El escándalo de la para-política llega a Casanare con la orden de captura a seis alcaldes

Que los vínculos entre paramilitares y políticos no es un problema exclusivo de la Costa Atlántica se sabe hace mucho tiempo. Que la justicia llegará hasta final, por lo menos en este caso, también se ha dicho muchas veces. Pero hasta esta semana no se había visto un solo político fuera de la Costa implicado oficialmente en el escándalo de la para-política. Este martes, un fiscal de la Unidad Nacional Anticorrupción dictó medida de aseguramiento contra seis alcaldes de Casanare por haber firmado un acuerdo con las Autodefensas Unidas del Casanare.

La medida por concierto para delinquir se da luego de que los seis mandatarios tuvieron que presentarse a la Fiscalía hace algunas semanas. En ese momento, el fiscal general, Mario Iguarán, comentó a los medios que las pruebas que tenía la Fiscalía evidenciaban “un compromiso con las autodefensas campesinas de Casanare, donde en época electoral estos les dan el aval”, a cambio del manejo del presupuesto y las contrataciones.

Y es que el ‘contrato’ de 14 puntos era bastante explícito. Establecía, entre otras cosas, que los alcaldes de de Tauramena, Aguazul, Maní, Villanueva, Monterrey y Sabanalarga, entregarían a los paramilitares el 50 por ciento del presupuesto de sus municipios y el 10 por ciento de los contratos para su población.

Para el momento en que se hizo el acuerdo, Leonel Roberto Torres, de Aguazul; Jorge Eliécer López, de Tauramena; Henry Montes, de Maní; Raúl Cabrera, de Villanueva, Aleyder Castañeda, de Monterrey, y Mauricio Esteban Chaparro, de Sabanalarga eran candidatos a las Alcaldías de sus departamentos. Los seis resultaron elegidos y desde 2003 manejaron cerca de 500.000 millones de pesos en regalías, provenientes de la exploración de petróleo en la región.

Pero la decisión de la Fiscalía no es definitiva. Para que las autoridades procedan a capturar a los alcaldes, es necesario que el gobernador del departamento, Whitman Herney Porras Pérez, los destituya del cargo. Además, este miércoles trascendió que la orden de destitución de los alcaldes se podría demorar entre dos y tres semanas, pues ellos pueden apelar la decisión. De ser así, el caso sólo empezaría a ser estudiado por un fiscal el lunes de pascua, y la rectificación o confirmación de la medida de aseguramiento podría tardar dos semanas.

Los mandatarios han insistido, como en todos los otros casos, en que firmaron el papel bajo presión. El alcalde de Villanueva, Raúl Cabrera, señaló que fue secuestrado y que presentó la denuncia cuatro meses después de su liberación. Sin embargo, declaraciones como las de Carlos Guzmán, alias ‘Salomón’, jefe político de los paras de ‘Martín Llanos’ en la región, dan a entender algo muy distinto. Según él, personajes como el alcalde de Aguazul, Leonel Torres, “pertenecía a la nómina” de las autodefensas. ‘Salomón’, quien se encuentra detenido, señaló, en una entrevista a La W Radio, que no sólo los paramilitares eran los que buscaban a los políticos para establecer alianzas, sino que en muchos casos fueron muchos los políticos quienes “hicieron fila” para pactar con ‘Martín Llanos’.