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| 5/16/2007 12:00:00 AM

El etnocidio de los pueblos indígenas

En las últimas semanas han muerto al menos seis líderes indígenas en el país. Este panorama es común para estas comunidades, que el año pasado perdieron a 68 de sus miembros.

El gobernador indígena Rogelio Chamarra fue asesinado el pasado 4 de mayo en Buenaventura. Su muerte corresponde a la ola de violencia que no ha dejado de azotar al puerto marítimo desde hace meses. Sin embargo, el fin de Chamarra también muestra otra realidad: la vulnerabilidad de los grupos indígenas en medio del conflicto.

Chamarra murió de un disparo cuando salía de la sede de la Asociación de Cabildos Indígenas en el barrio Miraflores. Su presencia allí era frecuente pues como gobernador del Cabildo de la comunidad de Cocalito en Juan Chaco, Valle del Cauca, ese era uno de sus lugares de trabajo.

Sobre su muerte se ha tendido el manto de la duda, las versiones sobre el modo en el que ocurrieron los hechos son tan variadas que ni las autoridades se aventuran a dar un parte oficial. Hay quienes dicen que fueron un par de pistoleros los que lo atacaron, otros aseguran que fue una bala perdida y algunos señalan que no fueron dos sino un solo atacante quien cegó la vida al gobernador.

En Casanare, el pueblo I’wa vive una situación parecida . El cacique Álvaro Salón Archila murió el 23 de abril en circunstancias que están lejos de esclarecerse. Mientras las autoridades aseguran que cayó en un campo minado, los indígenas indican que es imposible pues el ejército domina hace años la región del resguardo Chaparral Barro Negro y por la zona no se han presentado incidentes por minas.

Por su parte, los A’wa de Ricaurte, Nariño vieron como en menos de dos semanas desaparecían 5 miembros de su comunidad a manos de las FARC. La racha comenzò el 25 de abril con la desaparición de Berta Marín Hernández, Promotora de Salud del resguardo, Zoraida Serafina Ortiz y Johana Yuliza Muñoz. Zoraida era la madre de Johana que tan solo tenía nueve años. Ellas cayeron en un campo minado pero sus otros dos compañeros de la comunidad que murieron el 30 de abril y 1 de mayo fueron asesinado, al parecer de modo selectivo.

Estas muertes se suman a las de 68 indígenas que perdieron la vida por el conflicto en 2006. A pesar de las denuncias y la claridad de los actores de los crímenes dentro de la comunidad indígena, las autoridades nacionales no se han apersonado del tema.

Por eso, no cabe duda que estas muertes también van rumbo a la impunidad, como los 2000 casos de violaciones de derechos humanos a los indígenas desde hace 10 años por la ONIC. “El año pasado le preguntamos a la fiscalía por estos casos y solo uno ha llegado a la última instancia en el proceso” contó Alirio Chingal, director de derechos humanos de la ONIC (Organización Indígena de Colombia).

Según las cifras que maneja ONIC, el Estado es responsable del 89 por ciento de los excesos contra los derechos humanos en sus comunidades, mientras que los paramilitares y las guerrillas apenas alcanzan a sumar el 6 por ciento de las infracciones. Ante este panorama, la preocupación es grande y los representantes indígenas exigen actitudes y decisiones claras por parte del gobierno, para parar de algún modo el río de sangre que lleva más de cinco siglos y parece de nunca acabar.
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