Sábado, 10 de diciembre de 2016

| 2007/02/09 00:00

El acoso judicial

Hoy, 9 de febrero, día del periodista, los 31 periódicos afiliados a Andiarios han decidido publicar todos este editorial. SEMANA.COM también se suma a esta voz colectiva.

El acoso judicial

"Hoy, Día nacional del periodista, los 31 periódicos afiliados a Andiarios hemos decidido unirnos en una sola voz, en este editorial conjunto, para expresar nuestra preocupación ante una nueva modalidad de restricción a la libertad de prensa y al derecho a la información que se está presentando en Colombia. Se trata de las cada vez más frecuentes decisiones judiciales que de manera arbitraria o desproporcionada imponen sanciones a los medios de comunicación y a los periodistas.

Una muy reciente y significativa tuvo lugar la semana pasada, cuando el Juez Segundo Penal del Circuito de Barranquilla le ordenó al periódico El Heraldo abstenerse de divulgar información sobre los posibles vínculos de una empresa encargada del recaudo de los impuestos locales con grupos paramilitares. La medida recibió un inmediato y unánime rechazo de los medios, los periodistas y, lo más importante, de la ciudadanía. Reacción explicable, pues dicha orden judicial violó de manera flagrante la norma constitucional que prohíbe la censura. Invocando una presunta posibilidad de daño a la honra y buen nombre de la empresa, se impidió -por fortuna por solo pocos días- la publicación de un informe trascendental para los barranquilleros.

Lo más preocupante es que muchos jueces actúan como ruedas sueltas. No aplican la jurisprudencia de las altas Cortes ni analizan casos similares a los que conocen. El lunes pasado, en otro insólito caso de censura aún peor que el de Barranquilla, el Juez Penal del Circuito de San Andrés ordenó a cinco emisoras de radio y un periódico abstenerse de difundir información sobre un proceso relacionado con el desfalco de 2.800 millones de pesos a la liquidada Empresa de Energía Eléctrica Archipiélago Power & Light. 

Pero no son estos los únicos casos. La semana pasada el Juez Primero Administrativo del Circuito del Quindío, en un proceso de reparación directa, condenó al periódico La Crónica de Armenia a pagar una suma cercana de los 40 millones de pesos por la divulgación que hizo en el año 2002 de una información relacionada con una aparente estafa, la cual se basó en un boletín especial de prensa del Ejército Nacional, Octava Brigada. Paradójicamente, ni la Brigada, fuente de la información, ni ningún otro organismo público de los que fueron demandados fue condenado. El fallo del juez parece revivir la práctica medieval de matar al mensajero de malas noticias.

Se ha vuelto costumbre, de otra parte, que las personas involucradas en una investigación periodística, especialmente los políticos denunciados por corrupción, utilicen las acciones de tutela y las demandas civiles, administrativas y penales como mecanismo para silenciar información desfavorable. El director del diario El Nuevo Día de Ibagué, por ejemplo, ha tenido que defenderse en los últimos dos años en más de 30 procesos adelantados contra él por políticos de su región que habían sido denunciados por contratos o actividades ilegales. Hasta la fecha ha salido triunfante en todos los casos, pero ha tenido que dedicar muchas horas y dinero a su defensa.

Diversos medios de comunicación y columnistas de opinión viven situaciones similares, y no hay periódico colombiano que no sufra hoy un acoso judicial de distintas procedencias, que busca restringir la divulgación de informaciones de interés público.

Ante esta nueva amenaza contra la libertad de prensa, medios y periodistas debemos trabajar unidos para evitar que estas presiones conduzcan a la autocensura. Y deben los ciudadanos defender su derecho a la información formulando sus reclamos y protestas y ejerciendo las correspondientes acciones legales. La tutela es un mecanismo no solo para que los medios corrijamos nuestros errores, sino para que los ciudadanos defiendan su derecho a una información veraz y oportuna cuando quiera que se vea limitada por personas con intereses no confesables. 

Nos preocupan también los riesgos que deben enfrentar día a día nuestros periodistas y reporteros. Los asesinatos, las amenazas y los atentados hacen parte de su cotidianidad. Infortunadamente no hay tema que sea ajeno al poder intimidatorio del crimen organizado, de los grupos armados ilegales y de los corruptos.

Y como si ello fuera poco, la impunidad campea. Hace pocos días se cumplieron cinco años del asesinato de Orlando Sierra, subdirector de La Patria de Manizales, ocurrido en plena luz del día mientras conversaba con su hija en la puerta de su periódico.
Pese a la abundancia de indicios que apuntan a sectores políticos locales que Sierra denunciaba sin cesar, los autores intelectuales del crimen no han sido aún penalizados.

La impunidad alimenta la violencia de los corruptos contra el periodismo que los enfrenta. Y la triste realidad es que la inmensa mayoría de los crímenes contra periodistas sigue sin castigo y no ha pasado por la cárcel el primer autor intelectual. La mayoría de las amenazas ni siquiera se investigan y dentro del proceso de Verdad, Justicia y Reparación, no se conoce una sola investigación por el asesinato de un periodista.

No es fácil la tarea de entender e interpretar la compleja realidad colombiana que tenemos los periodistas. Los jueces no pueden, con sus decisiones, volverla aún más difícil. El mejor homenaje a un periodista es respetarle su libertad y su independencia".

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