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| 1/31/2007 12:00:00 AM

“El 75 por ciento de asesinatos y desapariciones en Colombia es por responsabilidad de agentes del Estado”: Comisión Colombiana de Juristas

Durante el primer período del presidente Álvaro Uribe, 11.292 personas fueron asesinadas o desaparecidas por motivos de violencia socio-política. Después de su desmovilización, las autodefensas fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año.

El panorama en derechos humanos en Colombia ha variado poco en los últimos cuatro años. A pesar de la desmovilización de 31 mil paramilitares, la ofensiva militar contra los grupos guerrilleros y la disminución de secuestros, los derechos humanos y el derecho humanitario en Colombia se sigue violando por grupos ilegales y organismos del Estado. Según la Comisión Colombiana de Juristas, en los últimos cuatro años murieron asesinadas o fueron desaparecidas 11.292 personas, y el 75 por ciento de estas acciones fue responsabilidad del Estado.

Gustavo Gallón, director de esta ONG, atribuyó la alta cifra a tres razones: las exigencias de la Política de Seguridad Democrática, la presión a la fuerza pública para que entregue resultados positivos y la falta de distinción entre civiles y combatientes. “Es cierto que han disminuido los homicidios en ciudades como Bogotá y Medellín, pero cabe recordar que estos son cometidos por grupos de delincuencia común”, dijo Gallón.

El estudio de la Comisión da cuenta de las 908 víctimas (14%) que dejaron agentes estatales como policías o militares; 3.907 víctimas murieron o están desaparecidas “por tolerancia o apoyo a grupos paramilitares” (60.98%); y a las guerrillas como las Farc y el Eln se les atribuye el 24,83 por ciento de los casos, es decir 1.591 víctimas entre 2002 y 2006. Además, se calcula que 6.192 personas fueron detenidas arbitrariamente.

Casos como el de las torturas a un grupo de soldados en el batallón Patriotas en Piedras (Tolima), ocurrido en enero de 2006; o la detención y posterior ejecución a tres sindicalistas en TAME (Arauca), en 2004; o los escandalosos falsos positivos que entregó un grupo de uniformados de inteligencia del Comando General de las Fuerzas Militares el año pasado, son algunos de los ejemplos que la Comisión cuantificó para entregar el preocupante resultado. “En la mayoría de los casos, las violaciones estuvieron precedidas por detenciones arbitrarias y, en algunos casos, de desapariciones forzadas (...) en una muestra de 98 casos de ejecuciones extrajudiciales perpetradas entre julio de 2002 y junio de 2006, 46 personas civiles fueron presentadas como muertas en combate en algunos de los operativos militares”, dice el informe.

Otros actores

Las violaciones a los derechos humanos por parte de los grupos paramilitares también fueron medidas en esta investigación. Después de la desmovilización del primer grupo de las AUC (en noviembre de 2003), las autodefensas fueron responsables de la muerte y desaparición de 976 personas cada año, cifra mucho menor a la que se registró entre 1996 y 2002, cuando el número de víctimas fue de 1.756 personas.

Para la Comisión de Juristas, este resultado se debe a un cambio en la estrategia de los ‘paras’, que pasaron de masacres como la de El Salado, Ovejas y el alto Naya, a asesinatos más selectivos y de menor cuantía. “El Gobierno no ha reaccionado al respecto a pesar de haber anunciado que el proceso de desmovilización de las AUC estaba sujeto a la condición de que tales grupos no ejecutaran ni un asesinato más. Por el contrario, el Alto Comisionado dijo en algún momento que el cese de hostilidades era una metáfora que debía manejarse con mucha flexibilidad”, agregó Gallón.

En cuanto a los delitos cometidos por grupos guerrilleros, durante el primer período de Uribe estos grupos asesinaron a 397 personas en promedio cada año. Mientras que durante el período del presidente Andrés Pastrana, el promedio anual fue de 449. el descenso en esta cifra, muy seguramente, coincide con el incremento de operaciones por parte de la fuerza pública en el marco del Plan Patriota.

El secuestro, a pesar de disminuir, es un delito que azota más por el drama de quienes están privados de la libertad. Entre 2002 y 2005 se registraron 4.650 secuestros, cifra mucho menor que en el cuatrienio inmediatamente anterior. Lo preocupante es que hay soldados, políticos y gobernantes que llevan años en el monte.

El Observatorio de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República lleva un registro de estos mismos delitos en sus archivos, sus indicadores han sido bastante criticados ya que excluyen algunos aspectos que son determinantes a la hora de medir el conflicto en Colombia. “Es necesarios recordar que aquellos indicadores no se refieren de manera específica a y diferenciada a las conductas de los servidores públicos que, directamente o por esos nexos con miembros de grupos paramilitares, constituyen violaciones a derechos humanos”, señaló a comienzos de 2006 un informe de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Aunque la era Uribe se ha preocupado por formar en derechos humanos a militares, policías y a todos los funcionarios públicos que son susceptibles de romper con las normas humanitarias, para la Comisión de Juristas este trabajo no ha sido suficiente en la práctica: “es necesaria una política integral de derechos humanos, con un programa de seguridad realmente democrático y con una supervisión de la comunidad internacional”.
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