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| 4/10/2007 12:00:00 AM

El lento y persistente avance de la guerrilla y los ‘paras’ en Nariño

El periodista Santiago Cruz Hoyos recorrió este departamento en donde fue testigo de primera mano de la situación de violencia por la presencia de los grupos armados ilegales. Aunque los paramilitares anunciaron su desmovilización, allí continúan con su bélico accionar.

En el recorrido, por tierra, reina el silencio, la tranquilidad. También la belleza. Cuesta retirar los ojos de la ventana, cuesta distraerse ante la imponencia de esas montañas gigantes que son como guardianes del territorio. Hay verdes de todos los tonos imaginables. El recorrido hacia Nariño es majestuoso.

En la tierra del volcán Galeras, del Nudo de los Pastos, del Carnaval de blancos y negros, cuna del río Magdalena, Cauca y Patía, de sus gentes, blanco de mofas en los chistes del país, pero descomunales en hospitalidad y calidad humana; la guerra está acabando con la vida de muchos. Un drama contado en las voces de campesinos, indígenas y afrocolombianos. El conflicto armado y la violación de los derechos humanos se han tomado, en silencio, muchos de los municipios de Nariño como si fuera un cáncer fulminante.

En Nariño se vive un auténtico vía crucis que el país desconoce. Ya son varios los combates que se han registrado entre grupos armados, masacres y desplazamientos masivos que según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, Codhes, están relacionados con la disputa por el control de puertos clave para la comercialización de estupefacientes, armas y precursores químicos para la producción de droga en la región.

Y es que a pesar del proceso de desmovilización de paramilitares adelantado por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, en Nariño persiste la presencia de estos grupos y su restablecimiento como organizaciones criminales.

Según versiones de habitantes de Tumaco entregadas a SEMANA, el fenómeno del paramilitarismo se concentró con fuerza en la zona y es el gran causante de los desplazamientos y de la aniquilación de mucha de la población afrodescendiente. “A pesar de que dejaron las armas, muchos de estos grupos se están rearmando como bandas de sicariato”, aseguraron.
 
El olor de la madera 

Un importante líder comunitario y residente del municipio de Policarpa, ubicado a 93 kilómetros de Pasto y uno de los más violentos del país (en 2006 dobló el promedio nacional en cuanto a las tasas de homicidios en los municipios de Colombia), sostiene que es posible que los paramilitares se presenten en la región para controlar el territorio, “sobre todo, las zonas donde hay oro, madera, uranio y fuentes hídricas para establecer hidroeléctricas”.

Organizaciones como la ONU ya se han referido a la continuidad del fenómeno paramilitar a pesar del proceso de dejación de armas. El informe correspondiente a 2006 de la oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia advierte que “resulta de especial preocupación el hecho de que numerosos integrantes de los cuadros medios del paramilitarismo no se desmovilizaron o han vuelto a armarse y dirigen nuevos grupos armados ilegales que han ido surgiendo en distintas partes del país. Las características de éstos revelan una fuerte compenetración con el crimen organizado y el narcotráfico. Preocupa a la Alta Comisionada el hecho de que sigan en pie estructuras políticas y económicas creadas por paramilitares en varias entidades territoriales y diversos sectores sociales”.

De acuerdo con esta oficina, en el caso de Nariño los grupos paramilitares que están operando son la Organización Nueva Generación, (ONG), las Águilas Negras y Los Rastrojos, que ha puesto sus acciones al servicio de los carteles de la droga.

En Tumaco la situación es compleja. El asesinato selectivo de personas es cotidiano, y el blanco parecen ser los jóvenes entre los 14 y 24 años. “Los jóvenes en Tumaco parecieran una especie condenada a la extinción”, aseguran habitantes del municipio que pidieron mantener en reserva su identidad.

Según un informe presentado por el Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, los homicidios en Nariño se incrementaron en un 8 por ciento en el 2006 con respecto a 2005. Y de los 797 asesinatos que se perpetuaron, 219 fueron ejecutados en Tumaco, lo que representa el 27 por ciento del total de las víctimas, seguido por Pasto con 134 homicidios (17 por ciento).

