Después de una reunión con los detenidos en La Picota, gobierno propuso excarcelar a políticos que digan la verdad

La controversia por la propuesta del presidente Álvaro Uribe Vélez de excarcelar a los políticos detenidos por el caso de la para-política se avivó este jueves al trascender que el ministro del Interior, Carlos Holguín Sardi, estuvo visitándolos el pasado fin de semana.

En efecto, el funcionario fue a la cárcel de La Picota el sábado para conversar con los 13 congresistas detenidos -todos aliados del gobierno-. Allí escuchó las inquietudes de ellos. Por ejemplo, Miguel de La Espriella le mostró una columna del vicepresidente Francisco Santos, cuando este se desempeñaba como periodista de El Tiempo, de la cual se deduce -según la interpretación del parlamentario- que éste veía con buenos ojos a los paramilitares. Como se recordará, recientemente Salvatore Mancuso en su versión libre presentó un testimonio en el mismo sentido.

Los congresistas le dijeron también al Ministro que ellos estaban viendo que no se estaba juzgando con el mismo rasero a los vinculados por la para-política. Su argumentación la basan en que los firmantes del Pacto de Ralito están acusados, pendientes de un juicio y en la cárcel mientras que cuando se tocó, según la queja de ellos, a los miembros de las elites bogotanas, fueron muchas las voces que salieron a decir que no se les podía creer a los criminales.

La queja de los parlamentarios fue hecha directamente por las aseveraciones de Mancuso que vinculan al vicepresidente, Francisco Santos, y al ministro de Defensa, Juan Manuel Santos. “O todos en la cama o todos en el suelo”, se quejaron los detenidos. Para ellos, el proceso de la para-política es un problema de clases sociales en contra de los dirigentes de las regiones.

Este martes el presidente hizo su propuesta que ha generado gran controversia, tal como se deduce de la siguiente nota enviada al mundo por la agencia AP. Con una docena de congresistas aliados suyos presos por supuestos nexos con paramilitares, el presidente Álvaro Uribe propuso perdonarlos si dicen la verdad de los vínculos que tuvieron con esas milicias ilegales, lo que desató la censura de opositores y analistas que el jueves calificaron de “cínica” la propuesta.

“Ahora que se sabe que la mayoría de implicados son del gobierno, prácticamente todos, se vienen a proponer este tipo de cosas”, criticó la experta Claudia López, cuyas investigaciones denunciaron la incidencia electoral de grupos paramilitares del norte de Colombia.
 
López calificó el jueves, en entrevista con AP, como “muy cínica, porque es un abierto favor a miembros del gobierno implicados en el tema, y una burla a la justicia”.

Sorpresivamente, el Presidente anunció en un discurso el martes que “sin amnistiar y sin indultar en caso de delitos atroces, nos tenemos que preparar para darles el beneficio de la excarcelación a quienes confiesen la verdad”, y propuso abrir el tema a debate.

No precisó los alcances ni a quiénes beneficiaría esa excarcelación, pero el ministro de Interior, Carlos Holguín, aclaró este jueves que se trata de “una jugada adicional que da una nueva dinámica en el orden de conseguir el propósito de la paz y la reconciliación”.

Docenas de ex comandantes paramilitares están detenidos por someterse a una ley creada al amparo de un proceso de paz impulsado por Uribe desde 2003 y les concede penas máximas de ocho años de prisión si confiesan los crímenes que cometieron, dejan de delinquir y reparan el daño ocasionado a sus víctimas.

Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia investiga los vínculos que tuvieron congresistas con los paramilitares y ordenó detener a 13, de los cuales 12 militan en el oficialismo, por, supuestamente, aprovecharse del poder armado de las milicias paramilitares para ganar apoyo político y a cambio darles injerencia en el manejo de la cosa pública.

Por esas pesquisas, la ex canciller María Consuelo Araújo renunció luego de que su hermano fue apresado. También el ex jefe de inteligencia Jorge Noguera, nombrado por Uribe, es procesado por supuestamente entregar documentos confidenciales a paramilitares.

Holguín añadió, en declaraciones a radio Caracol, que en el caso de los políticos ligados con paramilitares, debe tener un asidero “a una situación que viene preocupando al país porque nadie calculó... que llegase a tener tantas implicaciones y consecuencias”.

La excarcelación o reducción de penas se les conferiría si confiesan ante un juez su participación en esas organizaciones, explicó Holguín.
El senador Gustavo Petro, un férreo opositor de Uribe, afirmó que “se está caminando a un pacto de impunidad”.

Añadió que “el Presidente tiene un impedimento ético mayúsculo” para hacer esta propuesta porque implica a “sus propios familiares -como su primo (el senador) Mario Uribe-, miembros del alto gobierno nombrados por él mismo... y el 99 por ciento de los políticos presos corresponden a sus partidos políticos”.

El fiscal general, Mario Iguarán, dijo que “no hay que descartar todos estos escenarios políticos donde a la Fiscalía no le corresponde hacer pronunciamientos”, pero que si son aprobados, acatará.

López opinó que no se debe ser indulgente porque “aquí hay reglas del juego que se plantearon hace dos años para ofrecer beneficios e incentivos a quienes se sometieron voluntariamente a esta ley... todos estos políticos pudieron someterse y reconocer su vinculación a estas organizaciones, pero no lo hicieron”.

Unos 31.000 paramilitares dejaron las armas, tras más de dos décadas de su surgimiento, durante las cuales masacraron y ejecutaron a docenas de miles y obligaron a dejar sus tierras a millones de campesinos, además de involucrarse en el narcotráfico.