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| 6/20/2004 12:00:00 AM

Despejar las incógnitas de la fumigación

Olga Lucía González, miembro del Grupo sobre Actualidad Colombiana, GAC, escribe un análisis sobre los puntos más importantes tratados en el Coloquio, en cuanto al negocio de las drogas y la falta de estudios sobre el problema de la fumigación de cultivos ilícitos.

s han demostrado que los cultivadores reciben menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio. Sin embargo, más allá de la dimensión económica hay un problema social: la coca y la amapola les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas de colonización, la coca es uno de los pocos productos que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.

Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo en los países del norte), atacar la cadena del lucro (desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta (atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción, la más simple, es la que ha escogido el gobierno de Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez más, de manera directa, en el conflicto colombiano. Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así, la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia de seguridad de la región. Les sirve a los sectores más militarizados de Estados Unidos para justificar intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los gobiernos de la región andina para aumentar los rubros de la ayuda contrainsurgente.

En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja de coca s han demostrado que los cultivadores reciben menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio. Sin embargo, más allá de la dimensión económica hay un problema social: la coca y la amapola les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas de colonización, la coca es uno de los pocos productos que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.

Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo en los países del norte), atacar la cadena del lucro (desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta (atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción, la más simple, es la que ha escogido el gobierno de Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez más, de manera directa, en el conflicto colombiano. Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así, la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia de seguridad de la región. Les sirve a los sectores más militarizados de Estados Unidos para justificar intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los gobiernos de la región andina para aumentar los rubros de la ayuda contrainsurgente.

En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja de coca
2. Sin embargo, el número de hectáreas cultivadas de coca sigue siendo alto. Oscila alrededor de las 180.000 hectáreas para la región andina. Los cultivadores tienden a desplazarse en función de las fumigaciones, lo que deteriora las zonas forestales. Además, la fumigación se aplica de manera indiscriminada sobre regiones enteras, sin tener presente que los campesinos siembran al lado de la coca sus cultivos de pancoger. Hay innumerables quejas por muertes de animales, destrucciones de cultivos y muerte y enfermedades en seres humanos.

A ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los efectos reales sobre la salud, a corto y mediano plazo, ni qué es lo que se está fumigando. En el único país andino que fumiga, Colombia, no hay estudios independientes y serios sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud. En Ecuador, el médico Adolfo Maldonado s han demostrado que los cultivadores reciben menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio. Sin embargo, más allá de la dimensión económica hay un problema social: la coca y la amapola les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas de colonización, la coca es uno de los pocos productos que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.

Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo en los países del norte), atacar la cadena del lucro (desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta (atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción, la más simple, es la que ha escogido el gobierno de Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez más, de manera directa, en el conflicto colombiano. Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así, la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia de seguridad de la región. Les sirve a los sectores más militarizados de Estados Unidos para justificar intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los gobiernos de la región andina para aumentar los rubros de la ayuda contrainsurgente.

En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja de coca
2. Sin embargo, el número de hectáreas cultivadas de coca sigue siendo alto. Oscila alrededor de las 180.000 hectáreas para la región andina. Los cultivadores tienden a desplazarse en función de las fumigaciones, lo que deteriora las zonas forestales. Además, la fumigación se aplica de manera indiscriminada sobre regiones enteras, sin tener presente que los campesinos siembran al lado de la coca sus cultivos de pancoger. Hay innumerables quejas por muertes de animales, destrucciones de cultivos y muerte y enfermedades en seres humanos.

A ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los efectos reales sobre la salud, a corto y mediano plazo, ni qué es lo que se está fumigando. En el único país andino que fumiga, Colombia, no hay estudios independientes y serios sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud. En Ecuador, el médico Adolfo Maldonado 3 hace denuncias gravísimas sobre la muerte y las enfermedades de niños y mujeres de la frontera como consecuencia de las fumigaciones. En Colombia existen dos estudios que 'lavan' los efectos de las fumigaciones (pero fueron encargados por la Embajada de Estados Unidos).

