarlos trabajar son igualmente poderosos, por lo que se espera que la administración encuentre una solución intermedia que corresponda con las promesas con las que al alcalde Luis Eduardo Garzón llegó al poder.

Algunos bogotanos extrañan la ciudad del año pasado, cuando los andenes estaban libres para transitar, no había decenas de niños y adultos en los semáforos vendiendo toda clase de artículos, legales o ilegales. Por eso tachan a la actual administración de ser permisiva con este tipo de actividades. Pero, aunque ha sido un poco más benévolo que los dos gobiernos anteriores, el alcalde Garzón no ha bajado la guardia frente al tema. Lo que pasa es que los vendedores informales creyeron, por su discurso populista y las promesas que hizo en campaña, que podían trabajar y no serían perseguidos. Pero eso está lejos de ser una realidad, pues el problema de las ventas informales es tan complejo que los argumentos a favor y en contra de la invasión del espacio público son igualmente convincentes.

Por un lado están lo que defienden el derecho al libre tránsito y a gozar una ciudad alejada de las expresiones de miseria que las ventas ambulantes traen implícitas. "Si se sacrifica el espacio público se sacrifica la ciudad", dice Lorenzo Castro, que lideró como director del taller del espacio público en la administración de Enrique Peñalosa la recuperación de parques, calles y alamedas. Detrás del tema de la desocupación laboral, él ve algo más: "Por los desempleados podríamos perder todos, ellos no le revierten nada a la ciudad y eso se siente en todos los aspectos", agrega.

Dentro de esa posición también se puede incluir la persecución al contrabando, la piratería, la explotación de menores y la evasión de impuestos. Gran parte de los trabajadores informales venden libros y discos compactos piratas o de contrabando, y en algunos casos detrás de ellos hay grandes empresarios que constituyen un comercio rentable que no paga impuestos, no respeta los derechos laborales de las personas que trabajan para ellos, ni cotizan en el seguro social. Ellos son competencia desleal para los pequeños y grandes comerciantes que pagan impuestos y arriendan un local para vender sus mercancías.

Por el otro están quienes ven en las ventas informales una solución al problema de pobreza y desempleo que enfrenta la ciudad. "Hay que dejar trabajar a la gente. Si el Estado no puede garantizarles a los colombianos el derecho al trabajo, ¿cómo pretende sacarlos de las calles? Eso solo se puede traducir en inseguridad y violencia", sostiene el concejal Isaac Moreno de Caro, que ha cuestionado la posición del Alcalde por considerarla contraria a sus promesas de campaña. De hecho, Garzón fue el único que durante los debates y entrevistas previas a las elecciones sostuvo que respetaría el derecho al trabajo y no perseguiría a los trabajadores informales. Algunas medidas tomadas en lo que lleva de gestión contrarían su posición, pero ha tratado de ser consecuente.

En días pasados aseguró que el espacio público no estaba a la venta y nombró una mesa de concertación, conformada por representantes del Distrito y de los trabajadores ambulantes, para llegar a un acuerdo en el tema. Esta semana se conocerán las recomendaciones que servirán de base para el plan maestro de espacio público y la nueva estructura del Fondo de Ventas Populares. Estos incluirán una serie de garantías y beneficios para los vendedores, como seguridad social y formalización de las organizaciones que los agrupan. Así mismo, los alcaldes locales presentarán un plan de recuperación de las áreas de su localidad y delimitarán el sector donde no se podrá utilizar el espacio para fines comerciales. Según el defensor del espacio público Germán Rodríguez, las áreas en las que han sido desalojados por acciones judiciales no podrán ser de nuevo utilizadas. Un inventario publicado la semana pasada mostró que las mayores acciones de recuperación se han registrado en Chapinero (156), Barrios Unidos (55), Fontibón (44) y Puente Aranda (41). El documento también se refiere a corredores viales completos como la Avenida Caracas y la carrera 13 en Chapinero, la carrera 10 o la Avenida Jiménez en el centro y la carrera 24 en el Siete de Agosto.

La semana pasada, Garzón sostuvo reuniones con los alcaldes locales y representantes de las entidades distritales participantes en la mesa. Ellos guardaron total hermetismo frente al tema, por considerarlo de gran trascendencia y sumamente delicado para la imagen de la administración.

Entre tanto, Rodríguez asegura que las ventas ambulantes en un futuro solo podrán darse donde haya lugares amplios, como parques metropolitanos y ferias temporales. La idea, señala, "es que no haya dispersión sino sitios específicos para vender". Ese es el principio del que parte la reubicación del comercio, que pretende ser una solución al problema. Serán plazas específicas donde tendrán la posibilidad de ofrecer sus mercancías legales, junto con otros servicios como cafeterías y teléfonos. Los puntos serán financiados en su mayor parte por 36 grandes empresas, cuyos productos han sido comercializados por los vendedores.

Pero en el fondo esta discusión solo distrae la atención de algunos, pues los vendedores ambulantes son ocasionales y dependen de la zona en la que se ubican, además no hay espacios suficientes para agruparlos a todos y es casi improbable que los bogotanos se trasladen hacia esos lugares para comprar sus artículos. "Los que compran mis pulseras son personas que pasan por aquí, les gustan y se las llevan, yo no creo que alguien se vaya a ir a donde nos reubiquen para comprarlas", afirma Lucía Chacón, una vendedora que cambia semanalmente de zona para mostrar las pulseras, aretes y collares que hace. Su pensamiento es compartido por una gran mayoría, pues está demostrado que pocas ferias tienen éxito en la ciudad y además son ocasionales y no logran satisfacer las necesidades diarias de los vendedores y sus familias.

La Alcaldía también está estudiando la posibilidad de crear mercados móviles permanentes en los que los trabajadores puedan estar en un solo espacio durante un período máximo de dos semanas y luego trasladarse a otro. De los resultados de la mesa de concertación depende su institucionalización. Esta una medida que se está estudiando desde la primera alcaldía de Mockus.

Mientras tanto, el desempleo sigue en ascenso y la venta callejera se presenta como una solución al problema social, que ya se convirtió en una bomba de tiempo más propensa a estallar a medida que la persecución de las autoridades aumenta. Pero no hay que ignorar la otra cara del problema, la que muestra una ciudad permisiva con la piratería y la evasión de impuestos. Por eso lo importante ahora es encontrar un punto medio, que la administración sea consecuente con sus promesas y que la ciudad no retroceda.
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