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| 6/16/2008 12:00:00 AM

El congreso cómplice

Los demócratas en el Congreso hundieron de hecho el proyecto de 'impeachment' presentado por uno de ellos contra George W. Bush, la semana pasada. ¿Porqué se niegan a ejercer el mandato constitucional de juzgar a un Presidente que violó la ley en materia grave? Por Mauricio Sáenz, editor de Mundo de SEMANA

La historia no absolverá a George W. Bush por sus actos en la presidencia del país más poderoso del mundo. Pero lo que sucedió la semana pasada hace pensar que sus contemporáneos del congreso de Estados Unidos sí lo harán. Y lo harán, irónicamente, a pesar de que el representante demócrata Dennis Kucinich presentó la semana pasada la propuesta de adelantar contra Bush un proceso de ‘impeachment’, el mecanismo que establece la Constitución de ese país para destituir a un Presidente.
 
Lo malo es que el proyecto de resolución fue enviado casi de inmediato al Comité Judicial de la Cámara, lo que equivale a congelarlo indefinidamente, pues el presidente de éste, el también demócrata John Conyers, ha dicho repetidamente que no está interesado en acusar al primer mandatario. Y seguramente así será, pues en sus gavetas ya duerme el sueño de los justos el proyecto de 'impeachment' que el mismo Kucinich presentó contra el vicepresidente Dick Cheney hace poco más de un año.

Por eso, si se tiene en cuenta que a Bush le quedan apenas seis meses en el cargo, lo más probable es que en enero regrese a su rancho de Texas tranquilamente, como si durante su gobierno la institución presidencial no hubiera llegado al máximo desprestigio en la historia de Estados Unidos.

El documento presentado por Kucinich incluye 35 ‘articles if impeachment’ que son de validez constitucional y legal incuestionable. Quince de ellos se refieren a la invasión ilegal contra Irak. Mencionan, entre otras cosas, que Bush violó la Carta de las Naciones Unidas al iniciar una guerra de agresión sin una causa justa comprobada; mintió al congreso y al pueblo de Estados Unidos para convencerlos de que era necesaria; y usó fondos federales para lanzar los primeros bombardeos sin autorización del legislativo.

Otros cinco hablan de los abusos cometidos en la ‘guerra contra el terrorismo’. Según ellos, Bush violó las leyes nacionales e internacionales al autorizar la tortura de prisioneros, (lo que resultó en la muerte de muchos de ellos) y al mantener a centenares de personas, estadounidenses y extranjeras, detenidas en forma arbitraria y sin cumplir las mínimas garantías legales, en cárceles secretas, fuera del alcance de los organismos de control, y sin acceso a un juicio libre y justo.

Uno de los cargos lo acusa de negligencia grave frente a la tragedia que causó el huracán Katrina en Nueva Orleans Y el resto se refiere a abusos de poder cometidos en al ámbito interno, como que Bush violó la ley que protege el derecho a la intimidad de los norteamericanos al ordenar las escuchas secretas y masivas de los teléfonos y el rastreo de sus mensajes electronicos sin orden judicial. O que atropelló la Constitución al asumir poderes ilimitados y dejar de promulgar mediante artilugios jurídicos centenares de leyes (como la que prohibe la tortura), con lo que usurpó la competencia del Congreso.

Los hechos en los que se basa el proyecto de Kucinich ni siquiera requieren investigación, pues han sido tan analizados que ya son públicos y notorios. Incluso en algunos casos la cosa va más allá. En cuanto a las interceptaciones ilegales, por ejemplo, un juez federal ya decidió que constituyen delito. O sea que ni siquiera se discute si ocurrió o nó, lo que significa que lo único que el congreso debería decidir es si el hecho es tan grave como para calificar como uno de los “high crimes and misdemeanors” que menciona la Carta. Lo mismo sucede con la usurpación de los poderes del Congreso, pues el propio Bush no solo reconoce haber incurrido en ella, sino que se defiende con la teoría de que , como comandante en jefe de la guerra contra el terrorismo, él tenía “Unitary executive power”, poder ejecutivo unitario para pasar por encima de la voluntad del legislativo. Una teoría que los constitucionalistas ni siquiera consideran seriamente.

Y como si todo lo anterior fuera poco, una semana antes de que Kucinich presentara su proyecto, el Comité de Inteligencia del Senado expidió un reporte que concluye que tanto el Presidente, como el vicepresidente y otros altos funcionarios de la casa Blanca, exageraron los informes de que disponían y sobreestimaron la amenaza irakí para convencer a la opinión de la necesidad de atacar a ese país.

Ante esa avalancha de justificaciones, surgen al menos dos preguntas: una, por qué la presidenta del congreso, la demócrata Nancy Pelosi, ha dicho en varias oportunidades que no le interesa respaldar un ‘impeachment’ contra Bush, porque “tendría escasas posibilidades de tener éxito”, y sería una medida “divisiva” para el país. Y otra, por qué los propios demócratas fueron unánimes al votar para que el proyecto fuera virtualmente archivado.

Las escusas de Pelosi no resultado convincentes. No parece lógico que la poderosa presidenta del Congreso diga que el proyecto tendría escasas posibilidades de éxito, pues hoy su partido dispone de las mayorías en ambas cámaras. Ni que sostenga que es ‘divisivo’ si los ciudadanos le entregaron esas mayorías en noviembre de 2006 precisamente para que controlara al Presidente desde una perspectiva partidista. Ni si, además, las encuestas han demostrado consistentemente que la opinión pública está a favor del impeachment.

Por eso, para múltiples analistas independientes el partido demócrata está jugando un papel fariseo y el proyecto de Kucinich, (quien también votó por enviarlo a la gaveta de la comisión judicial) habria sido destinado a salvar las apariencias. La razón sería que no les conviene un proceso contra Bush que pondría en evidencia su propia complicidad con el Presidente, porque la gran mayoría de los demócratas cohonestó sus acciones. El mejor ejemplo es el caso de Irak, en el que inicialmente no quisieron quedarse del tren de la victoria fácil que les vendieron, y solo comenzaron a denunciar a Bush cuando el fracaso les estalló en la cara. Y lo peor, porque a su vez esa capacidad de denuncia solo les duró mientras eran minoría en el Congreso, pues Conyers y otros demócratas, que clamaban por el impeachment cuando estaba fuera de su alcance, cambiaron radicalmente de actitud cuando los votantes lo convirtieron en una posibilidad real en las elecciones congresionales.

No faltan quienes sostienen que se trata de una nueva manifestación de la realidad de que los partidos politicos en Estados Unidos son dos caras de una misma moneda y que se tapan con la misma cobija, pues no quieren poner en peligro la estabilidad de unas instituciones que, en el fondo, existen solo para mantener un status quo en el que la prioridad es proteger los intereses de las grandes corporaciones.

Estas interpretaciones extremistas son inevitables. Surgen ante la falta de transparencia con que los congresistas norteamericanos han actuado frente a Bush, que contrasta con la valiente actitud de la Corte Suprema de Justicia, que precisamente la misma semana pasada echó abajo el andamiaje seudo legal creado contra los prisioneros de su “guerra contra el terror”. Porque los congresistas no solo tienen el derecho, sino el mandato constitucional de acusar y condenar a un Presidente que ha cometido tal cantidad de abusos. De no hacerlo, la propia Constitución de los Estados Unidos, la pieza normativa más sólida del mundo, no sera más que letra muerta. Y habrá sido inútil en un caso de la mayor gravedad que la historia, ella sí, no perdonará.

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