Hoy cursa en los tribunales de Colombia una decisión judicial que pide que no haya fumigaciones hasta tanto no se demuestre que sus efectos son inocuos. El gobierno hace caso omiso de esta advertencia y sigue fumigando. Uno de los argumentos recurrentes es que la producción de pasta base es más dañina que la fumigación, pues se vierten al medio ambiente productos tóxicos para su elaboración. En realidad no sabemos qué es más nocivo (justamente, porque no hay un estudio independiente sobre los efectos de la fumigación en la salud). Yendo más lejos, lo primero no justifica que se pongan en peligro más vidas. Con una lógica análoga, uno sostendría que el Estado puede violar los derechos humanos porque los miembros de la sociedad están acostumbrados a hacerlo.

Pero en esta escalera de aberraciones hay algo más grave: no se sabe a ciencia cierta con qué se está fumigando. Según el Departamento de Estado s han demostrado que los cultivadores reciben menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio. Sin embargo, más allá de la dimensión económica hay un problema social: la coca y la amapola les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas de colonización, la coca es uno de los pocos productos que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.

Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo en los países del norte), atacar la cadena del lucro (desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta (atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción, la más simple, es la que ha escogido el gobierno de Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez más, de manera directa, en el conflicto colombiano. Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así, la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia de seguridad de la región. Les sirve a los sectores más militarizados de Estados Unidos para justificar intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los gobiernos de la región andina para aumentar los rubros de la ayuda contrainsurgente.

En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja de coca
2. Sin embargo, el número de hectáreas cultivadas de coca sigue siendo alto. Oscila alrededor de las 180.000 hectáreas para la región andina. Los cultivadores tienden a desplazarse en función de las fumigaciones, lo que deteriora las zonas forestales. Además, la fumigación se aplica de manera indiscriminada sobre regiones enteras, sin tener presente que los campesinos siembran al lado de la coca sus cultivos de pancoger. Hay innumerables quejas por muertes de animales, destrucciones de cultivos y muerte y enfermedades en seres humanos.

A ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los efectos reales sobre la salud, a corto y mediano plazo, ni qué es lo que se está fumigando. En el único país andino que fumiga, Colombia, no hay estudios independientes y serios sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud. En Ecuador, el médico Adolfo Maldonado 3 hace denuncias gravísimas sobre la muerte y las enfermedades de niños y mujeres de la frontera como consecuencia de las fumigaciones. En Colombia existen dos estudios que 'lavan' los efectos de las fumigaciones (pero fueron encargados por la Embajada de Estados Unidos).

Hoy cursa en los tribunales de Colombia una decisión judicial que pide que no haya fumigaciones hasta tanto no se demuestre que sus efectos son inocuos. El gobierno hace caso omiso de esta advertencia y sigue fumigando. Uno de los argumentos recurrentes es que la producción de pasta base es más dañina que la fumigación, pues se vierten al medio ambiente productos tóxicos para su elaboración. En realidad no sabemos qué es más nocivo (justamente, porque no hay un estudio independiente sobre los efectos de la fumigación en la salud). Yendo más lejos, lo primero no justifica que se pongan en peligro más vidas. Con una lógica análoga, uno sostendría que el Estado puede violar los derechos humanos porque los miembros de la sociedad están acostumbrados a hacerlo.

Pero en esta escalera de aberraciones hay algo más grave: no se sabe a ciencia cierta con qué se está fumigando. Según el Departamento de Estado 4 , se asperja con "agua, una fórmula de glifosato según registros de la EPA s han demostrado que los cultivadores reciben menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio. Sin embargo, más allá de la dimensión económica hay un problema social: la coca y la amapola les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas de colonización, la coca es uno de los pocos productos que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.

Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo en los países del norte), atacar la cadena del lucro (desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta (atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción, la más simple, es la que ha escogido el gobierno de Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez más, de manera directa, en el conflicto colombiano. Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así, la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia de seguridad de la región. Les sirve a los sectores más militarizados de Estados Unidos para justificar intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los gobiernos de la región andina para aumentar los rubros de la ayuda contrainsurgente.

