Miércoles, 7 de diciembre de 2016

| 2007/08/29 00:00

El ejército de las causas perdidas

Más allá del fuego cruzado y de los varios conflictos absurdos que devastan al país, existe una guerra más interesante en Colombia: la lucha contra la pobreza.

El ejército de las causas perdidas

Dos tercios de la población mundial se encuentran bajo la línea de pobreza. Dos de cada tres habitantes del planeta están por fuera de la economía formal y tres mil millones de humanos no saben si tendrán algo para comer la próxima semana. Las tasas de pobreza son impresionantes. Cerca del 60 por ciento de los colombianos son pobres y aunque nuestra economía genera un Producto Interno Bruto de 8.600 dólares por persona, 27 millones de colombianos están lejos, en diferentes proporciones, de esa prosperidad.

Los héroes de que trata esta historia no están armados, no causan bajas ni firman autógrafos. Visten de civil, carecen de poder alguno y casi nadie les aplaude. Pero militan en el ejército que encara quizás la gesta más difícil del mundo: combatir la miseria y el atraso económico. Un conflicto de baja intensidad, con batallas lentas y de bajo perfil, que están todavía lejos de ganar. ¿Cuál es el balance de esta epopeya que ha costado tanto dinero y a veces luce, a los ojos de la opinión pública, como una causa perdida?

La lucha contra la pobreza en Colombia se halla en un paradójico escenario. Los recursos invertidos en ella son cada vez mayores, pero la pobreza, antes que reducirse, creció vertiginosamente en las últimas tres décadas. ¿Cómo puede explicarse que entre más dinero se aplica en actividades de promoción del desarrollo social y ayuda a los más necesitados, este país tiene cada día más gente bajo la línea necesidades básicas insatisfechas?

La explicación de los expertos consultados indica que, en términos generales, con los recursos provenientes de la cooperación internacional y la ayuda privada se ha sacado de la miseria a centenares de miles de colombianos en los últimos cincuenta años, pero la economía nacional no para de producir pobreza a cántaros, de tal modo que las heridas que se cubren por un lado, aparecen inclementes y más grandes por el otro, como en una epidemia.

La cooperación internacional, es decir, los convenios con países en mejores condiciones económicas que el nuestro, que deciden financiar programas sociales o tecnológicos en Colombia, comenzó a principios de los años sesenta. Es imposible medir cuánto dinero ha ingresado desde entonces al país por cuenta de proyectos bilaterales y multilaterales de cooperación, financiados por Alemania, Estados Unidos o la Comunidad Europea, entre otras naciones, pero se tienen al menos las cifras más recientes; el año pasado Colombia recibió 330 millones de dólares para proyectos de cooperación gubernamental, es decir, aquellos ejecutados por instituciones públicas y donados por gobiernos de Europa y Norteamérica principalmente. Supuso casi un diez por ciento más que durante el año 2005. Pero hay fuentes que probablemente aportan cifras superiores, como las empresas privadas a través de los programas de Responsabilidad Social Empresarial, tan de moda en nuestros días. No hay mediciones rigurosas de la magnitud de esta inversión, pero se sabe que en ciertas épocas de nuestra historia reciente, las fundaciones privadas de ayuda social llegaron a invertir el equivalente al 1 por ciento del PIB y al 5 por ciento del gasto público total del país.

Hay miles de ONG especializadas en acompañar técnicamente estas inversiones y canalizar hacia diferentes sectores sociales estos recursos; algunos creen que en el país existen más de cincuenta mil organizaciones de este tipo y sucesivos gobiernos han destinado personal y dependencias enteras a trabajar en este campo. Miles de profesionales y técnicos, nacionales y extranjeros, laboran en la promoción del desarrollo rural y urbano; y una enorme y rica experiencia ha sido acumulada en lo que se conoce como el “tercer sector” de la economía. Es un ejército de activistas cuya causa y razón de existir es la reducción de los pasmosos indicadores de pobreza que agobian al país.

¿De dónde provienen los recursos para financiar estas legiones de funcionarios públicos, organizaciones no gubernamentales y líderes comunitarios que dedican sus esfuerzos a mejorar la calidad de vida de la población más pobre? Las fuentes principales son, además de la cooperación internacional y de la Responsabilidad Social Empresarial, los canjes de deuda externa y las ONG europeas. En el caso de la cooperación internacional, los países que más invierten en Colombia en ayuda no reembolsable o “Ayuda Oficial al Desarrollo” – que es el término técnico para designar las donaciones – son en su orden: Estados Unidos (mediante el Plan Colombia fundamentalmente), la Unión Europea, Canadá, España, Alemania y Japón, según las cifras proporcionadas por la oficina de Acción Social de la presidencia de la República, entidad encargada de coordinar toda la ayuda internacional que recibe el país. La cooperación de Estados Unidos se triplicó entre 2001 y 2002 y es actualmente la mayor fuente de ayuda bilateral: 38% del total en 2005, con desembolsos por US$ 126.931.216. La cooperación europea representó en 2005 el 37,5 % del total.

