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| 4/14/2008 12:00:00 AM

El estado de cosas inconstitucional de la política

Hace ya casi 10 años, la Corte Constitucional para efectos de describir la situación en la que se encontraban los desplazados, y al corroborar que la violación a sus derechos era sistemática, acuñó entonces el término de “estado de cosas inconstitucional”. Concepto elocuente que se refiere no solamente a la falta de acción de determinada o determinadas agencias del Estado, sino a la vulneración constante de derechos que se presenta como consecuencia de fallas estructurales del Estado, es decir, la falla de muchos o todos los actores que entrecruzan responsabilidades en el funcionamiento de un sistema, ya sea por acción o por omisión.

Pues bien, yo diría que la política colombiana durante los últimos 20 o más años, se ha desarrollado en un contexto de estado de cosas inconstitucional, si es que se me permite la analogía. Me explico: La guerrilla se involucró en la política con candidatos que respondían a las órdenes de los comandantes en el monte, luego fue la mafia quién se involucró en las campañas y en todos los estamentos de la vida colombiana. Vinieron las bombas, las masacres, las amenazas y las ofertas de sometimiento a la justicia. Los corruptos y la impunidad que los suele acompañar han estado siempre ahí. Vinieron también los narcotraficantes y paramilitares con pactos secretos para presionar a los electores. Y durante este tiempo, no hubo ni Procuraduría, ni Fiscalía, ni Defensoría, ni Fuerza Pública ni Justicia que los defendiera. Por eso los mafiosos se apropiaron luego de los recursos públicos, especialmente en los municipios. Pero no solo ello.
 
El estado de cosas inconstitucional se consolidó con la compra y el trasteo de votos, el clientelismo, y nuevamente su impunidad. Los contratos inacabados y sus mordidas también garantizaron la permanencia ilegal de algunos en el poder político y nunca pasó nada. El político condenado era usualmente reemplazado por alguien de su banda o de su familia, que usualmente también terminó reelegido. El sistema electoral confuso, difuso y diluido en formalismos, no se modernizó ni se actualizó siquiera con la promulgación de la Constitución de 1991. La descentralización logró acentuar la exclusión y la tercera parte de los alcaldes elegidos popularmente tuvieron que gobernar desde la Capital del respectivo Departamento porque el Estado perdió también el control territorial.
 
La sociedad a su turno, pasmada o aburrida, como consecuencia de todo lo anterior, se somete, no participa, no protesta, no se levanta, es decir, no vota. Los partidos se desintegran y mimetizan en microempresas electorales que tienen la política como negocio. Todo esto y mucho más en menos de veinte años. Sólo ahora y gracias a la seguridad democrática se avanza en la recuperación del terreno perdido.

El Congreso, por supuesto tiene su cuota de responsabilidad en la actual crisis de legitimidad que tiene nuestra institucionalidad política. Pasó de agache durante muchos años, y teniendo graves falencias, no se reformó, ni compuso el rumbo, ni se responsabilizó por sus omisiones. Contribuyó a la pérdida de credibilidad.

Pero lo que es cierto es que esta crisis no se alivia simplemente con la reforma política que establece como único responsable al Congreso. Por buena que esta sea, ello no basta. El “estado de cosas inconstitucional” de la política colombiana no se resuelve con el castigo a los partidos y al Congreso, al igual que no se resuelve el problema del desplazamiento con la recuperación del territorio (por necesario que este resulte). Seguirán haciendo falta vías, centros de salud, escuelas e inversiones productivas, entre otras cosas.

Para salir de este estado de cosas inconstitucional hay que hacer muchos esfuerzos, pero sobre todo, desde una visión más integral. Esfuerzos que involucren al Congreso obviamente, pero también al Ejecutivo, a la Rama Judicial y a los organismos de control. A la ciudadanía, que tendrá que tomarse en serio la política y participar en ella, a los medios de comunicación y por supuesto al sector productivo. Hay que construir soluciones para el momento, pero sobre todo para que los hechos que ahora presenciamos no vuelvan a ocurrir.
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