En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja de coca
2. Sin embargo, el número de hectáreas cultivadas de coca sigue siendo alto. Oscila alrededor de las 180.000 hectáreas para la región andina. Los cultivadores tienden a desplazarse en función de las fumigaciones, lo que deteriora las zonas forestales. Además, la fumigación se aplica de manera indiscriminada sobre regiones enteras, sin tener presente que los campesinos siembran al lado de la coca sus cultivos de pancoger. Hay innumerables quejas por muertes de animales, destrucciones de cultivos y muerte y enfermedades en seres humanos.

A ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los efectos reales sobre la salud, a corto y mediano plazo, ni qué es lo que se está fumigando. En el único país andino que fumiga, Colombia, no hay estudios independientes y serios sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud. En Ecuador, el médico Adolfo Maldonado 3 hace denuncias gravísimas sobre la muerte y las enfermedades de niños y mujeres de la frontera como consecuencia de las fumigaciones. En Colombia existen dos estudios que 'lavan' los efectos de las fumigaciones (pero fueron encargados por la Embajada de Estados Unidos).

Hoy cursa en los tribunales de Colombia una decisión judicial que pide que no haya fumigaciones hasta tanto no se demuestre que sus efectos son inocuos. El gobierno hace caso omiso de esta advertencia y sigue fumigando. Uno de los argumentos recurrentes es que la producción de pasta base es más dañina que la fumigación, pues se vierten al medio ambiente productos tóxicos para su elaboración. En realidad no sabemos qué es más nocivo (justamente, porque no hay un estudio independiente sobre los efectos de la fumigación en la salud). Yendo más lejos, lo primero no justifica que se pongan en peligro más vidas. Con una lógica análoga, uno sostendría que el Estado puede violar los derechos humanos porque los miembros de la sociedad están acostumbrados a hacerlo.

Pero en esta escalera de aberraciones hay algo más grave: no se sabe a ciencia cierta con qué se está fumigando. Según el Departamento de Estado 4 , se asperja con "agua, una fórmula de glifosato según registros de la EPA 5, y el adyuvante Cosmo-Flux 411F". El adyuvante eleva la efectividad de la mezcla para la erradicación. No se usa en Estados Unidos. El glifosato se usa en ciertas condiciones en Estados Unidos. Además de que existen denuncias sobre la manera como se emplean (altura de vuelo, no discriminación de pequeños cultivos), existe un gran misterio en torno a los componentes químicos de estos dos productos. Sobre la "fórmula de glifosato" que se emplea, la propia DEA afirma que "su composición química es propiedad del laboratorio (colombiano), no se dispone públicamente de ella y el laboratorio no la ha sometido al Departamento de Estado" s han demostrado que los cultivadores reciben menos del 2 por ciento de las ganancias generadas por el negocio. Sin embargo, más allá de la dimensión económica hay un problema social: la coca y la amapola les dan de comer a 300.000 familias de campesinos y trabajadores ocasionales (raspachines) solamente en Colombia. En zonas de colonización, la coca es uno de los pocos productos que los cultivadores tienen la seguridad de comercializar.

Tres posibilidades lógicas se ofrecen para controlar este negocio: atacar la demanda (intentar reducir el consumo en los países del norte), atacar la cadena del lucro (desarticular a los narcotraficantes) y reducir la oferta (atacar a los campesinos cultivadores). La tercera opción, la más simple, es la que ha escogido el gobierno de Estados Unidos. La opción represiva ha primado. Por la vía militar, Estados Unidos se involucra cada vez más, de manera directa, en el conflicto colombiano. Los gobiernos colombianos apoyan estas iniciativas con la esperanza de llevar a cabo sus metas contra las Farc. Así, la guerra antidrogas es una excelente arma en la estrategia de seguridad de la región. Les sirve a los sectores más militarizados de Estados Unidos para justificar intervenciones y gastos militares en el exterior, y a los gobiernos de la región andina para aumentar los rubros de la ayuda contrainsurgente.