Otra de las problemáticas de la región tiene que ver con el asesinato de los líderes que están trabajando por la comunidad. El caso más sonado fue el de la hermana Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social, y una de las más acérrimas defensoras de los derechos de las comunidades menos favorecidas, quien fue asesinada por sicarios mientras salía de su oficina el 19 de septiembre de 2001. Según las versiones de los medios de comunicación, la comunidad y entidades como Amnistía Internacional, la religiosa fue ultimada por grupos paramilitares y el crimen obligó a muchos de los líderes de Tumaco a refugiarse en otros municipios.

La Alta Comisionada de las Naciones Unidas denunció que miembros de la Organización Nueva Generación fueron señalados como autores de amenazas de muerte contra líderes sociales y sindicales. Uno de los casos se dio en la vereda La Guayacana, de Tumaco, el 9 de septiembre de 2006, donde los paramilitares amenazaron a un líder de la Asociación de Porcicultores de Calarcá, Asoporca. El hombre huyó de la región.

La vida y el territorio

El pueblo indígena Awá, asentado en los municipios de Tumaco, Barbacoas, Roberto Payán, Ricaurte y Samaniego, está en alto riesgo y hace parte de las víctimas que deja el conflicto en Nariño. Son cerca de 15.200 indígenas que hoy no pueden salir a recorrer en las noches sus resguardos, pues temen caer en algunas de las minas antipersonales que están instaladas en su zona, o hacer parte de la larga lista de desapariciones y asesinatos que se han perpetuado en su comarca por parte de los grupos armados.

“Hay un cambio total en nuestro territorio. Desde el año 2000 se vienen presentando violaciones a los derechos de las comunidades indígenas por los grupos armados ilegales que cruzan la región, y también por parte del Ejército”, denunciaron a Semana dos de los miembros del pueblo Awá, quienes piden la reserva de sus nombres.

En el caso de las minas antipersonales, en el departamento se presentaron 13 víctimas durante el primer semestre de 2006, según el informe ‘Empeora la situación humanitaria y se intensifica el conflicto armado en el departamento de Nariño’, de Codhes. En 2005 las víctimas llegaron a 20. “Esta situación se ha presentado en el municipio de los Andes Sotomayor, donde se han reportado aproximadamente 15 personas afectadas por estos artefactos y otras tantas que han visto como muere su ganado y animales domésticos. Según información de la Campaña contra Minas, estas son: María del Socorro Benavides 56 años, Miguel Ángel Rojas 25 años, Segundo Rojas 31 años, José Alirio Caratar 25 años, José Reinci Caratar 21 años y José Luis Oviedo ,11 años”, asegura el documento.

Lluvia de balas

Los hombres Awá, de voz pausada, profundos silencios y respuestas meditadas, han visto cómo los principales líderes y gobernadores de su comunidad han caído asesinados por la balas.

Desde el 9 de marzo de 2006, por ejemplo, después de un enfrentamiento entre el Ejército y la guerrilla, se encuentra desaparecido el dirigente indígena Erminsul Pascuala. Dos años atrás, un 24 de octubre, desapareció el líder Efrén Pascal, sin que hasta hoy se tengan noticias de su suerte.

A ellos se les suman el asesinato, el 27 de abril de 2006, de Manuel Arturo García, ex gobernador del resguardo Pialapi Pueblo Viejo, en el municipio de Ricaurte; el secuestro del gobernador Hernando García, de la comunidad el Alto Nununaldi y el asesinato de Germán Erráis Guango, que según el informe de Codhes, fue asesinado por el Ejército en desarrollo de la operación contrainsurgente ‘Gladiador’. “El cuerpo presentaba heridas con arma de fuego, arma cortopunzante y arma contundente, según consta en el protocolo de necropsia efectuada el 18 de junio por Medicina Legal. Sin embargo, el Ejército reportó la muerte del civil como un error debido a las condiciones climáticas, la geografía del terreno y el nerviosismo propio de un operativo como este”, reza el informe.

