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Carolina Barco, Canciller de la República.

Cancillería

Diplomacia a la carrera

A punta de nombramientos provisionales por fuera de la carrera diplomática la Cancillería tiene una nómina paralela que le cuesta al país 8.816 millones de pesos anuales, denuncia la Contraloría.

Élber Gutiérrez Roa
17 de abril de 2006

Una nómina paralela en la Cancillería, integrada por funcionarios provisionales que ocupan cargos para los que ya han sido formados los diplomáticos de carrera, le genera al país gastos por 8.816 millones de pesos anuales. Así lo señala un informe de auditoría preparado por la Contraloría General de la Nación.

El informe corresponde a la vigencia fiscal de 2005 y aunque fue terminado el 15 de diciembre sólo esta semana será adoptado y divulgado oficialmente por el contralor delegado para la función pública, Rubén Ramiro Estrada. Contempla 38 hallazgos que ya fueron presentados a la Canciller Carolina Barco, cuyo despacho respondió que comparte algunas de las observaciones y que está en proceso para mejorar en otras.

Según la Contraloría, el Ministerio de Relaciones Exteriores le ha dado un manejo inconveniente a la figura de la provisionalidad, prevista para los casos en los que no sea posible designar funcionarios de carrera diplomática y consular.

El Presidente de la República puede nombrar como embajador a personal de su confianza o a funcionarios de carrera que han estudiado más de 20 años y que han ascendido en el escalafón diplomático desde el rango más bajo para poder dirigir una delegación colombiana en el extranjero.

Pero durante este gobierno, como seguramente ocurrió en todos los anteriores, mientras la nómina diplomática se llenó con apellidos de políticos famosos como Valencia Cossio, Sanín Posada y Noguera, a los diplomáticos de carrera les tocó conformarse con puestos y sueldos por debajo de su escalafón. A 31 de octubre de 2005 había 72 funcionarios de carrera diplomática ocupando cargos por debajo de su rango: 17 embajadores, 14 ministros plenipotenciarios, 13 cónsules y cuatro consejeros, entre otros, según el informe de la Contraloría.

La Contraloría encontró más. La Cancillería le paga al funcionario de carrera la diferencia entre el sueldo que ganaría según su rango en el escalafón y el que ocupa en la realidad, lo que hace que quien pierda sea el país pues está pagando más caro por puestos que podrían desempeñar personas menos calificadas. A juicio de la Contraloría “lo anterior podría constituir detrimento patrimonial por valor de $8.816.8 millones, aproximadamente, por cuanto el Estado, en cabeza del Ministerio de Relaciones Exteriores, reconoce doble asignación salarial por una misma categoría…”.

En carta enviada a la redacción de Semana.com con posterioridad a la publicación de este artículo, el Vicecanciller, Camilo Reyes, señaló que no es cierto que exista una nómina paralela en la entidad, pero reconoció la existencia de los nombramientos provisionales "por cuanto no hay un número suficiente de funcionarios de Carrera Diplomática y Consular para ocupar los respectivos empleos de Carrera".

Para Francisco Forero, director administrativo de la Cancillería, no es cierto que haya una nómina paralela, aunque sí lo es que cerca del 50% de la nómina del ministerio sea provisional. “La ley lo permite. Además, en la carrera diplomática la gente asciende por rangos, como en el ejército. Por eso puede darse el caso de que un funcionario esté en un cargo inferior a aquel para el cual está capacitado y de todas maneras se le pague la diferencia”, señaló.

Un dato que hace más curioso el caso es que a diferencia de otras entidades, en la Cancillería los funcionarios no son nombrados por encima de su rango, sino por debajo de él. En Oslo (Noruega), la ministra plenipotenciaria, Diana Patricia Aguilar, fue nombrada como primera secretaria; en Argentina, la ministra consejera Martha Cecilia Pinilla fue nombrada consejera (el cargo de ministro consejero lo ocupa Álvaro de Jesús Vásquez); y en Washington, el ministro consejero Juan José Quintana fue nombrado consejero. Allí el ministro consejero es Luis Ernesto Araújo.

La Contraloría también encontró errores como la contratación de empleadas domésticas para cargos administrativos (son empleadas del diplomático y no del Estado colombiano, pero las terminan pagando los contribuyentes) y pago de gastos de representación a diplomáticos sin el soporte respectivo para aclarar en qué fueron gastados.

El 14 de septiembre pasado el representante Germán Navas -con el apoyo del sindicato de la Cancillería- hizo un debate en el Congreso en el que llegó a las mismas conclusiones que ahora aparecen en el informe de la Contraloría. Para él, “la carrera diplomática sólo existe en el papel, porque en la práctica apenas el 12% de los funcionarios diplomáticos son personal capacitado para esa labor. El resto son políticos amigos del presidente de turno”.

Aunque el informe ha sufrido algunas variaciones durante la etapa previa a su adopción, los problemas encontrados son los mismos. La Cancillería tiene la palabra.