Los departamentos con mayor inversión de Ayuda Oficial al Desarrollo son Antioquia (US$ 87,2 millones), Bolívar (US$ 76,9 millones) y Norte de Santander (US$ 64,4 millones); les siguen Santander (US$ 59,8 millones), Nariño (US$ 48,4 millones), Valle del Cauca (US$ 37 millones) y Cauca (US$ 30,5 millones); después viene un grupo de 17 departamentos que reciben ayudas entre US$ 6,1 millones y US$ 27,5 millones; y finalmente 7 departamento con ayudas inferiores a US$ 6,1 millones.

La influencia de Uribe

Durante la década de los noventa, la cooperación internacional se destinaba principalmente para programas de Desarrollo rural, Recursos naturales y energía, Planificación y gestión pública, Educación, y Empleo e industria urbana, según un estudio de la investigadora Juanita Henao, para el Cinep. Y se mantuvo más o menos así hasta la llegada del presidente Álvaro Uribe al poder. El gobierno actual, con su prioridad en el tema del conflicto armado, logró modificar la agenda de la cooperación internacional en favor de sus estrategias “pos conflicto”, de tal modo que en la actualidad, la ayuda recibida se invierte en Desarrollo alternativo (19 por ciento), Paz y desarrollo regional (15,6 por ciento), Derechos Humanos (11,9 por ciento) y modernización del Estado (4,4 por ciento). ¿Qué hay de malo con este cambio de prioridades? Que la inversión directa en programas de desarrollo social sostenible, es decir, comunidades en capacidad de salir de la miseria a través de producción, emprendimientos y desarrollo humano autogestionado es apenas del 13,2 por ciento en la actualidad. Lo demás - “Desarrollo alternativo”, “ Paz y desarrollo regional” y “Derechos Humanos”, que absorben la mayor parte de la ayuda foránea – son eufemismos para denominar a los programas de reinserción de combatientes y sustitución de cultivos ilícitos. Es decir, la plata se está gastando en curar las heridas de la guerra y no en promover directamente el desarrollo rural. Y no es que las heridas de la guerra no deban ser curadas, pero a juicio de los expertos, el país no saldrá de la pobreza si no se invierte directamente en los pobres, más que en los combatientes.

Este logro de la política internacional del gobierno no fue fácil. Europa, como se sabe, fue reacia a modificar su agenda en Colombia y fueron necesarias varias reuniones, en Londres y Cartagena, entre 2002 y 2003, para que el presidente Uribe lograra convencerles. Las ONG colombianas y europeas se opusieron a priorizar a los combatientes por encima de los campesinos pobres y de las víctimas, y la intención del presidente de canalizar estos recursos en favor de su estrategia de seguridad democrática pareció por momentos fracasada. Pero la ya legendaria habilidad de Álvaro Uribe y su equipo de trabajo se impuso por encima de los reclamos de las organizaciones gubernamentales, y finalmente la cooperación internacional – esto es, los gobiernos europeos – aceptaron respaldarlo. Países como Holanda e Inglaterra decidieron entregar todos sus fondos directamente al gobierno, y no ya a las organizaciones de la sociedad civil, como se hacía anteriormente. Alemania prácticamente se retiró de Colombia y Estados Unidos puso todos sus recursos en la canasta del Plan Colombia, una iniciativa gubernamental de apoyo socioeconómico a la estrategia militar del gobierno. De esta manera, aunque al país ingresan actualmente flujos de fondos ligeramente mayores que en el pasado, hay cada vez menos dinero para financiar programas de desarrollo social que beneficien directamente a la población más pobre.

Nuevas fuentes

El sector privado, a través de los programas de Responsabilidad Social Empresarial, también realiza un aporte notable en el flujo de fondos para la lucha contra la pobreza. Cada año, las empresas aportan 614 mil millones de pesos para acciones sociales, según la ANDI, mientras que las Cajas de Compensación familiar entregan anualmente contribuciones equivalentes al 1,39 por ciento del PIB colombiano. Estas cifras han llamado la atención de las ONG, de los movimientos sociales y de las organizaciones comunitarias, que se debaten en el eterno drama de la búsqueda de fondos para financiar sus planes. A nivel internacional, las fundaciones privadas tienen hoy un papel tan notable como el de las agencias de cooperación de los gobiernos de Europa y Norteamérica. Se destacan la Fundación Bill y Melinda Gates, que se echó a sus espaldas la financiación de la lucha contra el VIH, y la Fundación Moore, que apoya acciones ambientales de escala global. Estas fundaciones prefieren entregar sus recursos directamente a organizaciones no gubernamentales y centros de investigación en lugar de hacerlo a través de los gobiernos, como ocurre en el caso de las agencias oficiales de cooperación.

