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| 3/7/2003 12:00:00 AM

¿El mejor oficio del mundo?

La libertad de prensa en Colombia está reducida a su mínima expresión. A diario los periodistas son amenazados de muerte por informar, otro tanto salen al exilio y, a lo largo de 2002, fueron asesinados 13. El Tratado de Chapultepec, firmado esta semana por el presidente Alvaro Uribe, es un acercamiento a que esta situación cambie. Pero no es fácil, han sido varios años de abandono del Estado a sus periodistas, varios de impunidad y varios de miedo al informar.

Alguna vez Gabriel García Márquez escribió que "el periodismo es el mejor oficio del mundo". Si él se atreviera a afirmarlo hoy, diría que el periodismo sí es el mejor oficio del mundo; pero si el periodista no es colombiano y no se debe enfrentar a las consecuencias de serlo.

Con la reciente visita de la delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) a Colombia, este peligro rampante en el que viven los periodistas volvió a cobrar importancia, sobre todo cuando Alvaro Uribe firmó el Acuerdo de Chapultepec, con el que se compromete a darles todas las garantías y facilidades a los medios de comunicación para que informen libremente, hecho que vuelve a traer al panorama la grave situación por la que pasa la libertad de prensa en Colombia. El año pasado fueron asesinados 13 periodistas, seis de ellos de radio regionales; 114 han muerto durante los últimos 15 años, lo que pone de manifiesto la desprotección y olvido del que son víctima las zonas afectadas por el conflicto armado.

"Reconocemos que la mayor violencia viene de fuentes no gubernamentales, es decir, de guerrilla y paramilitares", les dijo a los medios Alberto Ibargüen, presidente del diario estadounidense 'The Miami Herald' y responsable de la delegación. También precisó que, a pesar de ello, "ninguno de los autores intelectuales ni de los criminales ha sido procesado". Por lo tanto, combatir la impunidad y quitarles la autoridad a los grupos armados, son las misiones que debe emprender el gobierno para defender la libertad de prensa.

Casi a diario salen informes de decenas de organizaciones mundiales defensoras de la libertad de prensa que muestran lo lejos que está el gobierno de proteger a sus periodistas de los efectos del conflicto armado. La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), en su informe reportó que en Colombia se presentaron el 6 por ciento de las violaciones a la libertad de prensa ocurridas en todo el mundo, cifra que demuestra la situación actual.

En zonas como Arauca y Caquetá, la libertad de prensa está reducida a su mínima expresión. Allí los grupos armados tienen total libertad para ejercer su poder frente a los desprotegidos informadores, que no cuentan con respaldo alguno, ni del Estado, ni de los oyentes -ellos están bastante ocupados protegiéndose a sí mismos-, ni de los directivos de las emisoras grandes a las que estas pequeñas pertenecen. Por ello, ahora la producción de información en muchas emisoras se reduce a transmitir música, a anunciar los cumpleaños de los habitantes de la región o a leer los titulares del periódico. Problema serio a la hora de informar y de ser informados.

Tampoco informan sobre el secuestro, amenaza o asesinato de un colega, para no ser una vitrina de las acciones crueles de esos grupos que han visto en coartar el derecho a la información un vehículo efectivo para la consecución de sus fines o simplemente por miedo a transmitir información que vaya a molestar a los autores del crimen. Por ello, muchas personas ignoran el estado de gravedad de la situación, así como los nombres de los que han muerto por informar.

Pero, contrario a lo que podría pensarse, no es solamente el conflicto armado el culpable de esta situación. El periodista Ignacio Gómez, en el informe de la Flip reconoce tres factores que han afectado el ejercicio periodístico: la violencia que se desprende del conflicto armado, la crisis económica que ha llevado al cierre de muchos medios, la disminución de la cantidad de información circulante y la acción de los corruptos. El periodista hace bastante énfasis en ésta última, teniendo en cuenta los resultados de las investigaciones de la subunidad de la Fiscalía encargada de determinar los culpables de los asesinatos contra informadores, dicen que los asesinatos de Yesid Marulanda en Cali, Alvaro Alonso Escobar en Magdalena, Orlando Sierra en Caldas y José Duviel Vásquez en Caquetá, pueden estar relacionados con denuncias sobre corrupción, las cuales pudieron haber firmado su sentencia de muerte.

Este último, el de Vásquez, es tal vez uno de los casos más representativos en cuanto al éxito de los criminales al silenciar una de las voces más importantes y más escuchadas del Caquetá y en cuanto al bajo desempeño de los investigadores que hicieron caso omiso a las denuncias en contra de una de las personas más influyentes de la región.

Vásquez fue asesinado el 5 de julio de 2001, era director de la emisora 'La Voz de la Selva', afiliada a Caracol Radio. Había denunciado corrupción por parte de autoridades locales como la alcaldesa de Florencia, Lucrecia Murcia, algunos concejales y el gobernador del departamento, Pablo Adriano Muñoz, a quien acusó de supuesta malversación de fondos. Según una investigación adelantada por la SIP, Muñoz era el mayor sospechoso. Vásquez también había asumido el cargo de director de la emisora después del asesinato de Alfredo Abad, muerto en condiciones similares. Estas siguen siendo, después de casi dos años de su muerte, las hipótesis más fuertes que sostienen los investigadores.

