Viernes, 20 de enero de 2017

| 2006/02/12 00:00

El holocausto del Palacio

Jorge Iván Cuervo analiza los hechos del Palacio donde murieron cinco profesores suyos de la Universidad Externado.

El holocausto del Palacio

Se cumplen 20 años del holocausto del Palacio de Justicia, un hecho de profunda significación en la historia de Colombia que marca el principio del declive de lo público en nuestro país.

Aún está pendiente el verdadero juicio de responsabilidades sobre lo ocurrido esos dos días de noviembre de 1985 cuando la justicia fue sacrificada por la sin razón revolucionaria y los excesos de la razón de Estado. Aún hoy, el principal problema de Colombia es que es una sociedad sin justicia, y la destrucción del Palacio es el símbolo más elocuente de esa tragedia nacional.

Para ese acto delirante, el M-19 encargó a algunos de los más degradados cuadros de su organización, tanto desde el punto de vista ético como político. Almarales, Otero, Jackin representaban no sólo la línea más dura sino la más deteriorada desde el punto de vista de la causa revolucionaria. La elección del Palacio como objetivo militar no sólo fue un error estratégico monumental, sino, por sobre todo, un error político que sus cuadros sobrevivientes -Navarro y Petro, que ahora dicen no tener ninguna responsabilidad porque no estaban en el país o no sabían- lo están pagando políticamente. Navarro jamás será Presidente de Colombia sólo por esta razón.

Recientemente se ha hablado de la influencia del narcotráfico sobre el M-19 para la toma del Palacio. Los indicios que se tienen son muy pobres y más parece una inducción ideológica para desviar el rumbo de las verdaderas responsabilidades. El hecho de que algunos familiares de magistrados desaparecidos hagan eco de esas denuncias no las hace más creíbles. De entrada podemos preguntarnos si con cuatro millones de dólares que supuestamente entregó Pablo Escobar al M para hacer la toma no se hubiera podido hacer una acción más exitosa y eficaz desde el punto de vista militar y no esta chambonada tan absurda. Lo de la quema de los expedientes es una tontería Para la época, ya existía tecnología de reconstrucción de los mismos y lo importante no era el papel. La única instancia que se ha pronunciado sobre el caso, el Tribunal Especial, señaló que no existían indicios de dineros del narcotráfico en esa acción.

Por el lado del Estado, hay elementos de juicio para sostener la hipótesis, según la cual, en la contra toma del Palacio de Justicia por parte del Ejército, se dio un golpe de Estado técnico. Puede sostenerse que durante la madrugada del 7 de noviembre el presidente Belisario Betancur se recluyó en sus aposentos desbordado por la situación -seguramente a leer poemas de Kavafis-  mientras el Consejo de Ministros bajo el liderazgo visible del Ministro de Gobierno Jaime Castro no pudo resistir la presión de la cúpula militar para una operación de tierra arrasada. Esa facción del gobierno sin Presidente dio vía libre para la operación, pero siempre tuvo control de la misma, como lo explica el hecho de haber suspendido las operaciones militares en las primeras horas de la madrugada del 7 de noviembre cuando pudieron salir varias personas, entre ellas, la Consejera de Estado Clara de Castro, esposa del Ministro de Gobierno.

Posteriormente, el Presidente fue informado de los resultados y él asumió la responsabilidad histórica. Haber salido a explicar que él era el único responsable de lo ocurrido allí -algo que debía resultar evidente a la luz de las competencias constitucionales- es un indicio es un indicio de que se vio en la necesidad de hacerlo para impedir una insurrección mayor. Explicación no pedida.

Como este país tiene memoria corta, se olvida que la Corte Suprema de Justicia de entonces había puesto en cintura a varios gobiernos, especialmente al de Turbay en la aplicación del Estatuto de Seguridad y había restringido de manera sustancial las facultades de la Fuerzas Armadas para combatir la delincuencia. La toma del M-19 fue la excusa perfecta para, en desarrollo de una operación legítima -pero llevada al margen del derecho de gentes como lo señaló en su oportunidad el procurador Carlos Jiménez Gómez- acabar literalmente con un poder judicial incómodo para el establecimiento.

En estos 20 años han pasado muchas cosas. Buenas y malas. La Constitución de 1991- que está siendo desmontada progresivamente-, el asesinato de Álvaro Gómez -del cual se conmemoran diez años sin que sepa nada-, el asesinato de otros candidatos presidenciales -Galán, Pizarro, Pardo-, la elección popular de alcaldes y gobernadores, seguimos en una guerra interna absurda, la pobreza y la desigualdad no ceden, el país se está paramilitarizando lenta y progresivamente, y la justicia sigue sin ser el valor esencial de la construcción de un nuevo pacto social.

Cinco de los magistrados asesinados eran mis profesores en la Universidad Externado y sin duda ese hecho marca para toda la vida, máxime cuando su legado de defensa del Estado de Derecho y de una sociedad más justa y equitativa se ha diluido entre la cultura del dinero fácil, la prevalencia de los poderes fácticos y la ausencia de una ética pública. A la justicia la quemaron hace 20 años y aún no han sido removidas sus cenizas.

jicuervo@cable.net.co

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