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El director de la Policía Nacional, general Jorge Daniel Castro, estrecha la mano del comandante de las Fuerzas Militares durante las exequias de los 10 policías que fallecieron en Jamundí.

Conflicto

El gobierno cuestiona al Ejército en el caso de Jamundí

El Presidente de la República ofreció mil millones de recompensa para las personas que ayuden a “desvirtuar cualquier penetración del narcotráfico en las acciones oficiales” en el Valle.

24 de mayo de 2006

La verdad sobre el asesinato de 10 policías y un informante en Jamundí (Valle) por parte de militares, cada vez se enreda más. Ya desapareció la hipótesis de que todo ocurrió por "fuego amigo". O por lo menos eso hacen pensar las declaraciones del presidente Álvaro Uribe y del vicepresidente Francisco Santos: el primero sospecha que hay una complicidad entre narcotraficantes y la fuerza pública en la zona. El segundo, advirtió que el Ejército tiene que responder por los hechos.

“En el día de hoy, cuando visitaba el departamento del Cauca y el departamento del Valle del Cauca, algunas personas serias me transmitieron hipótesis que me han causado preocupación, que por supuesto no puedo revelar (...) pero tan pronto conocí esas hipótesis, de inmediato levanté un teléfono y llamé al Fiscal General de la Nación y las puse en su conocimiento”, dijo Uribe, inmediatamente después de ofrecer mil millones de pesos para capturar en esa zona a “todo el narcotráfico que aún por allí merodea. Que no quede ninguna posibilidad de interferencia del narcotráfico en la acción de nuestra Fuerza Pública (...) que nos ayude a desvirtuar cualquier penetración del narcotráfico en las acciones oficiales”.

Quien controla el bajo mundo de Jamundí es el narcotraficante Diego Montoya, del Cartel del Norte del Valle. Lo hace a través de William García, alias 'El Indio', hermano de ‘Guacamayo’, quien fue capturado el año pasado en Bogotá. En la zona, la gente cree que el Ejército protegió una caleta de Montoya ubicada en una lujosa finca donde opera una casa de reposo psiquiátrico. La unidad antinarcóticos que murió había golpeado en el pasado las finanzas de Montoya en Buenaventura, y en una operación en febrero capturó a varios extraditables.

Es posible que esa sea la información que hizo que el Presidente dijera: “puede haber desastres militares, pero no puede haber actos que hagan perder la fe y que queden en la impunidad”. Esas fueron las palabras de Uribe antes de anunciar que será la Fiscalía y no la Justicia Penal Militar, la que investigará “totalmente” el caso Jamundí.

Esto se suma a las interpretaciones del vicepresidente Santos, quien en la mañana del miércoles, durante una entrevista en Caracol Radio, dijo que el Ejército tenía que responder por los hechos. “Todo me parece muy grave. Primero, porque fue a plena luz del día. Segundo, porque los señores iban identificados. Tercero, porque no fue Guaitarilla, en un lugar apartado, sino a 500 metros de una carretera principal. Cuarto, porque no quedó ni un sobreviviente. (El Ejército) debe aclarar el operativo que implicó semejante uso de la fuerza”.

Pero hay más: la evidente molestia por lo ocurrido del general Jorge Daniel Castro, director de la Policía Nacional y de su colega Oscar Naranjo, director de la Dijin, también deja mucho qué pensar. Minutos después de la rueda de prensa ofrecida en el Ministerio de Defensa en la noche del lunes para explicar lo de Jamundí, algunos periodistas vieron al general Castro discutiendo con el comandante del Ejército, el general Mario Montoya. Después de las exequias de sus hombres considerados unos de los mejores antinarcóticos de la Dijín, el general Castro dijo: “no permitiré aguas tibias en esta investigación”.

Para lograr mayor transparencia y celeridad en las investigaciones, la Procuraduría le pidió al Ejército mantener en su guarnición a los uniformados que dispararon contra la comisión policial que adelantaba en la zona una operación antinarcóticos. Además, le pidió al Ejército abstenerse de abrir una investigación disciplinaria en contra de los castrenses, ya que será el ente de control el que se encargará exclusivamente de dicha tarea.

¿Otro Guaitarilla?

Aunque en un principio, el general Naranjo dijo que esto no era otro Guaitarilla (cuando por un incidente de corrupción relacionado con narcotráfico murieron siete policías y cuatro civiles por cuenta de un grupo de militares (ver Recuadros)), todo parece indicar que sí lo es.

El Ejército dijo que los soldados habían sido alertados sobre un posible secuestro en un centro comercial de Jamundí, y habrían disparado contra los policías pensando que eran los secuestradores. “Como a las 6 de la tarde se escucharon movimientos raros, ellos bajaron hasta la curva y se encontraron con los policías. Los soldados me dicen que hubo un combate y que tampoco estaban emboscados (...)”, dijo el general Montoya poco tiempo después de ocurridos los hechos.

Sin embargo, esto es poco factible puesto que mientras todos los policías murieron, ningún militar resultó herido. Además, informes preliminares del CTI de la Fiscalía señalan que seis policías fueron hallados en una cuneta al lado de los carros y otros cuatro, unos metros adelante, junto a un árbol. Estos últimos, tenían disparos en el rostro y en las piernas, de una precisión propia de francotiradores. Son muy pocos los casos, en que, por ejemplo, han muerto diez guerrilleros en un solo operativo de esta manera sin que haya ninguna muerte del lado oficial.

Independiente de cuáles fueron las motivaciones de los soldados para disparar, este hecho demuestra nuevamente la falta de coordinación al interior de la Fuerza Pública. “Hay una tensión muy fuerte entre la necesidad de coordinarse entre las fuerzas y las fugas de información en operaciones contra el narcotráfico en el departamento”, dijo Sergio Jaramillo, director de la Fundación Ideas para la Paz.

Por ahora, como siempre, la última palabra la tiene el Fiscal General.