Domingo, 11 de diciembre de 2016

| 2006/12/06 00:00

El Gobierno reitera que el proceso de paz continúa con los paramilitares que no violen la ley

Mientras los paras recluidos en Itagüí insisten en que las conversaciones están rotas, el Jefe del Estado dijo que aquellos que violen la ley serán excluidos del proceso porque son “simples criminales”. La OEA mediará entre las partes para buscar un acercamiento.

El presidente Uribe en la Escuela de Policía General Santander. (Fotos: Fernando Guevara- AP)

Las partes en el proceso de paz tiene dos visiones diametralmente opuestas de la situación que se vive hoy en Colombia. De un lado, los jefes desmovilizados que se encuentran en la cárcel de Itagüí para quienes la situación es “tremendamente crítica”, “el proceso está roto” y “no hay nada qué hacer”. Y, en la otra orilla, la lectura que hace el Gobierno para quien el proceso “continúa”, el problema se reduce a unos cuantos sujetos que siguen violando la ley y a quienes sencillamente se les debe tratar como “criminales”.
 
En este escenario, la OEA mediará entre las partes para buscar un acercamiento.“Vamos a hacer lo que esté a nuestro alcance para mejorar la comunicación, y restablecer la confianza con los que estén dispuestos a hablar”, precisó el Veedor de este organismo multilateral para el proceso Sergio Caramagna. Por eso, el delegado está haciendo los contactos para viajar en el menor tiempo a Itagüí, donde los paras no dan su brazo a torcer.

Ernesto Báez, uno de los máximos comandantes de las desmovilizadas AUC, recluidos en este centro penitenciario, reiteró en las últimas horas desde su celda que el proceso se rompió y contó que a ellos se les había engañado.

Por su parte, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, en una ceremonia en la Escuela de Policía General Santander, en Bogotá, insistió que el proceso continúa pero que lo que no va a permitir es que aquellos que sigan violando la ley no les pase nada. “Queremos una Nación sin paramilitares. Aquellos que están en el proceso de paz y lo cumplan, se les respetará lo que la Ley de Justicia, Verdad y Reparación define que es la consagración jurídica del proceso. Los que insistan en sus actividades delictivas, serán combatidos por la Fuerza Pública con toda determinación". También advirtió que aquellos que tengan solicitud de extradición, serán enviados a Estados Unidos si no cumplen la ley.

Agregó que protegerá a aquellos desmovilizados y a sus familias que tengan amenazas. Y ante las versiones de que en la muerte de Danielito –un ex jefe para, mano derecha de ‘Don Berna’ y quien se encuentra desaparecido– participaron miembros de la Fuerza Pública, él mismo pidió una investigación y si es cierto se castigue a los responsables.

Ante la ratificación de Báez, el Comisionado de Paz intentó apagar el incendio y aseguró que el proceso continúa con la fase judicial que lleva la Fiscalía a través de las diligencias de versión libre que en los próximos días recibirá de los desmovilizados. En teoría, el primero será Salvatore Mancuso, hoy recluido en la cárcel de Itagüí con otros 58 ex paras.

Báez dijo que “después de hacer una revisión minuciosa y clara y muy consistente de lo que ha sido este largo y accidentado proceso de paz, le notificamos directamente al señor Comisionado de Paz que este proceso se termina”.

Los comandantes dicen que el punto de quiebre de esta crítica situación comenzó con el intempestivo traslado a esta prisión de máxima seguridad ordenada por el presidente Uribe. Para el Comisionado éste es sólo un mal rato del proceso como resultado lógico de una decisión gubernamental que no se consultó con ellos: el traslado desde el centro de reclusión de La Ceja -donde gozaban de todas las comodidades- a la cárcel de alta seguridad en Itagüí. “Este es el momento de la verdad y los jefes desmovilizados, libremente, pueden acudir a ella a través del sometimiento a la Ley de Justicia y Paz”, dijo Restrepo.

Por tal razón, Uribe modificó el artículo primero el decreto 2898 que reglamentaba la Ley de Justicia y Paz. Hasta ahora, los desmovilizados debían expresar ante los fiscales su acogimiento a la norma antes de sentar su versión libre. Con el nuevo decreto (el 4417 de 2006) "al iniciar la diligencia de versión libre serán interrogados por el fiscal delegado respectivo de unidad de Justicia y Paz de la Fiscalía General de la Nación acerca de su voluntad expresa de acogerse al procedimiento" y agrega que las actuaciones preliminares a la recepción de la versión libre se realizarán por el fiscal durante el plazo que se requiera.
 
De esta manera, se individualiza la ratificación para cada uno de los desmovilizados. “La Fiscalía ha enviado algunas citaciones para que ellos rindan su versión libre. Si no hay ratificación es mucho mejor, porque ya tienen que tomar la decisión de someterse o no a la Ley de Justicia y Paz”, aseguró el fiscal general Mario Iguarán sobre la decisión presidencial.

El enredo

Desde el viernes de la semana pasada cuando fueron recluidos en Itagüí, lo primero que exigieron fue la presencia del ministro Carlos Holguín y del comisionado Luis Carlos Restrepo. Para lograrlo, tensaron una cuerda que empezó con el rechazo a ingerir los alimentos que les daban en el penal a través de sus abogados y ya, al final, la amenaza de romper el proceso. Hasta las palabras de Báez.

El gobierno, al principio, se mostró inflexible y tomó el toro por los cuernos. Anunció el envío de un funcionario de menor rango –un viceministro– y dilató la presencia del Comisionado. Sin embargo, este miércoles Restrepo recibió la orden del presidente Uribe de trasladarse a Itagüí a conversar, en donde, según trascendió, no fue bien recibido.

El encuentro se prolongó durante unas tres horas, tiempo suficiente para que los ‘paras’ le dijeran al Comisionado que el traslado allí era una clara violación a los acuerdos pactados y además argumentaron que su presencia en La Ceja –como lo había dicho el mismo Restrepo– era voluntaria. Incluso a varios de ellos no se les ha probado judicialmente nada en contra por lo que se les debió abrir la puerta para que se marcharan como si nada. Aprovecharon para decirle entonces que se sentían engañados por el Presidente.

Los ‘paras’ temen que con su situación y creen que el gobierno tendió una cortina de humo para poder tapar el escándalo de la parapolítica que tiene a varios congresistas frente a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. “Me sorprende que una semana después de que nosotros dijimos que se debería crear una comisión de la verdad en la que nosotros íbamos a contar toda nuestra parte, se haya producido esta situación”, señaló el paramilitar Báez.

Sergio Caramagna, delegado de la OEA para el proceso con las AUC, no dudó en que esta “es una de las crisis más difíciles que atraviesa el proceso, pero lo más importante es no retroceder en el camino que se ha avanzado en el tema de la Ley de Justicia y Paz”. Por eso, dice él, hay que redoblar esfuerzos para buscar salvarlo. “Es hora de retomar algunas cosas, de hablar, y de replantear, incluso si fuera necesario, algunos de los procedimientos y mecanismos”, sentenció este viernes en diálogo con Caracol Radio. 

En la reunión en Itagüí, también estuvo el obispo de Montería, monseñor Jorge Luis Vidal, quien no difiere de Caramagna y confirmó que la reunión en la cárcel fue bastante franca, aunque muy difícil. “Ellos están heridos y se sienten traicionados por el gobierno”, puntualizó. El Gobierno, entre tanto, confía en que tiene el control de la situación y anunció este viernes que funcionarios de alto rango se trasladarán a todos los rincones del país para explicarles a los casi 40.000 desmovilizados los beneficios de continuar con el proceso.


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