En su componente estrictamente antidrogas, la estrategia ha estado ligada a la fumigación. El gobierno afirma que desde 2001 ha fumigado 352.694 hectáreas de hoja de coca
2. Sin embargo, el número de hectáreas cultivadas de coca sigue siendo alto. Oscila alrededor de las 180.000 hectáreas para la región andina. Los cultivadores tienden a desplazarse en función de las fumigaciones, lo que deteriora las zonas forestales. Además, la fumigación se aplica de manera indiscriminada sobre regiones enteras, sin tener presente que los campesinos siembran al lado de la coca sus cultivos de pancoger. Hay innumerables quejas por muertes de animales, destrucciones de cultivos y muerte y enfermedades en seres humanos.

A ciencia cierta, nadie sabe cuáles son los efectos reales sobre la salud, a corto y mediano plazo, ni qué es lo que se está fumigando. En el único país andino que fumiga, Colombia, no hay estudios independientes y serios sobre los efectos de las fumigaciones sobre la salud. En Ecuador, el médico Adolfo Maldonado 3 hace denuncias gravísimas sobre la muerte y las enfermedades de niños y mujeres de la frontera como consecuencia de las fumigaciones. En Colombia existen dos estudios que 'lavan' los efectos de las fumigaciones (pero fueron encargados por la Embajada de Estados Unidos).

Hoy cursa en los tribunales de Colombia una decisión judicial que pide que no haya fumigaciones hasta tanto no se demuestre que sus efectos son inocuos. El gobierno hace caso omiso de esta advertencia y sigue fumigando. Uno de los argumentos recurrentes es que la producción de pasta base es más dañina que la fumigación, pues se vierten al medio ambiente productos tóxicos para su elaboración. En realidad no sabemos qué es más nocivo (justamente, porque no hay un estudio independiente sobre los efectos de la fumigación en la salud). Yendo más lejos, lo primero no justifica que se pongan en peligro más vidas. Con una lógica análoga, uno sostendría que el Estado puede violar los derechos humanos porque los miembros de la sociedad están acostumbrados a hacerlo.

Pero en esta escalera de aberraciones hay algo más grave: no se sabe a ciencia cierta con qué se está fumigando. Según el Departamento de Estado 4 , se asperja con "agua, una fórmula de glifosato según registros de la EPA 5, y el adyuvante Cosmo-Flux 411F". El adyuvante eleva la efectividad de la mezcla para la erradicación. No se usa en Estados Unidos. El glifosato se usa en ciertas condiciones en Estados Unidos. Además de que existen denuncias sobre la manera como se emplean (altura de vuelo, no discriminación de pequeños cultivos), existe un gran misterio en torno a los componentes químicos de estos dos productos. Sobre la "fórmula de glifosato" que se emplea, la propia DEA afirma que "su composición química es propiedad del laboratorio (colombiano), no se dispone públicamente de ella y el laboratorio no la ha sometido al Departamento de Estado" 6. Es sospechoso que la DEA no sepa qué es lo que se fumiga. Y es inadmisible que no existan estudios independientes sobre sus efectos y que los médicos no hablen por temor a represalias, como se rumora. El gobierno colombiano debe permitir que se realice un estudio independiente con un equipo internacional de médicos y científicos para despejar todas estas dudas.

La región andina seguirá viviendo con los problemas generados por el tráfico de cocaína por un buen lapso. Ya es hora de aceptar que tal como está diseñada, la guerra antidrogas es inútil. Sería más demostrativa, por ejemplo, si se combatiera a traficantes y lavadores, fortaleciendo de paso el sistema judicial colombiano. Por el contrario, en su ataque a los cultivadores el gobierno anula la posibilidad de incluir a los campesinos en un proyecto de ciudadanía y genera desconfianza con respecto a las instituciones.

Las fumigaciones no son un "efecto colateral" de la guerra antidrogas. Son un efecto directo y sus consecuencias deben ser analizadas. La triste recordación del agente naranja, plebiscitado en su momento, debe rondar por las mentes de quienes ejecutan hoy las políticas de fumigación.

* Socióloga, candidata a doctorado de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, miembro del Grupo sobre actualidad colombiana, GAC, que organizó el Coloquio en la Unesco.
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