Los escudos

Además de las minas antipersona y el asesinato y desaparición de sus líderes, los indígenas Awá han visto cómo, en medio de los enfrentamientos entre los grupos armados, sus resguardos se utilizan como escudos. Cuentan que en los combates entre las Farc y el ELN han utilizado sus casas para protegerse de las balas. Incluso, han entrado al interior de ellas para disparar. Que hay familias que después de estos combates, prefieren desplazarse hacia otros resguardos para buscar seguridad. Que esos desplazamientos internos afectan a los indígenas porque al irse a otras comunidades ya no tienen el alimento suficiente para subsistir, porque en sus fincas lo tienen todo.

Raúl Vallejos, defensor del Pueblo de Nariño, sostiene que estos desplazamientos entre veredas no son registrados, por lo que la cifra de 55.000 personas desplazadas que según Acción Social se encuentran en esta condición en Nariño, podría ser mucho mayor. “Esto sucede porque los desplazados no siempre tienen el deseo de registrarse, pues sienten miedo de ser estigmatizados, y en otros casos no lo hacen por escepticismo ante lo que pueden lograr. Los desplazamientos intraveredales a veces son temporales, y son casos menos visibles ante las instituciones del Estado”.

Las denuncias de los Awá continúan. Hablan. “Las fumigaciones en Tumaco y en Barbacoas han afectado mucho. Estas fumigaciones con glifosato han acabado todos los productos alimentarios sembrados por las comunidades indígenas, los bosques, y perjudican la salud de los animales. El glifosato acaba con las plantas silvestres que hay en las montañas, y los animales, que se alimentan de ellas, se ven obligados a desplazarse hacia otros lugares, mientras nosotros nos quedamos sin qué cazar. Los ríos también han sido contaminados, los peces se mueren, y nosotros también nos mantenemos de la pesca. Ahí viene la pobreza, la desnutrición, el hambre, las enfermedades, los abortos, y las muertes de niños y adultos intoxicados con la fumigación”.

Sus jóvenes, desde los 15 años en adelante, son reclutados a los grupos armados. “En fiestas se los llevan a tomar cerveza, y cuando están bien mareados, les dicen que en la guerrilla van a tener estudio, armas, muchachas. Que hay plata. Que no hay peligro. Muchos de nuestros jóvenes, borrachos por las cervezas, se anotan en una lista para ser reclutados. Al otro día, sobrios, se arrepienten, pero al haberse anotado se los llevan a la fuerza”.

En palabras del Defensor del Pueblo, además de este hecho, que se ha comprobado por la Defensoría, se da que ante la falta de oportunidades para la realización personal de los jóvenes indígenas, muchos muchachos deciden irse para los grupos armados ilegales como una opción de vida. “En el fondo también es un reclutamiento forzado debido a la falta de oportunidades”, dice el funcionario.

La responsabilidad del Estado

El Ejército Nacional también tiene su responsabilidad en esta historia de dolor y sufrimiento. Los líderes Awá aseguran que se han dado retenciones irregulares de indígenas, que incluso, son uniformados para presentarlos como guerrilleros capturados. Otra de las graves denuncias tienen que ver con el irrespeto a las autoridades nativas (para algunos miembros del Ejército el bastón de mando de los gobernadores es un simple ‘palo’) y con la ocupación irregular de sus resguardos.

Un hecho que se da en el nivel nacional y que fue denunciado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia el año pasado. “La Defensoría del Pueblo registró un incremento de quejas de violaciones de derechos humanos atribuidas a miembros de la Fuerza Pública, particularmente del Ejército y de la Policía. Esta situación afectó en especial a miembros de comunidades indígenas y afrocolombianas, líderes sociales, defensores de derechos humanos, campesinos, mujeres, niños y niñas, sindicalistas, periodistas, y personas desplazadas. Persisten también altos índices de impunidad”.