José Luis Gómez, director del Fondo para la Acción Ambiental y la Niñez, creado con recursos de un canje de deuda externa entre Colombia y Estados Unidos, cree que el “tercer sector” debe desarrollar una fuerte capacidad de negociación. “Nos cuesta negociar con el sector privado y nos cuesta establecer alianzas”, explica. El Fondo es en la actualidad una importante fuente de apoyo financiero a programas sociales y ha entregado recursos a 555 proyectos sociales en diversos lugares del país. En opinión de este experto, el impacto de las inversiones y esfuerzos en la lucha contra la pobreza será mayor si se desarrollan capacidades locales, se afronta adecuadamente la brecha tecnológica, se reducen los intermediarios y se incide en políticas públicas a nivel local. “No hay que esperar grandes leyes”, insiste.

Apalancar fondos para financiar el desarrollo social de las comunidades más pobres es una tarea difícil. El estado monopoliza la mayoría de los recursos provenientes de la cooperación internacional, y las empresas privadas aplican su inversión directamente a través de fundaciones propias, como la Fundación Carvajal o la Fundación Corona, para citar unos ejemplos exitosos. Las ONG encuentran ayuda en otras ONG internacionales y a veces en alianzas con instituciones públicas, como los ministerios o las alcaldías.

“Claramente, la vía es la cofinanciación”, opina Santiago Perry, director de la Corporación PBA, una institución que promueve el desarrollo rural sostenible en varias regiones del país. “Si tienes fondos internacionales, puedes apalancar fondos nacionales, para programas de mayor impacto”, explica. El costo de sus programas de investigación agrícola y de formación de agronegocios en manos de comunidades campesinas sobrepasa los fondos que la Corporación PBA dispone; pero una política de alianzas con centros de investigación, universidades e instituciones públicas y privadas, le permiten desplegar una reconocida acción social en la costa atlántica y en la región andina.

En medio del fuego

Combatir la pobreza no es una tarea cómoda. Las comunidades más pobres viven en las regiones más conflictivas del país. Llegar allí supone contar con el consentimiento de los grupos armados y exponerse a serios peligros. No pocos funcionarios de ONG y de instituciones públicas han sido secuestrados, amenazados o desterrados por la guerrilla y los paramilitares, generalmente poco tolerantes con las actividades de ayuda social.

Alonso Gutiérrez, ingeniero forestal que ha trabajado por catorce años en organizaciones ambientalistas colombianas, fue secuestrado por un grupo armado en 1999. Los guerrilleros observaban con desconfianza las reuniones de la ONG con los campesinos, en las que se planificaban actividades de protección de una cuenca. El grupo armado necesitó cinco meses para comprender el sentido positivo de estas actividades y la importancia de la educación ambiental que tenía lugar en la zona. ¿Por qué este profesional decidió seguir adelante con su oficio, después de una terrible y prolongada experiencia de secuestro? “Alguien tiene que hacer estas cosas. Si no existieran este tipo de programas las condiciones ambientales del país serían peores”, explica Gutiérrez. En realidad, se trata de una mística admirable que caracteriza a la mayoría de estos personajes. Afrontan peligros contra su propia vida, no tienen los mejores sueldos y casi nadie reconoce su labor, salvo las comunidades con las que trabajan. Diego Luna, un promotor de programas de atención a niños de la calle, fue atracado varias veces por los mismos menores de edad con los que intentaba hacer contacto para proponerles una nueva vida. Nunca se desanimó. Algunos funcionarios han pagado con el exilio su acercamiento a comunidades rurales en regiones de conflicto. Historias como esas existen por montones.

Nadie ha medido este gigantesco esfuerzo. No se ha estimado el monto total de recursos financieros y humanos invertidos en seis décadas de lucha contra la pobreza en el país. El crecimiento de los indicadores de pobreza podría resultar desalentador, pero los testimonios de familias y comunidades que sobreviven actualmente en mejores condiciones de vida, echa por tierra la crudeza de las estadísticas. Miles de colombianos anónimos dan testimonio del impacto de este trabajo, que despliegan con heroísmo legiones de activistas del desarrollo social. Tal vez algún día se medirán nítidamente los resultados.


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