Según el estudio realizado por la SIP acerca del asesinato del periodista, Omar Orlando García, quien lo acompañaba en el momento de su asesinato y quien tuvo que salir del país por amenazas contra su vida, aseguró que "la redacción de la radio también estaba investigando acerca de la responsabilidad del gobernador de Caquetá, Pablo Adriano Muñoz, en la posible malversación de fondos y denunciaba las importantes sumas que pagaba para garantizar su seguridad. Posteriormente un conflicto enfrentó al periodista con el gobernador".

Los investigadores de esta organización reunieron otros testimonios similares en los que se ponía de manifiesto el poco entendimiento entre el periodista y el gobernador. Incluso Vásquez había denunciado a Muñoz por calumnia e injuria después de que este último le acusara de poner en peligro su vida con sus repetidas críticas.

Tras la muerte de Vásquez, ningún otro periodista de la región se atreve a criticar al gobernador.

Según el informe de la SIP, ni las investigaciones de la organización, ni los testimonios de los testigos, sirvieron para que las autoridades, y en especial la subunidad de investigación de la Fiscalía investigaran a fondo la conexión de Muñoz con la muerte del periodista, uno de los más importantes de Caquetá. Lo único que se logró fue que los demás trabajadores de medios de la región sintieran cada vez más miedo a la hora de informar y le negaran un espacio a la divulgación de hechos sobre orden público y política en ese departamento. La autorregulación y autocensura se convirtió en el chaleco antibalas del periodismo.

Allí radica la importancia del asesinato de Vásquez, porque después de tres muertes casi seguidas en la misma emisora (meses antes fueron asesinados los periodistas Alfredo Abad y Guillermo Agudelo), los periodistas se dieron cuenta de que los delincuentes estaban hablando en serio y que si no se autorregulaban, podían terminar de la misma manera, lo que marcó una seria diferencia a la hora de hacer periodismo en una región con graves problemas de orden público. Aunque su muerte se registró hace más de un año, las consecuencias de su desaparición se siguen sintiendo.

Esto no significa que las otras 113 muertes de periodistas registradas en los últimos 15 años, según la SIP, no sean importantes, pues gracias a la impunidad del 97 por ciento que denuncia la organización, además de la amenaza latente, cada vez se informa en una atmósfera de miedo más grande y mejor sustentada.

Por todo este contexto, el compromiso del gobierno es grande y complicado al firmar el Tratado de Chapultepec, ya que, según lo establece el convenio, "el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, coartan seriamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad".

Y, aunque se han adelantado un par de esfuerzos para lograr este control del problema, no han sido suficientes y mucho menos efectivos, porque la lentitud y la falta de resultados han caracterizado las investigaciones relacionadas con los periodistas, incluso después de crear a finales del 2001 la Subunidad de Investigación de Crímenes contra Periodistas de la Fiscalía. Gracias a ésta, se han procesado los autores materiales de algunos casos, cuya responsabilidad es cuestionada por muchos; pero sólo un autor material. Carlos Castaño, jefe de las Autodefensas fue acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Jaime Garzón. "Es muy difícil establecer un actor intelectual, el fiscal no se puede arriesgar a acusar a alguien de ser autor intelectual de un asesinato sin tener todas las pruebas que lo incriminen", explicó Carolina Sánchez, jefe de prensa de la Fiscalía.

Por ello numerosas organizaciones, incluyendo la SIP, le han pedido al gobierno colombiano que se interese por esclarecer los crímenes. Robert Ménard, secretario de la organización francesa Reporteros sin Fronteras (RSF) reconoció la importancia de emprender acciones con el fin de obtener resultados, "es imperativo que los responsables de los crímenes sean identificados y juzgados", señaló en su informe anual del año pasado.

Por su parte Prensa Libre asegura que "la justicia colombiana trabaja a tres velocidades, lento, más lento y estancado. En los casos en que se ha detenido a los autores materiales, no se conocen los intelectuales". Por ello la organización le pide al gobierno reabrir la investigación del 75 por ciento de los casos de periodistas asesinados en los últimos 20 años, debido a que en la mayoría de éstos ha habido errores de procedimiento.

Cualquiera diría que una nueva etapa del periodismo en medio del conflicto se ha iniciado después de la firma del compromiso. Sin embargo son muchos años de impunidad, censura y muertes, que, así como todos los propósitos impuestos por Uribe para su mandato, representan una gran dificultad. Lo único que pueden hacer las organizaciones como la SIP es denunciar que Colombia es el lugar más peligroso de Occidente para ejercer el periodismo, es del gobierno la responsabilidad de hacer que la historia cambie y los periodistas dejen de sentir miedo y puedan ejercer su deber y derecho de informar. ¿Será que súper Uribe lo logrará?



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