El mensaje del pueblo Awá es claro. “Que nos respeten el territorio y la vida”. No están ni a favor ni en contra de ningún grupo armado. Su sueño es recuperar la libertad para vivir. Ese es el anhelo.

Otros hechos

Tomas a pueblos y puestos de policía en los municipios de Ricaurte, Los Andes y Barbacoas, donde se ha visto perjudicada la población civil; ataques a bienes protegidos de la comunidad como escuelas y centros de salud; bloqueos a poblaciones, retenes ilegales, fumigaciones de cultivos lícitos, necesidades básicas insatisfechas y desplazamientos masivos como el ocurrido esta semana en El Charco, donde seis mil personas se desplazaron hacia el casco urbano del municipio por los enfrentamientos entre las Farc, EL ELN y el Ejército, hacen parte del agrio panorama de los derechos humanos en Nariño.

Ante esta situación, organismos como la del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Acnur, y la Pastoral Social, vienen trabajando arduamente en el tema de la situación humanitaria y el fenómeno del desplazamiento en el departamento.

Con el pueblo indígena Awá, por ejemplo, Acnur inició un proceso que tiene como objetivo el fortalecimiento de la autonomía y el control territorial. Aquí, las herramientas principales para cumplir con la meta son la formación y capacitación del pueblo Awá en temáticas como la legislación indígena, derechos humanos, relaciones interétnicas, entre otras.

Además, Acnur dedica recursos para la implementación de proyectos de infraestructura en áreas de riesgo y le apuesta con decisión al fortalecimiento y organización de los desplazados. En Nariño, 10 municipios y 42 asociaciones que defienden los derechos de la población desarraigada en Colombia han conformado, desde 2004, la Mesa Departamental de Población Desplazada, que representa a la gran mayoría de personas sin tierra en el Departamento. Este movimiento fue incluido por la Corte Constitucional en la lista de cuatro organizaciones a nivel nacional encargadas de realizar seguimiento a las políticas públicas de desplazamiento, en especial el cumplimiento de la sentencia T – 025.

...Y los alimentos

Pero además de la labor de estas organizaciones, en Nariño se hace necesario la intervención del Estado con proyectos productivos y la restitución de cultivos ilícitos. En Policarpa, por ejemplo, los cultivos lícitos fueron fumigados, comprometiendo la seguridad alimentaria de la población. Un hecho que también es denunciado por comunidades afro e indígenas.

La situación y el estado de los derechos humanos en Nariño es un asunto complejo. La Alta Comisionada de las Naciones Unidas denunció en su informe de 2006 que en los municipios Cumbitara y Policarpa, el 17 de abril, los enfrentamientos entre el Ejército y las Farc-EP provocaron un desplazamiento masivo de 1.455 afrodescendientes. En Ricaurte, el 12 de julio, por efecto de combates librados entre guerrilleros y militares a cargo del operativo ‘Júpiter II’, se desplazaron 1.816 indígenas Awás.

También se denunció que integrantes del nuevo grupo autodenominado Autodefensas Campesinas-Organización Nueva Generación (AC ONG), cometieron masacres en contra de civiles. En Policarpa, entre el 25 y 26 de mayo, dieron muerte a 11 campesinos que volvían de Remolinos después de haber participado en la protesta social, y la masacre de nueve campesinos raspachines, en Olaya Herrera (Nariño), ocurrida el 9 de junio. Lo preocupante, es que en la opinión de las comunidades y funcionarios de entidades como la Defensoría del Pueblo, la situación tiende a agravarse. El Estado tiene la obligación de intervenir.

La cifra final

En el último mes cerca de 6.000 personas se han desplazado del municipio del Charco, en Nariño, debido a los continuos enfrentamientos entre el Ejército, las Farc y el ELN. Y en lo corrido de 2007, según Codhes, más de 1.600 familias se han visto obligadas a huir del departamento.

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