Lunes, 23 de enero de 2017

| 2005/09/25 00:00

El apoyo de España a Colombia

Miércoles 21. El experto Joaquín Roy analiza el apoyo de España a la Ley de Justicia y Paz, ahora cuando la Unión Europea define su posición al respecto.

El apoyo de España a Colombia

Ante la expectativa de la evaluación del Consejo de la Unión Europea (UE) sobre la controvertida Ley de Justicia y Paz para reinsertar a los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el Presidente Álvaro Uribe sabe que, aparte de la comprensión de Blair (que preside este semestre la UE), puede contar con el respaldo moral del gobierno de Rodríguez Zapatero. Sería la ratificación de la prioritaria atención que Colombia ha disfrutado de los sucesivos gobiernos españoles. Madrid siempre ha liderado los esfuerzos europeos para conseguir una mayor contribución en términos de ayuda y apoyo político a la consolidación de la democracia y a la mediación para solucionar el grave conflicto colombiano. Los lazos personales tejidos por los sucesivos mandatarios y la familia real española con los presidentes colombianos han servido para imbricar todavía más los vínculos entre las sociedades civiles y las redes empresariales. No por casualidad, el último viaje oficial del presidente José María Aznar al exterior tuvo como destino Colombia. La espectacular y cálida recepción ofrecida a Uribe en Madrid en julio se insertaba en un clima mayoritario de cautela europea. Las interpretaciones acerca de este apoyo básicamente se dividen en tres. Una atañe a una política de estado global, la otra tiene que ver con un posible trueque de favores, y la tercera apunta hacia los Estados Unidos. En primer lugar, destaca el firme deseo del Ejecutivo español en reconstruir una política de Estado (aunque sea sin la anuencia del Partido Popular) en los temas exteriores (sobre todo los que implican a Latinoamérica) que no presentan unos inconvenientes insalvables. En el marco del preludio del relanzamiento del proyecto de las cumbres iberoamericanas (con motivo del programa para Salamanca en octubre), por encima de todo, se concede prioridad al mantenimiento de la comunicación con todos los gobiernos con los que pueda existir algún ángulo de divergencia. En este contexto, Colombia forma parte de un triángulo sensible, junto a Cuba y Venezuela. Con La Habana, la decisión de Zapatero es de mantener la comunicación abierta, rota en el último periodo de Aznar, pero sin hacerse ilusiones: nada va a cambiar ostensiblemente en vida de Castro. Con Venezuela, en cambio, se considera que España puede jugar un papel moderador por lo menos en que el estrechamiento de las libertades públicas no se acentúe y así se evite cruzar peligrosamente la frontera de la democracia. Con Colombia, aunque en numerosos aspectos de la política de Uribe hay divergencias, Madrid considera que la obligación histórica (al igual que los casos cubano y venezolano) aconseja estar a su lado y contribuir en la manera de lo posible a la meta última (la pacificación y la reconciliación justa). Otra interpretación señala a un supuesto trueque en múltiple dimensión. Por un lado, Uribe no le reclamaría a Zapatero el desplante por la cancelación del contrato de cesión de los carros de combate ofrecidos por Aznar. Este proyecto fue duramente criticado internamente y en el seno de la UE, ya que violaba el código de conducta de la UE, que prohíbe a sus Estados miembros el suministro de armas a países inmersos en conflictos, además de que condicionaba todo papel honesto de mediador con la guerrilla. Además, evaluaciones militares colombianas calificaron esos carros de combate como material defectuoso y de dudosa efectividad en la lucha antiguerrilla. Por otro lado, Uribe habría accedido a reunirse con Chávez en una cumbre en compañía del mandatario español. Finalmente, el viaje a Madrid difuminaría terminantemente la supuesta presión de Estados Unidos que habría causado la cancelación del viaje de febrero, en lugar de la infección nasal de Uribe. Además, Zapatero conseguiría, con su apoyo condicional, que Uribe aceptara a Felipe González como intermediario de las negociaciones con el ELN, y al juez Baltasar Garzón como asesor jurídico de la propia controvertida ley. Según otras interpretaciones, Zapatero habría aprovechado la coyuntura para ofrecer un guiño hacia Washington. Esta táctica no se ejecutaba solamente para equilibrar el mantenimiento de la relación con La Habana y Caracas, sino también para borrar parte de la polémica causada por la retirada de las tropas españolas de Irak y las críticas a la política de Bush en la zona. En cualquier caso, este limitado escenario hispanocolombiano debe quedar visto en el contexto más amplio de la ambiciosa estrategia española que en el otoño de 2005 tiene un doble eje. En primer lugar, destaca el desarrollo de la propuesta de la Alianza de Civilizaciones hecha el pasado noviembre por Zapatero en Naciones Unidas. Tendrá como número estelar la cumbre mediterránea en el X aniversario del Proceso de Barcelona. Precisamente en noviembre de 1995, en la inauguración de ese proyecto en la capital catalana y en plena presidencia española de la UE, el PSOE, dirigido por González, prácticamente se despidió del poder. Recuperado ahora tras las elecciones de marzo de 2004, Zapatero ha invertido considerables energías diplomáticas para que el acontecimiento sirva para reintegrar a España al lugar estratégico que le corresponde. Además, Zapatero ha apostado arriesgadamente por la revalorización del proyecto iberoamericano. Desangelado bajo la administración del PP, atraviesa por un momento delicado de auge de los populismos en Latinoamérica, el desinterés de Estados Unidos por la zona (a excepción de la temática de la seguridad y el narcotráfico), y la incierta prioridad que la propia UE globalmente concede a la región. Colombia, como tercer país hispanohablante, situado estratégicamente, resalta como objetivo prioritario de la acción española. * Catedrático "Jean Monnet" y Director del Centro de la Unión Europea de la Universidad de Miami. Espere mas tarde: Abc de las reformas de la ONU. Y mañana: En un debate, la ministra del Medio Ambiente, Sandra Suárez, y expertos exponen los pros y los contras de la controvertida Ley General Forestal.

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